«El proyecto de ley es incompatible con las obligaciones de derechos humanos de México, en particular el derecho a consentir o rechazar el tratamiento, que es un aspecto fundamental del derecho a la salud», señaló Carlos Ríos Espinoza de Human Rihgts Watch.
Ciudad de México, 18 de octubre (SinEmbargo).- La organización Human Rights Watch informó que el proyecto de Ley nacional de Salud Mental que evalúa la Comisión de Salud Mental y Drogas de la Cámara de Diputados podría atentar contra los derechos de las personas con discapacidad.
Este lunes Human Rights Watch envió una carta a la comisión en la que pedía rechazar el proyecto de ley actual y redirigir la propuesta con un enfoque en derechos humanos en el que se incluyeran expertos y organizaciones de personas con discapacidad para reflejar así los verdaderos intereses de este grupo, además de garantizar el derecho a la salud mental para todos en el país.
Carlos Ríos Espinosa, investigador y abogado de la división de derechos de las personas con discapacidad de Human Rights Watch, explicó que el enfoque del proyecto de ley no es el adecuado ya que se centra en el tratamiento médico coercitivo en lugar del consentimiento.
«El proyecto de ley es incompatible con las obligaciones de derechos humanos de México, en particular el derecho a consentir o rechazar el tratamiento, que es un aspecto fundamental del derecho a la salud», señaló Ríos Espinoza.
La propuesta de ley permite internar a los enfermos aún si su consentimiento por ser diagnosticadas con alguna discapacidad por lo que la ONU ha manifestado su intención de terminar con los tratamientos forzados y las medidas no consentidas, como el ingreso a hospitales psiquiátricos.
Según Human Rights Watch el proyecto de ley permite el uso de medidas físicas que podrían usarse como tortura o tratos degradantes e inhumanos.
La organización recomienda apegarse a las recomendaciones del Comité de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), del cuál firmó le tratado en el 2007, para eliminar los puntos en los que se ordena tratamiento médico y psiquiátrico en un internado y buscar otras alternativas de solución, y la detención por motivos de discapacidad.
«Es encomiable que la comisión dedique tiempo y esfuerzo a mejorar el derecho a la salud de todos los mexicanos, pero lo más importante es que lo hagan bien», aseguró Ríos Espinosa.
