«Las juventudes somos percibidas como personas inmaduras y que no están listas para tomar decisiones por sí mismas. Sin embargo, la historia demuestra lo contrario», dijo Amelia Arreguín Prado, directora general de EcoMaxei AC y coordinadora de Red Oja.
Ciudad de México, 18 Abril de (SinEmbargo).- Jóvenes mexicanos exigen ser considerados y escuchados en el análisis de la iniciativa de Ley Forestal promovida por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aprobada por la Cámara de Diputados sin la previa realización de una consulta pública.
Durante el foro “Hacia un análisis de las implicaciones de la Minuta de Ley Forestal” realizado en la sala de la Comisión Permanente en el Senado de la República, Amelia Arreguín Prado, directora general de EcoMaxei AC y coordinadora de la Red de Organización de Jóvenes pro Ambiente, Red Oja, se pronunció a favor de la participación de los jóvenes en el análisis sobre la Ley mencionada.
«Las juventudes somos percibidas como personas inmaduras y que no están listas para tomar decisiones por sí mismas. Sin embargo, la historia demuestra lo contrario: cuando participamos fomentamos la autonomía, la transparencia, la adaptación y la flexibilidad para llegar a acuerdos», dijo.
La propuesta promovida por el PVEM ha sido criticada por distintas organizaciones de la sociedad civil por considerar que el manejo de los bosques es arrebatado de las comunidades, con lo que los ecosistemas se verían afectados. Por ello, la iniciativa de encuentra sometida al análisis en foros.
En entrevista para SinEmbargo, Arreguín Prado subrayó la «urgente» necesidad de institucionalizar y garantizar la participación de las juventudes en el diseño, seguimiento y evaluación de la política forestal, «ya que de no hacerlo se perdería el talento de cientos de jóvenes especialistas y ambientalistas que buscan mejorar las condiciones de los bosques de nuestro país».
Asimismo reconoció como positivo del proyecto, la sustitución del Sistema Nacional Forestal por el Sistema de Información y Gestión Forestal, cuya construcción y permanente actualización, señaló, «es punto clave para la correcta implementación de la política forestal, así como la incorporación del concepto y definición de cultura forestal; principalmente por retomarla como uno de los principales objetivos de la Ley».
La joven coordinadora de la Red Oja que alberga más de 19 organizaciones que trabajan a favor de los bosques, destacó que al garantizar un espacio específico para los jóvenes en el Consejo Nacional Forestal y en los Consejos Estatales Forestales, se podrían realizar acciones en beneficio del medio ambiente.
Por si fuera poco, alertó que de aprobarse la iniciativa propuesta por el partido del tucán sin ser debidamente analizada, repercutiría en la reducción de las atribuciones del Consejo Nacional Forestal (CONAF) únicamente a emitir opiniones y en el caso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional Forestal (Conafor) no estarían obligadas a tomar acciones, sino a limitarse a un trabajo como observadores.
Finalmente, señaló que el futuro de los jóvenes que representan cerca del 29 por ciento de la población mexicana está «amenazado» por múltiples conflictos ambientales y serán quienes tendrán la responsabilidad de solucionarlos. Por ello enlistó cuatro puntos que a su parecer deberían ser incorporados en la Ley Forestal:
• Observar las Salvaguardas en la totalidad del texto legal y no solo en el capítulo de Servicios Ambientales; y en la misma línea reconocemos la urgencia de la creación del Sistema Nacional de Salvaguardas y del Sistema de Información Nacional de Salvaguardas.
• Privilegiar el manejo forestal comunitario como modelo probado de producción y conservación simultánea, retomando técnicas agroforestales y silvopastoriles.
• Fortalecer y aplicar de forma adecuada los instrumentos económicos existentes, así como nuevas opciones, para fomentar el desarrollo forestal sustentable. Para lo cual es imperante rendir cuentas de forma regular y con total transparencia.
• Garantizar espacios para la participación de jóvenes, mujeres, y personas indígenas y de comunidades locales en el Consejo Nacional Forestal y en los consejos estatales, y que estos órganos tengan un carácter deliberativo y con funciones de seguimiento y vigilancia a la política pública forestal.
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