Desde Huexca, Morelos, la integrante de la resistencia Teresa Castellanos acusó que en vez de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador les dé noticias sobre los asesinos del opositor al Proyecto Integral Morelos, Samir Flores, nos sale con que «echará a andar la termoeléctrica», a pesar de que hay amparos y suspensiones sin resolverse.
Ciudad de México, 18 de septiembre (SinEmbargo).– El martes por la madrugada pobladores de Cuautla, Morelos, vieron cómo se trasladaba maquinaria para terminar el acueducto del Proyecto Integral Morelos. Adentro de la planta tratadora, notaron tubería. Un día antes, en el campamento en Apatlaco, Puebla, instalado contra la termoeléctrica hace cuatro años, una camioneta de la Comisión Nacional de Agua (Conagua) hizo rondines y la semana pasada se escucharon balazos.
El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala acusó que el Gobierno federal planea concluir este proyecto en diciembre a pesar de que la mayoría de los amparos y suspensiones siguen abiertos por la falta de consulta indígena, protección al agua de los ejidos de Ayala (1180/2019 y 162/2020), el gasoducto sobre las tierras del ejido de Amilcingo (1185/2019) y contra la descarga de contaminantes en el río Cuautla que reclama la comunidad de Huexca (1823/2014) .
Ante ello, este jueves su defensa legal interpuso cuatro incidentes de violación a las suspensiones de amparo contra el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Barttlet Díaz y la directora de la Conagua, Blanca Jiménez Cisneros, recurso contemplado en la Ley de Amparo. Si se demuestra que no cumplen con la suspensión, como es el caso, el Juez de Distrito les requerirá que en 24 horas rectifiquen su actuar o, de lo contrario, se dará vista al Ministerio Público sobre el delito de incumplimiento de suspensión, lo que amerita una pena de tres a nueve años de prisión.
«Andrés Manuel está echando muchísima mentira para echar a andar este proyecto, porque los amparos ahí están [16 activos y seis suspensiones] y algunos ya son definitivos como el que prohibe que el agua tratada de la termoeléctrica se tire al río Cuautla o que el gasoducto no pase por tierra ejidal de Amilcingo. Estamos esperando que la CFE quite la tubería en Amilcingo y la que va hacia el río. Pero no han quitado nada. Se queda en lo que dice un juez porque hacen caso omiso», dijo Teresa Castellanos, una habitante de Huexca e integrante del comité de resistencia, quien recordó que son una zona volcánica y la termoeléctrica –instalada a menos de 500 metros de poblaciones y escuelas– genera contaminación sonora mayor a la permitida. «Cómo es posible que siendo el Presidente no sepa, o se hace que no sabe, que hay resistencia de comunidades, a las cuales no ha volteado a ver. Defendemos nuestra forma de vivir, el agua y ambiente que todavía tenemos. Somos todavía campo».
El Proyecto de 20 mil millones de pesos se planeó en 2010 e inició en 2012 sin informarles ni preguntarles. Consiste en la construcción de la central termoeléctrica con gas natural de la CFE en la comunidad nahua agrícola Huexca, Morelos; un gasoducto ya concluido por el consorcio español Elecnor-Enagás que atraviesa una zona volcánica y pasa cerca de comunidades en Puebla, Tlaxcala y Morelos; y un acueducto desde Cuautla con una longitud de 10 kilómetros.
En Puebla son cinco amparos los pendientes entorno a la falta de consulta indígena y una sentencia para consultar a los pobladores de la comunidad de Atlixco respecto al paso del gasoducto. El opositor y expreso político Juan Carlos Flores afirmó que el anuncio del Gobierno federal fue «un montaje», donde el Presidente Andrés Manuel López Obrador y la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijeron «mentiras», por lo que seguirán desahogando los amparos y metiendo los recursos necesarios.
«Estas mentiras nos alertan sobre una inminente represión para que se culmine el funcionamiento de la termoeléctrica desalojando el campamento de Apatlaco que lleva cuatro años de estar ahí para que no se lleven el agua», dijo Flores, quien compartió que justo la madrugada en que se dio el anuncio oficial se escucharon balazos en las afueras del plantón. «Si el Gobierno federal pretende pasar por encima del Estado de Derecho y la decisión de los campesinos, la gente va a poner el cuerpo para que no se culmine».
El Frente de Pueblos acusó en un comunicado que «se están utilizando las estructuras de poder para violentar los derechos de los pueblos, gritando en cadena nacional mentiras para disfrazar la ilegalidad real. La consulta [de febrero 2019] fue ilegal, discriminatoria, denigrante y bañada de sangre de Samir Flores, pues se realizó en el marco del asesinato de nuestro compañero [aún sin resolver por la Fiscalía de Morelos].
