En el marco del diálogo «La Eutanasia en el mundo: derecho a la muerte digna», organizado por la UNAM y el Colegio Nacional, Diego Valadés, investigador del IIJ, señaló que según el desarrollo demográfico y el envejecimiento de la población mundial previsto para este siglo, es previsible que el tema se plantee con características diferentes a las que se han visto hasta ahora.
Ciudad de México, 17 de octubre (Xinhua).- El 68,3 por ciento de los mexicanos considera que un paciente en fase terminal y dolorosa debería tener la opción de adelantar su muerte, según la Encuesta Nacional sobre Muerte Digna, informó hoy la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
«La eutanasia es un asunto polémico, muy discutido y aún rezagado en su desarrollo jurídico en el mundo; apenas un puñado de países, que no llega a 10, la han regulado», coincidieron expertos del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.
Ante el tema, existe un rechazo que procede de múltiples causas, y sus principales obstáculos se encuentran en las iglesias y las religiones.
En el marco del diálogo «La Eutanasia en el mundo: derecho a la muerte digna», organizado por la UNAM y el Colegio Nacional, Diego Valadés, investigador del IIJ, señaló que según el desarrollo demográfico y el envejecimiento de la población mundial previsto para este siglo, es previsible que el tema se plantee con características diferentes a las que se han visto hasta ahora.
La laicidad del Estado, dijo el integrante del Colegio Nacional, se encuentra todavía en proceso de construcción en todo el planeta.
«En 2013 tuvimos una reforma constitucional para establecer la naturaleza laica del Estado mexicano, hemos dado pasos a ‘retazos'», afirmó Valadés.
«Pero no se trata de prescindir de conceptos de naturaleza religiosa, sino de partir de la idea de que las decisiones que se toman con fundamento en convicciones personales, no tienen por qué aplicarse de manera general a quienes tienen otra forma de pensar», expresó el investigador.
Sergio García Ramírez, del IIJ, resaltó que en este tema entran en escena los derechos a la protección de la vida y de morir con dignidad, pero de manera efectiva, activa, no apenas expectante y consoladora frente a condiciones de sufrimiento extremo, equiparables a la tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Los tribunales deben ser quienes se pronuncien acerca de la controversia o litigio que pueda suscitarse, pero no solo por razones de benevolencia, sino de estricta y radical justicia. En el futuro se vislumbra una mayor apertura y liberalización, opinó.
En la mesa redonda, efectuada en el aula de seminarios Guillermo Floris Margadant del IIJ, también participaron Rodolfo Vázquez, del Instituto Tecnológico Autónomo de México, y Julio César Ortiz, de la Universidad Externado, de Colombia.