Emilio Lozoya es acusado de recibir 10.5 millones de dólares de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht para la campaña de Enrique Peña Nieto y de la presunta compra por parte de Pemex con un sobreprecio de 500 millones de dólares de una planta inservible de fertilizantes.
Ciudad de México, 18 de julio (SinEmbargo).– La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una sexta denuncia en contra de Emilio Lozoya y 11 personas más, así como 33 personas morales por los probables delitos de corrupción política y desvío de recursos públicos mientras fue director de Petróleos Mexicanos (Pemex).
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR).
En el análisis realizado la UIF identificó un esquema de lavado de dinero en Pemex durante los años de 2012 a 2016 por medio de contratos otorgados a 34 empresas relacionadas con la constructora Odebrecht por millonarias cantidades de dinero, las cuales se integraron en tres niveles de operación para favorecer a servidores públicos mexicanos y posiblemente financiar campañas políticas.
En un comunicado la UIF precisó que en el primer grupo de operaciones las empresas fueron las receptoras de los recursos públicos erogados por Pemex y organismos gubernamentales de forma injustificada, destacando que éstas guardan relación directa con Odebrecht por medio de diversos vínculos corporativos, financieros y/o comercial.
Una de estas operaciones fue la de la constructora brasileña, la cual, durante la administración de Emilio Lozoya, registró de 2014 al 2016 transferencias por más de tres mil millones de pesos supuestamente por concepto de pagos por la prestación del servicio de “construcción” a favor del Gobierno federal; sin embargo, dichos servicios no fueron realizados, por lo que posiblemente fue parte de la mecánica de las operaciones.
En el segundo grupo de la operación, las empresas recibieron los recursos del primer grupo y se encargaron de transaccionarlos y estratificarlos mediante un esquema de triangulación de recursos, para posteriormente enviarlos a empresas con características de fachada, las cuales se encargaron de difuminar los rastros de los activos ilícitos mediante un esquema de dispersión de recursos, por medio del retiro masivo de efectivo en zonas donde se llevaron a cabo comicios electorales como en Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo y la Ciudad de México, esta última entidad, señala la UIF, pudiera estar relacionada con los pagos derivados de sobornos a favor de Emilio Lozoya.
EL CASO LOZOYA
Las autoridades españolas detuvieron a Lozoya el 12 de febrero de 2020 en una lujosa urbanización de la española Costa del Sol, en la provincia de Málaga.
Lozoya, titular de Pemex en la Presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018), llegó extraditado el 17 de julio a México, donde la Fiscalía General de la República lo acusa de recibir 10.5 millones de dólares de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht para la campaña de Peña Nieto.
Lozoya también está acusado de la compra por parte de Pemex con un sobreprecio de 500 millones de dólares de una planta inservible de fertilizantes de Agronitrogenados a Altos Hornos de México (AHMSA), compañía de Alonso Ancira, quien está en prisión preventiva tras su extradición de España la semana pasada.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador prometió un día después de su arresto en España que en su Gobierno «no hay protección para nadie».
Pero ha pasado un año sin apenas novedades en la investigación y un silencio que incomoda a la ciudadanía.
«Es un caso bien importante para México, el primero de alto nivel de Odebrecht, y ha resultado muy decepcionante para la ciudadanía no tener juicios ni acceso a lo que pasa, ver todo en términos de acuerdos en vez de resoluciones», dice este viernes a Efe la abogada Estefanía Medina, cofundadora de la asociación Tojil.