Al activista asesinado en vísperas de la consulta (no acorde al Convenio 169), le preocupaba el paso del gasoducto por su pueblo Amilcingo. La recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 03/2018 acreditó la existencia de violaciones a los derechos humanos a la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada, además del derecho a la información en agravio de las personas, comunidades y poblaciones indígenas de Morelos, Puebla y Tlaxcala «por acciones y omisiones» atribuibles a la CFE, la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
«Lo que están anunciando para nosotras y nosotros es otra ola de represión hacia los pueblos en defensa del territorio. No se han reunido con los afectados, se están reuniendo solo con las cúpulas, con los directivas corruptas que desde el inicio han apoyado el proyecto a cambio de recibir dinero y proyectos», señaló el Frente de Pueblos con relación al acuerdo del Gobierno federal con la Asociación de Usuarios del Río Cuautla (Asurco), ejidatarios que no representan a todos los campesinos que se niegan a dar agua a la termo, por lo que exigieron una hora de diálogo con el Presidente Andrés Manuel López Obrador durante una conferencia matutina. Con pruebas documentales, videos y debate.
LO ÚNICO ABORDADO: EL AGUA DE EJIDOS
El Presidente Andrés López Obrador anunció la decisión de reiniciar los trabajos para concluir a finales de año el Proyecto Integral Morelos. La obra de la termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fue suspendida por amparos presentados por habitantes de las comunidades de la región cerca del volcán Popocatépetl.
De acuerdo con las evaluaciones ambientales de 2011, implicaba un riesgo el gasoducto en zona volcánica por lo que debía construirse a 80 metros de centros de población. El Centro Nacional de Previsión de Desastres refirió después que el trazo del gasoducto incide en zonas de peligro.
«Es muy poco lo que falta para que opere», dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina dedicada al tema. Justificó que, pese a la inconformidad de los habitantes, se trata de un proyecto de una empresa pública donde ya se invirtió. Omitió que capital español construyó el gasoducto. «Dijimos desde el principio que no podíamos dejar que se convirtiera en chatarra porque se trata del dinero del presupuesto. Son de estas obras que heredamos ‘emproblemadas'».
«Se ha estado atendiendo el asunto en lo jurídico, en lo social, en lo ecológico y consideramos que está todo resuelto, que ya no hay problema legal. Se resolvieron todos los amparos», afirmó.
Sin embargo, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala dijo que es mentira y que «hay cosas que matan, aunque sean dinero del pueblo». De los 17 amparos activos al primer semestre de este año, se mantienen 16 amparos. Y de las ocho suspensiones con efectos definitivos (en lo que dura el amparo y sus recursos), siguen vigentes seis, documentó.
La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo en la rueda de prensa que «jurídicamente» ya se puede continuar el Proyecto Integral Morelos, porque se resolvieron dos asuntos relacionados con el suministro de agua.
«Representan solo dos de ocho suspensiones que se resolvieron de una manera muy cuestionable», aclaró el Frente de Pueblos.
Actualmente, existen al menos tres suspensiones que impiden el uso del agua para la termoeléctrica por parte de los ejidos de Moyotepec, Tenextepango y Valle Velázquez; una suspensión más que impide la descarga de las aguas de la termoeléctrica interpuesto por la comunidad de Huexca; y una suspensión más del ejido de Amilcingo que impide el funcionamiento del gasoducto Morelos. Además, hay una sentencia que amparó a las comunidades de Atlixco contra el gasoducto Morelos ordenando que se cumpla su derecho a la consulta indígena, la cual no ha finalizado.
Es decir, sigue vigente la mayoría de los asuntos jurídicos y queda acordar el desahogo de pruebas periciales en muchos de ellos, recalcó el Frente de Pueblos.
A inicio de 2019, en el marco del asesinato del activista Samir Flores, quien informaba sobre los efectos del proyecto, se realizó una consulta ciudadana a cargo de Diana Álvarez Mauri, actual directora del Banco de Bienestar. El 59 por ciento votó a favor, pero los habitantes directamente afectados rechazan el proyecto.
«Algunos ejidatarios se inconformaron y presentaron diversas demandas de amparo, alegando que el proyecto implicaba la disminución del caudal de riego que utilizan para sus tierras. En dos asuntos, de todos los que se interpusieron, se consiguió la suspensión definitiva para el efecto de no disminuir el agua de riego de los ejidos», planteó Sánchez Cordero solo sobre el caso del agua.
Peritos realizaron periciales en hidrología forense, las cuales concluyeron que el proyecto «no causaba una falta de suministro de agua en los canales de riego de los ejidos», por lo que estos dos juicios de amparo, únicamente vinculados con el nivel de suministro de agua para el riego, se sobreseyeron. Al no haber ninguna suspensión vigente relacionada con la construcción y abastecimiento del acueducto, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) otorgó permisos a la Comisión Federal de Electricidad para continuar con el Proyecto Integral Morelos, finalizó Sánchez Cordero.
