La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció que el gabinete del Presidente interino de Brasil, Michael Temer, se compone en su totalidad por hombres blancos, no incluyó ni mujeres ni afrodescendientes. Por otra parte, Temer anunció un recorte a programas de corte social.
Washington, 18 may (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó hoy su «profunda preocupación» ante algunas decisiones adoptadas por el presidente interino de Brasil, Michel Temer, que «representan un retroceso y tienen un impacto negativo» en la protección y la promoción de los derechos humanos en el país.
En un comunicado, la Comisión denunció «la designación de un gabinete de ministros que no incluye a ninguna mujer ni a ningún afrodescendiente», así como el anuncio del Gobierno interino «de aplicar una reducción de los fondos destinados a los programas sociales de vivienda, educación y combate a la pobreza».
«La designación de un gabinete de ministros que no incluye a ninguna mujer ni a ninguna persona afrodescendiente deja excluidos de los más altos cargos del Gobierno a más de la mitad de la población del país. La última vez que Brasil tuvo un gabinete sin mujeres ministras fue durante la dictadura militar», señala la CIDH.
De acuerdo al Instituto de Investigación Económica Aplicada del Gobierno federal de Brasil, argumenta la Comisión, los hombres blancos, que ocupan la totalidad de los cargos ministeriales del país, representan el 21,9 % de la población.
Los grupos que quedaron excluidos del gabinete de Michel Temer son mujeres (51,4 %) y hombres no blancos (26,7 %), añade la CIDH, organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington.
«Asimismo, resulta alarmante la eliminación del Ministerio de la Mujer, Igualdad Racial y Derechos Humanos, el cual quedó subsumido como una secretaría dentro del Ministerio de Justicia», apunta la CIDH.
Sobre el anuncio de «reducir los fondos para programas sociales», la Comisión recordó «el principio de progresividad y no regresividad en materia de derechos económicos, sociales y culturales».
«En virtud de la obligación de progresividad establecida en el Protocolo de San Salvador, ratificado por Brasil en 1996, en principio le está vedado al Estado adoptar políticas, medidas, y sancionar normas jurídicas, que sin una justificación adecuada, empeoren la situación de los derechos económicos, sociales y culturales de los que goza la población», sostiene la CIDH.
«La precarización y empeoramiento de esos factores, sin debida justificación por parte del Estado, supone una regresión no autorizada por el Protocolo», agrega.
En la actual situación de interinidad, tras haber sido suspendida la presidenta Dilma Rousseff por el Senado la semana pasada, la Comisión «hace un llamado al Poder Legislativo a actuar estrictamente dentro del marco de la ley y con apego a los principios del derecho internacional de los derechos humanos».
En este sentido, la CIDH recuerda el Artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Ese punto indica: «La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto». EFE
