Pilar Argüello Trujillo, una joven veracruzana, fue asesinada en 2012, cuando tenía 20 años de edad. Su pareja sentimental, de entonces 17 años, confesó el crimen y describió detalladamente lo que le hizo. Pero a la Fiscalía General del Estado de Veracruz no le bastó: él fue liberado apenas dos meses después de pisar la cárcel.
Ahora sus padres, oriundos de Coscomatepec, vienen y van con sus escasos recursos por el estado, la Ciudad de México e incluso han llegado a instancias internacionales en busca de justicia para su hija.
«Queremos que haiga justicia. Uno tiene que tener dinero para que le hagan a uno justicia y eso no debe de ser, no es justo. ¿Es porque es mujer?», se pregunta Reyna Trujillo Reyes, madre de Pilar.
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Ciudad de México, 18 de agosto (SinEmbargo).– Salió al parque un domingo y no regresó más a su hogar, una modesta construcción que compartía con sus cinco hermanos y sus padres, y que la vio crecer durante las dos fugaces décadas de su vida.
Pilar Argüello Trujillo, una joven veracruzana, fue asesinada en septiembre de 2012, cuando tenía 20 años de edad. Su pareja sentimental, de entonces 17 años, confesó el crimen y describió detalladamente lo que le hizo.
Pero a la Fiscalía General del Estado de Veracruz del Gobierno del priista Javier Duarte de Ochoa no le bastó: él fue liberado apenas dos meses después de pisar la cárcel.
El joven asesino detalló ante las autoridades que había bebido alcohol y que Pilar se negó a mantener relaciones sexuales, por lo que la golpeó con una piedra, la violó y la asfixió. Después se retractó de sus dichos. Las autoridades consideraron que no se había cumplido el debido proceso ni había pruebas suficientes y lo dejaron en libertad.
Sus padres nunca conocieron a la pareja y verdugo de Pili.
«Era su novio, pero el error de Pilar era que no le gustaba que uno le conociera al novio», dijo su madre, la señora Reyna Trujillo Reyes. «Ella tenía a su novio, pero no le gustaba llevarlo a la casa», agrega su padre, don Pedro Argüello Morales.
La muchacha de piel morena, «Pili», como la llamaban con cariño sus más cercanos, cursó hasta el segundo año de primaria y se ganaba la vida realizando quehaceres domésticos. Ese domingo 2 de septiembre era su día de descanso.
«Era muy alegre, le gustaba pasear y los bailes. Ese domingo salió de la casa, dijo que iba al parque, pero ya nunca regresó, ya no la volvimos a ver», recuerda con tristeza don Pedro.
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En Coscomatepec, nombrado Pueblo Mágico en 2015, nació y creció Pili, y allí mismo la encontraron muerta un día después de que salió al parque un domingo. Fue hasta el martes cuando se supo que la muchacha hallada sin vida en un predio donde se siembra chayote era Pili.
Ese martes, un periódico local voceaba la noticia por todo el pueblo. Don Pedro recuerda que vio impresa la imagen de su hija, arrebató el diario al vendedor y corrió a buscarla.
«La mató de un piedrazo en la cabeza, la asfixió, la violó y después quiso tener sexo con ella ya muerta», lamenta don Pedro.
Así fue asesinada Pili, en Veracruz, el estado donde de acuerdo con datos oficiales, del año 2000 a 2015 ocurrieron mil 214 homicidios dolosos contra mujeres, de los que 498 fueron consignados y sólo 57 recibieron sentencias condenatorias, es decir, únicamente el 5 por ciento.
Araceli González Saavedra, coordinadora de Equifonía, Colectivo por la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las Mujeres, organización que le ha dado acompañamiento legal a la familia de Pili, plantea que la edad de esas mujeres víctimas de feminicidio oscila entre los 25 y 34 años.
ALERTA INÚTIL
El 29 de noviembre de 2016, la Secretaría de Gobernación (Segob) decretó alerta de género en 11 municipios Veracruz y González señala que los más letales para las mujeres son Xalapa, Veracruz y Coatzacoalcos.
Para el decreto de la alerta, el estado pasaba por momentos difíciles en materia de Gobierno: Se desconocía el paradero de Javier Duarte de Ochoa, quien un mes antes pidió licencia como Gobernador; Flavino Ríos Alvarado se encontraba como mandatario interino y Miguel Ángel Yunes Linares tenía un pie como la autoridad máxima en el estado.
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Esta alerta poco ha funcionado.
«[La alerta de género] ha servido para muy poco. Hay un avance en cuanto a la articulación de las instituciones, hay una avance en cuanto a la articulación de acciones muy básicas de seguridad, del registro de casos, del seguimiento a las investigaciones iniciadas, pero en los últimos tres años los feminicidios han incrementado respecto a los ocurridos antes de 2014. En este año, por ejemplo, hay muchos casos de asesinatos y desapariciones de mujeres», destacó González en entrevista para SinEmbargo, tras una conferencia de prensa realizada en la Ciudad de México el pasado 17 de agosto pasado.
