Hospital Central de SLP adquirió medicina oncológica apócrifa Entre 2016 y 2018, adquirió productos de lotes sobre los cuales la Cofepris emitió una alerta de falsificación
Por Jaime Hernández
San Luis Potosí, 18 de agosto (Pulso).– Una investigación de la organización Ciudadanos Observando reveló que entre los años 2016 y 2018 del Hospital Central «Dr. Ignacio Morones Prieto«, dependiente de la Secretaría de Salud de San Luis Potosí, que durante años ha atendido a la población más pobre de la entidad y ha vivido una situación económica difícil, compró más de 4.2 millones de pesos de medicamentos contra el cáncer a una red de empresas fantasmas, sustancias que aparecieron en una alerta de 2019 emitida por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) sobre fármacos falsificados.
De las compras estaría enterado el Gobernador saliente, el priista Juan Manuel Carreras López, señala el organismo ciudadano.
Los medicamentos presuntamente fraudulentos, son Herceptin (Trastuzumab) en frasco ámpula de 440 miligramos para combatir el cáncer de mama, detectado en compras del Hospital Central.
Ciudadanos Observando recordó que exgobernadores como Javier Duarte, del estado de Veracruz y César Duarte, de Chihuahua, fueron involucrados en compras de medicamentos oncológicos falsos, como ahora sucede con la administración carrerista de San Luis Potosí.
«El mandatario Juan Manuel Carreras López, tenía, desde hace dos años, pleno conocimiento de la utilización de empresas fantasmas en el Hospital Central Ignacio Morones Prieto, así como la existencia de medicamentos falsificados. Sin embargo, su encubrimiento fue evidente», denunció la organización ciudadana.
Para el caso del Hospital Central, precisó, todas las compras se realizaron por adjudicación directa de su director, Francisco Alcocer Gouyonnet y fueron realizadas por Héctor Francisco Aguilar Martell, director administrativo.
Ciudadanos Observando citó los nombres de las empresas que facturaron los productos presuntamente falsificados y halló al menos una utilizada también por exdiputados: Dyjoma S. A. de C. V.; CDV Comercializadora S. A. de C. V.; Químicos en Desarrollo Carson S. A. de C. V.; Proveedora y Distribuidora de Medicamentos Gaat S. A. de C. V.; Station Business Group and Services S. A. de C. V.; Endo San Luis S. A. de C. V., y L&M S. A. de C. V., además de las personas físicas Grecia Marián Azuara Orta y Abraham Raymundo Ábrego Torres (EMCO).
La organización civil consideró que las autoridades están obligadas a realizar una investigación a fondo «para conocer a quiénes les fueron suministrados tratamientos donde se incluyó el medicamento presuntamente falsificado, ya que pudieron existir decesos de pacientes que no recibieron el tratamiento adecuado en hospitales públicos de San Luis Potosí».
LA ALERTA
El 23 de julio de 2019, la Cofepris emitió una alerta sobre la falsificación del Herceptin, un medicamento para tratar el cáncer de mama y gástrico, detallando que había identificado cinco lotes del fármaco adulterado.
La dependencia federal detalló que la advertencia se derivó de una investigación iniciada luego de la denuncia de Laboratorios Roche SA de CV, fabricante de su sustancia Trastuzumab, vendido bajo la marca comercial Herceptin, en presentación de frasco ámpula con 400mg.
La Cofrepis identificó cinco lotes de producto presuntamente falsificado:
N7101B03 B3018
N7086B02 B3016
N3818B02 B3048
N3834B01 B3053
N3839B01 B3055
El boletín enlistaba también los indicios de falsificación: la ausencia de sellos y leyendas en el empaque y en el frasco, así como características de la sustancia en el interior que o correspondían a la sustancia original.
Anunciaba sanciones a las empresas que los comercializaran y a las mensajerías y paqueterías que los distribuyeran.
También advertía que la sustancia, por su calidad representaba un peligro para la salud.
