La CNDH señaló los abusos cometidos por las fuerzas armadas, así como las deficiencias en los procesos de investigación de las fiscalías federal y local; por lo que instó a las dependencias a restaurar el daño a los familiares de los fallecidos.
Ciudad de México, 18 de agosto (SinEmbargo).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Fiscalía General de la República (FGR), y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) por el uso excesivo de la fuerza en contra de seis personas.
A través de un comunicado, el organismo al mando de Luis Raúl González Pérez detalló que las fuerzas federales emplearon un uso excesivo de la fuerza en contra de seis personas en el municipio de Luvianos, Estado de México, el pasado 30 de octubre de 2014.
La CNDH señaló los abusos cometidos por las fuerzas armadas, así como las deficiencias en los procesos de investigación de las fiscalías federal y local; por lo que instó a las dependencias a restaurar el daño a los familiares de los fallecidos.
El organismo defensor de los derechos humanos detalló que los elementos adscritos al 102 Batallón de Infantería no acreditaron el empleo de la fuerza diferenciado y gradual, sino que ejecutaron a seis personas, entre las que se encontraban dos mujeres y varios adolescentes.
A la par, la CNDH descartó que las personas asesinadas hayan disparado contra los militares, como había señalado la versión oficial.
“Las pruebas de química forense realizadas por la FGR a las seis armas que se encontraron próximas a las víctimas, determinaron que no fueron disparadas”, puntualizó.
En este sentido, el organismo determinó que el fallecimiento de las personas de debió a “heridas morales en órganos vitales e incluso algunas fueron por la espalda, y no se encontraban de frente a frente, lo que no corresponde con el supuesto enfrentamiento”.
La CNDH también criticó el desempeño del personal militar y de la FGJEM, ya que “el agente del ministerio Público del Fuero Común omitió ejercer sus funciones de investigar, a pesar de haber acudido al operativo, para evitar el deterioro o contaminación de los indicios”.
Recalcó que “no se cumplieron los requisitos de legalidad, estricta necesidad y proporcionalidad, en el uso de la fuerza, establecidos en la normatividad nacional e internacional vigentes”.
En lo que respecta a la FGR, criticó que atacante haya llegado ocho horas después del hecho, lo que impidió “el adecuado procedimiento del lugar y las evidencias, ya que era necesario que interviniera de inmediato personal médico y pericia para asegurar que no se produjeran alteraciones en los cadáveres y el sitio”.
Sobre la FGJEM, el organismo rector de los derechos humanos “observó que el Ministerio Púbico en Livianos, tampoco actúo con la diligencia debido en la investigación referente a la desaparición de las dos mujeres adolescentes, iniciadas semana entes de los hechos”.
LAS RECOMENDACIONES
Tras citar las omisiones cometidas por las dependencia federales y estatales, la CNDH emitió una serie de recomendaciones a fin de garantizar la reparación del daño a las víctimas indirectas y colaterales de la masacre cometida en Livianos.
En este sentido, la CNDH solicitó al titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, que brinde atención psicológica, compensación e inscripción en el Registro Nacional de Víctimas a las víctimas indirectas y colaterales.
Así como colaborar con la carpeta de investigación que se iniciará por la denuncia y queja de la CNDH ante el órgano interno de control de la Sedena.
También deberá reforzar la capacitación de los elementos militares, poniendo énfasis en la inclusión del respeto a los derechos humanos y a uso excesivo de la fuerza en el entrenamiento táctico y operativo de los elementos de la Sedena.
Los militares deberán, agregó la CNDH, recibir adiestramientos en materia de protocolos para la preservación de indicios y de preservación del lugar de los hechos del delito.
A la FGR, la CNDH le solicita instruir a su personal para que la recomendación sea agregada a la averiguación previa de los hechos; además de agotar todas las líneas de investigación para esclarecer los hechos; y otorgar protección y asistencia integral a ls familias de las víctimas.
Finalmente, la FGJEM deberá “colaborar en la queja que se presenta ente la Visitaduría General de esa Fiscalía para determinar la responsabilidad correspondiente y capacitar al persona ministerial adscrito a las Fiscalías Regionales de Tejupilco y Luvianos en materia de derechos humanos y procuración de justicia”.