La familia Argüello Trujillo desea justicia para el caso de su hija y así se evite que sucesos similares se repitan en Veracruz y en toda la República Mexicana. Pero sospechan que en el país gobernado por Enrique Peña Nieto sólo quienes cuentan con recursos económicos pueden «comprarla».
«Queremos que haiga justicia. Uno tiene que tener dinero para que le hagan a uno justicia y eso no debe de ser, no es justo. ¿Es porque es mujer?», se pregunta Reyna Trujillo Reyes, madre de Pilar.
«Sólo quienes tienen dinero, tienen acceso a la justicia. Con la pena y el dolor uno no se enfoca en eso [exigir justicia] y mientras ellos [los criminales] llevan la delantera. Ellos antes meten dinero y les hacen más caso a ellos, que a uno que está dolido por la pérdida. Pido que sean parejos con la justicia, con las personas», agrega.
Don Pedro también alza la voz.
«Lo que queremos decirle a la Fiscalía [General del Estado de Veracruz] es, ¿dónde están nuestros impuestos? Supuestamente de nuestros impuestos se les paga y no es justo que otra persona con más poder, con dinero, le hagan caso y no a uno que está viviendo el dolor por su hija difunta. Ellos [los delincuentes] muy conchudos salen libres y no es justo».
No obstante, el señor aclara que el asesino confeso de Pili no es una persona con alto poder adquisitivo, pero «está en su secta protestante que lo apoya en lo económico».
ACUDEN A INSTANCIAS INTERNACIONALES
Tras agotar la búsqueda de justicia en México sin obtener respuesta, los padres de la joven veracruzana Pilar Argüello Trujillo, víctima de feminicidio en septiembre de 2012, acudieron al Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (Comité CEDAW) desde 2014 y hace poco obtuvieron respuesta, acompañada de un dictámen y recomendaciones al Estado mexicano.
«El Estado ha negado el acceso a una justicia real. Pedimos que haya modificaciones a los lineamientos [de justicia]», dijo en conferencia de prensa el pasado jueves, Adriana Fuentes Manzo, abogada de Equifonía, Colectivo por la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las Mujeres, quien ha dado acompañamiento a la familia en la búsqueda de la justicia.
Dichas recomendaciones establecen medidas específicas para garantizar justicia a la familia de la joven y para atender las condiciones estructurales que limitan o niegan el acceso a la justicia a las víctimas de feminicidio.
El Comité enunció las siguientes recomendaciones para el Estado mexicano:
A) Con respecto a los autores:
Reanudar la investigación del asesinato de Pilar Argüello Trujillo dentro de un plazo razonable, a fin de identificar y eliminar los obstáculos de jure o de facto que hayan impedido aclarar las circunstancias del delito y la identificación de sus autores. Esto pondría en evidencia la determinación del Estado para garantizar el acceso a la justicia.
B) En términos generales, de conformidad con la recomendación general del Comité en 2015 sobre el acceso de las mujeres a la justicia y también en relación con su informe presentado de conformidad con el artículo 8 del Protocolo Facultativo sobre México:
1. Garantizar el funcionamiento de procedimientos adecuados (eficientes, imparciales e independientes) para investigar, enjuiciar y sancionar a los autores de actos de violencia contra la mujer, especialmente en los casos de feminicidio.
2. Detectar y eliminar las trabas estructurales que obstaculizan el funcionamiento del sistema de justicia y la investigación eficaz de los homicidios de mujeres por razón de género. En este sentido, las investigaciones penales deben ser objeto de un seguimiento judicial constante, sin escatimar esfuerzos para lograr el castigo adecuado de los autores.
3. Reforzar la implementación de programas con miras a promover y garantizar, de manera efectiva, la formación y capacitación de todos los agentes estatales que participan en las investigaciones de casos de violencia contra la mujer, especialmente cuando se produce la violencia extrema que constituye el feminicidio. Los programas deben dirigirse, en particular, a los agentes policiales, fiscales y jueces. Los contenidos deben incluir no solo los aspectos técnicos de las investigaciones –para detectar la ineficacia y las deficiencias en el proceso de investigación y la subsiguiente impunidad- sino también las causas y las consecuencias de todas las formas de violencia contra la mujer.
4. Garantizar el apoyo legal en el acceso a la justicia y a todas las garantías legales de protección a los familiares de las mujeres fallecidas como consecuencia de actos de violencia por razón de género.
La abogada Fuentes Manzo señala que el asesino confeso difícilmente podría ser procesado, pero, destaca, las recomendaciones del Comité van más allá de Veracruz y abarcan todo el país.
En ese sentido, González Saavedra exigió respuestas por parte del Gobierno de México.
«Estamos a la expectativa de qué va a hacer el Estado mexicano [frente a las recomendaciones] para garantizar justicia para la familia. Varias recomendaciones competen no sólo a Veracruz, no sólo a este caso, sino al panorama nacional. Estamos a la espera de que las recomendaciones se cumplan en el plazo de seis meses y estamos a la espera de la comunicación de la Fiscalía con la familia».
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