Hace más de 10 años, representantes de la empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos llegaron a la casa de Alejandro Ruiz, campesino del municipio Unión Hidalgo, en Oaxaca. Le ofrecieron beneficios económicos y la posibilidad de seguir trabajando en su parcela a cambio de la renta de su terreno. Buscaban instalar el Proyecto Eólico Piedra Larga, el cual provee de energía a Grupo Bimbo. Él no quería, pero su hermana y sus primos lograron convencerlo. Al final la empresa incumplió los acuerdos, y los comuneros demandaron ante el Tribunal Agrario la nulidad del contrato. El proyecto eólico acumula ya varios años operando pese a que la sentencia sobre el caso será dictada hasta este mes.
Ciudad de México, 18 de septiembre (SinEmbargo).– «Estoy arrepentido de haber firmado el contrato [de renta de su tierra]. Yo no quería… Nomás’ nos ha traído muchos problemas», aseguró el campesino Alejandro Ruiz.
Desde que la empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos (DEMEX), subsidiaria de la española Renovalia Energy, llegó a Unión Hidalgo, al suroeste de Oaxaca, la comunidad zapoteca sólo ha enfrentado engaños, intimidación, agresiones, contaminación inseguridad y violaciones a sus derechos humanos. «No hay día en que no me entren llamadas telefónicas de diferentes estados. No las contesto porque prefiero no saber lo que me van a decir», afirmó el también miembro del Comité de Resistencia.
DEMEX arribó en 2004 al municipio ubicado en el Istmo de Tehuantepec, una área cuyas condiciones de viento son de las mejores a nivel mundial, para instalar el Proyecto Eólico Piedra Larga. Sin embargo, la compañía descubrió que –de acuerdo con un decreto presidencial de 1964– el territorio de 68 mil hectáreas es de propiedad comunal.
En lugar de negociar con la Asamblea de Comuneros para llegar a un acuerdo que les permitiera usar esas tierras, se «coludió» con notarios públicos para que crearan escrituras públicas «mal elaboradas» y convirtieran a los trabajadores de las parcelas en propietarios privados de esas tierras sociales, de acuerdo con el Coordinador del Área de Justicia Trasnacional de la organización ProDESC, Juan Antonio López. ProDESC es una organización no gubernamental fundada en 2005 que tiene como meta defender los derechos sociales, económicos y culturales de trabajadores o comunidades mal representadas en Mexico.
Desde 2009 se inscribieron esas escrituras ante el Registro Público de la Propiedad para «darle una legalidad al cambio de uso de suelo, que pasó de propiedad social a privada. Pero la empresa lo realizó sin los requisitos establecidos por la legislación y por una fracción del artículo 27 constitucional. Al ser tierras comunales, no existen pequeños propietarios en su interior ni pueden existir escrituras públicas», explicó el abogado.
Posteriormente, ya con la concesión de la Secretaría de Energía (Sener) y el permiso de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), representantes de la empresa acudieron a los domicilios de los propietarios. De 2006 a 2011 hicieron firmar a los habitantes contratos que no estaban traducidos al zapoteco, su lengua materna, y que tampoco explicaban los alcances o afectaciones del proyecto.
«Uno no sabía qué cosa es un proyecto eólico», dijo Alejandro Ruiz, quien va a trabajar todos los días al campo para sembrar maíz y sorgo.
La actividad principal de esta comunidad zapoteca es el campo y la pesca. Durante una plática telefónica se escuchó el bravo y veloz paso del viento. La hermana y los primos de Ruiz lo convencieron de firmar el contrato porque creían «que era algo maravilloso» y «no los iban a engañar». Pero fue una farsa. «Fuimos engañados. Nos dijeron que nos iba a ir bien y firmé sin conocer qué era el contrato de arrendamiento», aseguró.
EL DERRAME ECONÓMICO QUE NUNCA LLEGÓ
Desde 2010 comenzó la construcción del Proyecto Eólico Piedra Larga y actualmente está en operación a pesar de que desde 2013 la comunidad indígena interpuso una demanda para lograr la nulidad del contrato ante el Tribunal Unitario Agrario de Tuxtepec, Oaxaca. La sentencia se dictará este mes.