RED FANTASMA
La venta de medicamento presuntamente falsificado al Hospital Central, de acuerdo a una investigación previa de Ciudadanos Observando publicada en agosto de 2020, la realizó una red de siete empresas “fantasma” y particulares, con fachadas en San Luis Capital y Monterrey, Nuevo León, algunas de las cuales están ligadas entre sí a través de socios que han sido sancionados por el INE por servir de puentes para la triangulación ilegal de recursos para la campaña del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón.
Otra de las empresas fue utilizada por diputados de la LXI Legislatura para desviar recursos de la partida de Gestoría Social.
Ciudadanos Observando recolectó evidencia que los domicilios que aparecen en las empresas proveedoras del medicamento apócrifos son fincas abandonadas o negocios y viviendas particulares en los quienes los ocupaban negaron conocer a los presuntos proveedores.
Las empresas fueron beneficiadas por adjudicaciones directas, señala la organización, que responsabiliza de los mismos a funcionarios del Hospital Central. También afirma que el Gobernador Juan Manuel Carreras López tenía conocimiento de la compra de medicamentos presuntamente falsificados.
COINCIDENCIA
Algunas de esas compras se registraron en 2016 y 2018, antes de que se emitiera la alerta de la Cofepris. Forman parte de un paquete de adjudicaciones directas por diversos productos farmacéuticos que englobaron 120 millones de pesos.
De esa suma, cuatro millones de pesos correspondieron a 25 facturas en donde aparecía el Herceptin, con el detalle del lote al que pertenecían. En todos estos casos, se trataba de los lotes que la Cofrepis advirtió que habían sido falsificados.
Es el caso de la factura número 83 de la empresa L&M SA de CV, de San Luis Potosí, que el 6 de agosto de 2018 adquirió tres piezas del medicamento a un costo de 77 mil pesos. El documento detalla que el número de lotes era el N3818B02 B3048, uno de los citados en la alerta de la Cofepris.
Del lote N7086B02 B3016, Endo San Luis SA de CV facturó al Hospital Central 6 piezas de Herceptin, por un costo de 122 mil 400 pesos, según consta en la factura 1096, de diciembre de 2026.
Químicos en Desarrollo Carson SA de CV, una empresa regiomontana, vendió 23 dosis del medicamento, por un costo total de 549 mil 700 pesos. La factura F-140, de octubre de 2018, incluía medicamentos de cuatro lotes distintos, entre los que aparecía una pieza del lote boletinado N3839B01 B3055.
Así ocurre en otros 22 casos, que sumaron pagos de 4 millones 200 mil 550 pesos.
SISTEMA ENFERMO
El de la compra de presuntos medicamentos falsificados es el último escándalo en el gabinete de Salud del gobernador priista Juan Manuel Carreras López, que durante buena parte del sexenio estuvo a cabo de la hoy exsecretaria de Salud, Mónica Rangel Martínez, quien compitió por Morena en la pasada elección a la gubernatura y quedó en un lejano tercer puesto.
Pese a evidencias recabadas por la propia organización Ciudadanos Observando, medios de comunicación y a los reportes de las auditorias superiores del estado y de la Federación, que desnudaron observaciones multimillonarias en la Secretaría de Salud y el Hospital Central, el mandatario estatal mantuvo a Rangel Martínez hasta que a principios de 2021 dejó el cargo para postularse a la gubernatura.
Rangel Martínez fue impuesta por la dirigencia nacional del partido, pese a la inconformidad que generaba en la militancia morenista, precisamente por los escándalos de presuntos malos manejos que ocurrieron en su gestión.
Éstos incluían también el uso de empresas fantasma a las que les adjudicaban jugosos contratos, el crecimiento de la deuda de la institución, que saltó de 700 millones de pesos en 2018 a más de dos mil 600 este año, aunque se redujo a mil 800 millones de pesos ya con otro secretario a cargo.
El año pasado, la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado coincidieron en ubicar a la Secretaría de Salud como la mayor fuente de observaciones en el uso de recursos del ejercicio 2019. El ente federal le atribuyó el 94 por ciento del monto observado, es decir, 244.2 millones de pesos de 257.2 millones detectados en toda la administración.
