A través de un comunicado, el organismo autónomo informó que detectó «algunas posibles inconstitucionalidades» y que fueron coincidentes con algunos de los argumentos planteados por organismos políticos y organizaciones no gubernamentales ante esa institución, a las que les preocupaba «la restricción a los derechos de reunión, asociación y libertad de expresión, entre otros». Desde su aprobación, la ley generó críticas de organizaciones sociales que vieron en ésta la intención del Gobierno del Estado de México de reprimir los movimientos sociales y de pretender ser un experimento para luego replicarla en otras entidades federativas.
Ciudad de México, 18 de febrero (SinEmbargo).– La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) promoverá ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una Acción de Inconstitucionalidad, en contra de diversos artículos de la recién aprobada Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, mejor conocida como «Ley Eruviel».
A través de un comunicado, el organismo autónomo informó que detectó «algunas posibles inconstitucionalidades» y que fueron «coincidentes» con argumentos planteados por organismos políticos y organizaciones no gubernamentales, a los que les preocupaba «la restricción a los derechos de reunión, asociación y libertad de expresión, entre otros».
La institución encabezada por Luis Raúl Gonzalez Pérez señaló que «el uso de la fuerza, si bien es cierto, sirve para garantizar la sana convivencia y respeto entre las personas, también lo es, que debe garantizar la protección más amplia del ejercicio de los derechos humanos de todos».
La CNDH señaló que junto a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CEDH) se dio a la tarea de realizar un análisis integral de la misma, contrastándolo con la Constitución y con los instrumentos internacionales que sobre la materia existen.
«La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como último y máximo intérprete de la Constitución, decidirá sobre la validez de la norma impugnada o sobre su interpretación conforme, pues con la correspondiente definición que el Supremo Tribunal haga, existirá certeza jurídica, tanto para los elementos de las instituciones de seguridad encargados de aplicar la Ley, como para las personas que de manera libre ejerzan sus derechos humanos.», señaló el organismo.
El pasado 18 de febrero, el Congreso del Estado de México avaló la iniciativa enviada por el Gobernador mexiquense que avala el uso de la Fuerza Pública durante manifestaciones públicas.
El artículo 8 de la legislación faculta el uso de armas letales a los agentes policiacos en casos “estrictamente inevitables”.
“Cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida de las personas y la del elemento, éstos podrán hacer uso intencional de armas letales. Sólo se emplearán armas de fuego en defensa propia o de terceros, en caso de peligro inminente de muerte, lesiones graves o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad o por impedir su fuga, así como en el caso de resultar insuficientes las medidas menos extremas para lograr dichos objetivos”, detalla el artículo.
La legislación detalla también que el uso de la fuerza pública podrá aplicarse en asambleas, reuniones o manifestaciones que se realicen en lugares públicos y que se vuelvan violentas.
La “Ley Eruviel” permite también el uso de esposas rígidas, semirrígidas, candados de pulgares y cinturones plásticos; y de armas intermedias como el bastón PR-24, tolete o su equivalente. También avala el uso de dispositivos de descargas eléctricas, inmovilizadores, sustancias irritantes en aerosol, equipo autoprotector, como cascos, chalecos y medios de transporte a prueba de balas.
Desde su aprobación, la ley generó críticas de organizaciones sociales que vieron en ésta la intención del Gobierno del Estado de México de reprimir los movimientos sociales y de pretender ser un experimento para luego replicarla en otras entidades federativas.
José Antonio Lara Duque, abogado y coordinador general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), consideró que “la Ley no es ningún instrumento apegado a derechos humanos, pues lo único que podría dejar es que haya ejecuciones extrajudiciales. En especial, asesinatos contra personas defensoras de derechos humanos, y lo peor de todo, serán homicidios legalizados”.
“Nuestra valoración [de varios frentes en defensa del territorio] es que esta Ley no es más que un experimento, el cual están intentado imponer en esta entidad [el Estado de México], y si resulta lo van a intentar imponer en otras entidades del país, o incluso a nivel federal. Y eso es bastante preocupante”, expuso Lara.
