Para no pocos el “arte” de hacer política se cifra en la capacidad y la astucia para mentir, si eso conduce al anhelado poder, donde luego se deshonra la palabra empeñada. Esa práctica contribuye a deteriorar la escena pública y, especialmente, a los políticos con poder que se tienen que tragar sus compromisos, sus promesas, las que una vez los hizo atractivos frente a los electores a quienes les pidió el voto legitimador del triunfo. Está tan arraigado esto que nadie cree que política y mentira sean dos cosas diferentes.

En México los políticos no entienden que se pueden reservar sus opiniones, escoger el momento para hablar sobre agendas sensibles que reaccionan en la sociedad tan pronto se percibe la falacia articulada con dolo. Es lo que vemos ahora que se ha promulgado de facto el estado de excepción con el decreto del 11 de mayo signado por López Obrador y a partir del cual las fuerzas armadas pasarán a llevar a cabo las tareas de seguridad pública que por principio están reservadas a los brazos civiles de ese estado.

El Presidente nos mintió a todos los mexicanos cuando ofreció retirar a los soldados y marinos a sus cuarteles; sabía que había un clamor generalizado que le exigía, a la par, postular el fortalecimiento civil del gobierno, pero porfió en la rentable falsedad para cosechar votos.

Somos un país donde la parte sustantiva de la Constitución se supedita a los artículos transitorios, producto de un Poder Legislativo adicto y docto en la parchología más ruin, lo que ahora le permite al presidente aparecer como investido de “facultades habilitantes”, para ordenar sin sujetarse al alto principio de fundar y motivar sus decisiones. Cree que con enumerar requisitorias ya las satisfizo, y eso lo permite un Congreso que ha abdicado de sus atribuciones para representar a la nación. En realidad en ese Congreso no se representan ni a sí mismos.

No se decretó el estado de excepción conforme al artículo 29 por lo engorroso que le resulta al presidente el trámite congresional y la obligada revisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero aún más por las limitaciones que impone en materia de derechos humanos y garantías, por ejemplo la legalidad, el respeto a lo judicial, la proporcionalidad. Parece decirnos: “limitaciones al poder, ¡nunca!”.

He escudriñado el decreto y no encuentro las razones extraordinarias que lo sustenten, válidas y certeras o no. Tampoco encuentro los mecanismos para que las fuerzas armadas estén reguladas, fiscalizadas, subordinadas al brazo civil, y la complementariedad que se busca en la seguridad pública. No están en ninguna parte. Semeja un decreto de una monarquía petrificada y socarrona como la que existió en Rusia hasta 1917 y que se extendió bajo otros propósitos tiempo después.

Lo que tenemos hoy es inédito en nuestra historia reciente: el ejército me puede detener donde se le pegue la gana, revisar mis papeles y pertenencias y participar de diligencias de trascendencia judicial en las que no tiene ni la más mínima facultad. Pareciera que el gobierno federal se prepara para una insurgencia post COVID-19. Es, además, la confesión de que la Guardia Nacional fracasó o nació muerta y sólo fue el barniz para militarizar la república, con un agravante: el decreto ni siquiera dice cómo se va a fortalecer a esta institución desnaturalizada de nuestra tradición constitucional.

No está de más señalar que en la realidad la Guardia Nacional depende organizativa, por cadena de mando y presupuestalmente de los militares, que van acumulando tantos y tantos poderes y encargos que muy pronto se van a convertir en los indispensables y pensarán en la asunción del poder. Estamos corriendo el riesgo de que la Cuatroté nos traslade al siglo XIX mexicano.

Hablo de una mentira, pero no es la única. Para que pasara la creación de la Guardia Nacional se transigió en el artículo 5o transitorio (fue como un candado que estableció que el presidente “podrá”, no lo obligó), y este pasó a ser, ni más ni menos, el artículo clave de la Constitución en este delicado tema. El Congreso quedó a merced del Ejecutivo y eso es una gran pérdida que se evidencia en el silencio cómplice de diputados y senadores de la mayoría. Se trata de un “relajamiento constitucional” que, pensando en las condiciones del pasado, llevó a la tiranía de Porfirio Díaz, periodo de nuestra historia en el que presidente presume de “experto”.

La rama encargada de derechos humanos de Naciones Unidas ya levantó su voz en contra de esto, con moderación y rigor en los argumentos. Esa razón la extrae de la experiencia misma de más de una década que hemos tenido en México a partir de 2008 y de sentencias señeras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos emblemáticos como el de la familia Alvarado, de Buenaventura, Chihuahua. A su vez, los mejores juristas del país han cuestionado el decreto con lujo de argumentos críticos frente a los cuales el poder queda mudo en la típica conducta que asume el mentiroso, luego de ser evidenciado en cada una de sus falacias y engaños.

Supongamos que el decreto pasara sin pena ni gloria y se agotaran los años dispuestos por el artículo 5o transitorio (27 de marzo de 2024): habremos quedado más atrás de donde se empezó con la Guardia Nacional, porque ésta sólo será un apéndice del ejército y de políticos camaleónicos, como el secretario Arturo Durazo y sus mentiras e ineficacias comprobadas. Nos veremos como la mula de noria o trapiche: dando vueltas y vueltas para quedar siempre en el mismo lugar.

Este tema tiene su historia en el país. Cómo no recordar la primera ley, pulcra, dictada durante la República restaurada en la época de Juárez para tramitar un estado de sitio. A contrapelo de eso, luego vinieron, en ausencia del Congreso y al contentillo de partidarismos, nefastas disposiciones sin ton ni son, como las que ahora se inauguran.

La moraleja que encuentro en esto la resumo así: me mentiste antier, ayer de nuevo, ¿qué motivos tengo para entregarte mi confianza? Y es que, como dijo el secretario Florentino: “…quien lo quiere todo no se contenta con sólo una parte”.

Jaime García Chávez

Político y abogado chihuahuense. Por más de cuarenta años ha dirigido un despacho de abogados que defiende los derechos humanos y laborales. Impulsor del combate a la corrupción política. Fundador y actual presidente de Unión Ciudadana, A.C.

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Jaime García Chávez

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Político y abogado chihuahuense. Por más de cuarenta años ha dirigido un despacho de abogados que defiende los derechos humanos y laborales. Impulsor del combate a la corrupción política. Fundador y actual presidente de Unión Ciudadana, A.C.

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