Pero, planteó el Frente de Pueblos, «el sobreseimiento que habla la Secretaría de Gobernación basado en el trabajo ‘muy profesional’ de un perito en hidrología es todo lo contrario, un problema de conflicto de intereses que el Tribunal Colegiado negó reconocer de manera grave, aún observándolo. El perito oficial del amparo de San Juan Ahuehueyo era perito en la Conagua, es decir, en la autoridad reclamada, por lo que no podía fungir como perito oficial trabajando para una de las partes».
El director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, explicó que un ciclo combinado es una planta que genera electricidad a través de un combustible (gas natural) y combinado porque también utiliza el vapor que deriva de ese proceso y tiene otra turbina. Para el enfriamiento de la planta se requiere de agua.
«Se hizo todo un trabajo de traer aguas negras a una planta de tratamiento que se renovó totalmente. No contamina los mantos en todo su trayecto y no se toma agua del río Cuautla», destacó. «La planta después arroja un agua vuelta a tratar a través del sistema de enfriamiento de la planta».
La titular de la Comisión Nacional del Agua, Blanca Jiménez Cisneros agregó «que se pensaba» que la termoeléctrica de la CFE «iba a agarrar agua del río Cuautla y por lo tanto le iba a faltar a la gente de abajo», por lo que ejidatarios interpusieron amparos. La solución acordada entre la CFE y Conagua es que a Cuautla, que tiene una cobertura del 30 por ciento del drenaje y de tratamiento de agua, se le incremente la cobertura con el agua regresada de la planta de tratamiento.
«Se va a tener mucha más agua al final, porque era agua que no llegaba al río, no se captaba. Ahora se capta, se trata y se le mejora la calidad», dijo Jiménez. «Como la gente no estaba muy de acuerdo con esta solución, se invitó a la Unesco que armó un grupo de cinco especialistas (hidrología forense). Hicieron una evaluación del proyecto y dijeron que sí funcionaba, se iba a tener más agua e hicieron unas recomendaciones que ya fueron atendidas por la Comisión Federal de Electricidad», detalló.
Diana Álvarez Maury, quien entonces se encargó de la consulta ciudadana, informó que entorno al Proyecto Integral Morelos el Gobierno federal otorgará beneficios sociales como los revestimientos de canales, la tecnificación del riego y, en su caso, podría ser alguna represa. Para 2020-2021 son 125 millones de pesos en obras para generar mayor productividad y desarrollo social en 32 ejidos y 14 propiedades rurales que usan el río Cuautla.
«AGUA SÍ, TERMO NO»
La Fiscalía de Morelos sigue sin avances sobre el asesinato de Samir Flores ocurrido hace un año siete meses. La carpeta de investigación «está en ceros» y perdieron las pruebas desde el inicio, lamentó la habitante de Huexca, Teresa y, agregó, el hostigamiento a su familia y la comunidad sigue.
«Nos da mucho coraje, porque Samir seguirá siendo un luchador social que estuvo firme en la lucha hasta las últimas consecuencias. En vez de que el Presidente nos dé noticias favorables sobre que ya encontraron a sus asesinos materiales e intelectuales, nos sale con esta tarugada de que echará a andar la termo, aún sabiendo que ya está bañada de sangre. Nos sentimos desprotegidos nuevamente», afirmó.
En una carta, la Asamblea en Resistencia Amilcingo y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala le escribieron al activista sobre la «nueva normalidad» por la pandemia, que la CFE continúa en camionetas blancas en Amilcingo por los campos del ejido en el trayecto del gasoducto y que sospechan que el grupo de choque busca expandir el camino que llega hasta los ahuehuetes que sobreviven, donde está un manantial y varias pozas.
«Quieren negociar el agua sin consultar a todos los ejidatarios que integran ASURCO, pero los Comités en Defensa del Agua se mantienen firmes contra el acueducto y con la permanencia del campamento zapatista al lado del río Cuautla desde hace más de cinco años. Siempre ha tenido la razón porque nunca fueron incluidos en este acuerdo, porque el agua no se vende, no se negocia. Toda nuestra solidaridad y respaldo a los ejidatarios y comités en defensa del río Cuautla», dijeron.
«Como verás Samir, acá no se ha parado la vida comunitaria, ni la afrenta de este sistema capitalista. La vida sigue, la vida juntos, la lucha juntos. Porque a 19 meses de tu asesinato, continuamos exigiendo justicia a las autoridades, pero también no damos ni un paso atrás. Por eso seguimos en lucha, de la mejor forma, que es en colectivo, entre todas nosotras y nosotros», le notificaron.
