A pesar de que los migrantes cuentan con 90 días para tener acceso a los servicios de salud públicos a través del Seguro Popular, el miedo a las deportaciones y la discriminación han provocado que esa tarea quede en manos de los albergues que atienden a esta población, mientras que en algunos estados este derecho se desconoce.
Ciudad de México, 18 de junio (SinEmbargo).– En los últimos años, la atención a la salud de los migrantes centroamericanos que cruzan por México con el objetivo de llegar a Estados Unidos forma parte de las responsabilidades de los voluntarios de las casas y albergues migratorios, ubicados cerca de las vías del tren de carga por el que los migrantes solían viajar antes de que en 2014 se implementara el Plan Frontera Sur.
De acuerdo con los resultados de la investigación del Central America-North America Migration Dialogue (CANAMID) y del Centro de Investigaciones de Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), las casas migratorias atendieron el 88.3 por ciento de los casos de enfermedad o accidentes de los migrantes, en su mayoría centroamericanos, frente al 1.8 por ciento de los casos atendidos en centros de salud. Además, el 2.5 por ciento acudieron a una clínica y el 3.5 por ciento optaron por un médico privado o farmacia.
Para los investigadores estas cifras son alarmantes cuando para los extranjeros, plantea la Constitución, existen instrumentos jurídicos que les garantizan la atención independientemente de su condición migratoria. Según lo establecido en el Artículo 8 de la Ley General de Migración: “Los migrantes […] tendrán derecho a recibir de manera gratuita y sin restricción alguna, cualquier tipo de atención médica urgente que resulte necesaria para preservar su vida”.
En 2014 se incorporó a los migrantes irregulares al Sistema de Protección Social en Salud, por un periodo de hasta 90 días, a través de la Carta de Derechos y Obligaciones y la Póliza de Afiliación. Con eso se puede acceder a 266 acciones de atención preventiva y curativa.
Sin embargo, se encontraron procesos diferenciados en la afiliación de los migrantes y también, casos en los que se desconocen el derecho. Hospitales de Oaxaca, Chiapas, San Luis potosí, Coahuila y Baja California, no cuentan con lineamientos establecidos para dicha afiliación.
“El tema de salud como parte de los derechos de los migrantes es fundamental. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pone a la salud como parte de todo el conjunto de derechos humanos que deben estar garantizados por el Estado”, comentó René Leyva Flores, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).
Explicó que la investigación, producto de 15 años de seguimiento de casos, desde la frontera sur de México hasta Tijuana, termina con una serie de mitos en torno a la comunidad migrante.
El recorrido para los centroamericanos consta de 3 mil 640 kilómetros desde sus países de origen hasta la frontera norte de México, con una duración promedio de 95 días, tiempo en el que la exposición a los riesgos de sufrir accidentes o algún problema de salud, son excesivos.
Tras la implementación del Plan Frontera Sur –que impide que los migrantes viajen sobre el tren de carga (conocido como La Bestia)–, el número de migrantes en casas y albergues que están ubicados cerca de las vías del tren disminuyó de manera significativa.
De acuerdo con la muestra seleccionada para hacer el estudio, seis de cada 10 migrantes enfermos o víctimas de algún accidente recurrieron a algún servicio de salud, pero el 88.3 por ciento fue atendido en los consultorios que casas o albergues migratorios han ido implementado ante una necesidad creciente de atender a las víctimas.
Sólo el 1.8 por ciento utilizaron algún servicio gubernamental, debido a la desconfianza o miedo de los migrantes de acercarse a los servicios públicos, o también por la falta de dinero.
“Los equipos de las casas y albergues han desempeñado un papel fundamental, pues han desarrollado redes formales e informales en coordinación con servicios locales de salud para resolver todo tipo de obstáculos: económicos, falta de disponibilidad de insumos y medicamentos, saturación de camas, entre muchos otros”, se puede leer en el estudio.
Una de las conclusiones del estudio intenta dejar en claro que la atención a los migrantes no debe ser considerado como un gasto excesivo ni mucho menos crear sistemas de salud exclusivos para esa población. En las zonas fronterizas del estado de Chiapas, por ejemplo, se documentó que el número de atenciones no representa más de 1 por ciento, y en la mayoría de los casos sólo se requieren auxilios básicos.
LOS MIGRANTES NO SON ENFERMOS
El estudio binacional tiene una premisa de base: los migrantes siempre han sido percibidos por la población como un grupo portador de infecciones o enfermedades y que, por ende, a donde lleguen habrá enfermedades.
“A los centroamericanos que transitan por México rumbo a Estados Unidos se les atribuye, según lo han consignado algunos medios de comunicación, la propagación del VIH y otras enfermedades como dengue, paludismo y chikungunya. Sin embargo, debemos decir que la transmisión de este tipo de enfermedades no se explica por la presencia de migrantes”, expone el informe.
Pero de acuerdo con un mapeo realizado por los investigadores, las causas de dichas enfermedades están más vinculadas a las condiciones climatológicas, un presencia endémica y/o las condiciones de pobreza.
Incluso se tiene la evidencia de que los migrantes centroamericanos pueden ser individuos más sanos que los locales, además de que tienen la capacidad para manejar condiciones adversas.
“Son las condiciones en las que se migra y no la migración en sí misma lo que determina la situación de salud de los migrantes. No hay diferencias significativas en la salud de los migrantes y los mexicanos. El 17 o 18 por ciento de los migrantes, al entrar a México, presentan la misma frecuencia a enfermarse que los mexicanos. No son un grupo enfermo. Están sanos como los mexicanos y enfermos como los mexicanos. El tema está en el tránsito”, destacó Leyva en la presentación del informe.
Según la Encuesta Nacional de Salud, los migrantes resintieron 2.1 veces más probabilidades de enfermarse que los habitantes locales. Las enfermedades que más padecen son respiratorias (47.1 por ciento) y gastrointestinales (8.7 por ciento). Le siguen la micosis (7 por ciento), deshidratación (5 por ciento), heridas y accidentes (2.9 por ciento) y otros no especificados (6 por ciento).
Estos padecimientos son resultado de las condiciones de su viaje a Estados Unidos, los cambios de alimentación, los cambios de clima extremos, un acceso limitado a agua potable, las caminatas durante días completos y el dormir a la intemperie.
Está también el registro de los migrantes con problemas de salud mental, como el estrés postraumático, enfermedad que se manifiesta con angustia, ansiedad y depresión.
“Este padecimiento está relacionado con el llamado ‘duelo migratorio’, así como con las condiciones de violencia psicológica, física y sexual a las que las personas se enfrentan a su tránsito por el país”, explican los especialistas.