De acuerdo con el contrato, la compañía ofreció un pago de renta por el uso de sus tierras comunales… de 250 pesos anuales por hectárea. Pero al convertirlas ilegalmente a propiedad privada, los campesinos deben pagar un impuesto por predial de más de mil pesos por la supuesta tenencia individual de la tierra –a pesar de tratarse de territorio de propiedad social–, lo cual les impide solicitar créditos.
«No tendrían por qué pagar ese predial porque son tierras agrarias. Pero eso refleja el costo real de esa tierra. Es una de las gran mentiras y abusos con las que llegó DEMEX», declaró el litigante integrante de ProDESC.
La empresa también prometió a los comuneros que podrían seguir trabajando en sus campos sin obstáculos. No obstante, ante la presencia de cables entre los aerogeneradores, es riesgoso acercarse, por lo que DEMEX colocó seguridad privada para vigilar el acceso a sus cultivos.
La renta que recibe Alejandro Ruiz por su parcela «es una migaja», dijo, y además debe pagar el impuesto. Sumado a ello, cada que va a sembrar, la seguridad privada le cuestiona a dónde va y cómo se llama.
Hace cinco años DEMEX se negaba a la terminación anticipada de contratos. Pero ahora que la sentencia del Tribunal Unitario Agrario se acerca, mediante una notaria pública la empresa notificó la terminación anticipada de contratos en algunos domicilios.
No obstante, acusó Juan Antonio López, siguen sin desocupar las tierras, no se han cancelado las escrituras públicas ni los impuestos. Por eso, dijo, es necesaria la sentencia.
SinEmbargo solicitó una entrevista con DEMEX, pero no recibió respuesta.
De acuerdo con la página de Grupo Bimbo, su cliente principal, el parque eólico tiene 45 aerogeneradores y genera 800 empleos directos. Pero, expuso Alejandro Ruiz, ninguno de ellos es para los miembros de la comunidad. Sólo durante la construcción del proyecto hubo contrataciones temporales.
El proyecto abastece anualmente una demanda de 38 megawatts y genera 333 Gigawatts-hora. Suministra a más de 100 instalaciones en México incluyendo el Papalote Museo del Niño.
«Aquí la gente es muy humilde, pero muy trabajadora. Sí hay pobreza, pero la gente es muy luchona; siempre adelante», expuso Ruiz.
AMENAZAS E INTIMIDACIONES CONTRA COMUNEROS
El diálogo no funcionó. DEMEX y los comuneros inconformes se reunieron en dos ocasiones, pero la empresa se negó rotundamente a cancelar los contratos. Ante ello, en 2011 la comunidad zapoteca conformó un “Comité de Resistencia al proyecto eólico de Piedra Larga en Unión Hidalgo, Oaxaca” y en el 2013 presentó una demanda de nulidad de contrato.
«Derivado de las acciones de defensa a sus derechos humanos, los integrantes de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT) y del Comité de Resistencia al Proyecto Eólico de Unión Hidalgo han sido objeto de actos violentos y amenazas en su contra. Ante estas acciones, se han interpuesto denuncias penales por el delito de amenazas, lesiones, disparo de arma de fuego y ataque, y se han implementado medidas cautelares por parte de la Defensoría del Pueblo de Oaxaca», denunció la organización civil ProDESC.
Durante las manifestaciones pacíficas para exigir la nulidad de los contratos, en marzo de 2012 la policía estatal, sin orden de aprehensión, detuvo arbitrariamente a cinco propietarios opositores al proyecto eólico. Actualmente están libres.
De acuerdo con Juan Antonio López, de ProDESC, han habido heridos, pero no por armas de fuego, sino por agresiones físicas.
En el 2011, durante una protesta, llegaron personas que se dijeron transportistas y trabajadores de DEMEX junto con la policía municipal «a agredir y a detener a comuneros e indígenas».
El mes pasado, en el marco de la visita de un grupo de trabajo de Naciones Unidas para reunirse con el gobierno, empresas y comunidades afectadas, uno de los casos presentados fue el de Unión Hidalgo. Guadalupe Ramírez, integrante de la comunidad, expuso sobre la demanda de nulidad de contratos que interpusieron con el acompañamiento de ProDESC en contra de la empresa DEMEX.
«Si no hubiera llegado este proyecto, mi vida no hubiera cambiado. No es una empresa que venga a traer cosas buenas a la población. Al contrario», finalizó el campesino Alejandro Ruiz.