La instancia fiscalizadora estatal, por su parte le atribuyó 277.9 millones de pesos, de los 398.2 millones observados en el mismo ejercicio.
Precisamente en estas auditorías, ambas dependencias fiscalizadoras detectaron anomalías por 26 millones de pesos en el Hospital Central, incluyendo irregularidades en la asignación del contrato de su modernización.
REACCIONES
Las revelaciones de Ciudadanos Observando sobre la adquisición de medicamentos oncológicos fármacos generaron reacciones de indignación en varios sectores, así como demandas de investigación del caso.
Entre éstas, están el propio reconocimiento de Miguel Ángel Lutzow Steiner, sucesor de Mónica Rangel en la Secretaría de Salud, de la existencia de una investigación sobre el caso realizada por la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) y se le dio vista a la entidad federal correspondiente, la Cofepris, por lo que consideró que los Servicios de Salud del Estado cumplieron con los procedimientos legales. Consideró la compra como “inaceptable”.
Otro miembro del gabinete estatal, el secretario general de Gobierno, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, se dijo partidario de que exista una investigación a fondo y que ésta concluya antes del cierre de la actual administración estatal.
«Los hechos, aparentemente, sucedieron en una temporalidad diversa a la del actual secretario de Salud, por lo que se deberá hacer una investigación de ese periodo de 2017 a 2019 para saber con exactitud quién hizo la compra, cómo la hizo y a quién se la hizo», comentó.
Diputados de la administración saliente también demandaron una investigación del caso y sanción a los repsonsables. Si bien no señaló responsables, el diputado por Morena, Edson Quintanar, dijo que debe aclararse si es real o no la compra de los medicamentos apócrifos y en caso de que sea realidad, abrir procesos para que los responsables paguen por lo que hicieron.
«De confirmarse, estaríamos ante actos criminales que obligarán a una investigación», coincidió el legislador.
A ese respecto, el diputado local Eugenio Govea Arcos, consideró necesario que se haga una investigación a fondo para determinar si existen responsabilidades en la compra y suministro de medicamentos falsos.
Entre representantes de la iniciativa privada también hubo enojo. el presidente del Consejo Empresarial Potosino (CEMP), Héctor D’Argence Villegas señaló que la compra de medicamentos oncológicos presuntamente falsos por parte del Hospital Central debe investigarse como un caso criminal.
Indicó que es criminal que se esté jugando con la vida y la salud de seres humanos, ocultando medicamentos o incluso comprando los que no cumplen con los requisitos para curar a las personas enfermas.
«Yo preguntaría a los que incurren en irregularidades con los medicamentos: ¿Y si fueran familiares suyos, harían lo mismo?», cuestionó el empresario.
Por su parte, el director general del Hospital Central «Dr. Ignacio Morones Prieto», Francisco Alcocer Gouyonnet, declaró que la institución a su cargo se halla totalmente abierta para que se investigue a fondo la supuesta compra de medicamentos oncológicos fraudulentos y negó que el nosocomio esté involucrado en «negocios chuecos».
«Que se investigue a fondo. Que se conozca el Hospital Central y lo que hemos hecho en todo este tiempo, y toda la responsabilidad que haya, que se deslinde, empezando por el que sea», expresó.
Dijo que para evitar la compra de medicamentos falsos, «se debe tener en todo hospital un departamento de Farmacovigilancia, como lo hay en el Central, nosotros compramos a empresas que están constituidas legalmente, siempre. El medicamento que llega al Hospital se revisa y cuando se detecta alguna falla, se reporta, cosa que siempre se ha hecho».
Respecto a si se suministró medicamento falso a algunos pacientes, el doctor Alcocer dijo que «no hay problema con eso, ya que está vigiladísimo y emitiremos reportes sobre ello. Les aseguro que a los pacientes se les dio y siempre se les ha dado, puro medicamento excelente, de calidad».
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