La pena fue emitida por Edgard Altamirano, en el Complejo Judicial de Managua. Además ordenó también 210 años de cárcel para el Pedro Mena y 159 con 3 meses para Orlando Icabalceta, ambos líderes campesinos que, junto con Mairena, participaron en protestas antigubernamentales desde 2013.
Ortega, quien lleva doce años en el poder de manera continua, no acepta responsabilidad en la crisis ni tampoco los señalamientos generalizados sobre graves abusos de las autoridades contra los manifestantes antigubernamentales, y denuncia ser víctima de un intento de «golpe de Estado fallido».
Managua, 18 de febrero (EFE).- El líder campesino Medardo Mairena, quien en 2018 participó en protestas contra el Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, pagará una pena de 216 años de prisión por terrorismo y otros delitos, informó este lunes la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
La pena fue emitida de forma sorpresiva esta mañana, por el titular del Juzgado Noveno de Distrito Penal de Juicio, Edgard Altamirano, en el Complejo Judicial de Managua.
Altamirano, descrito por medios nicaragüenses como un fiel a Ortega, ordenó en el mismo juicio 210 años de cárcel para el Pedro Mena y 159 con 3 meses para Orlando Icabalceta, ambos líderes campesinos que, junto con Mairena, participaron en protestas antigubernamentales desde 2013.
«Las penas son irrisorias, son del triple de lo que pidió la misma Fiscalía, que solicitó 73 y 63 años, a pesar de que la pena máxima en el país son 30 años», cuestionó el abogado defensor Julio Montenegro, quien dijo además que no fue citado por el juez Altamirano, para presenciar la audiencia.
Los líderes campesinos fueron inculpados anoche por los delitos de terrorismo, robo agravado, daños agravados, secuestro y entorpecimiento de servicios públicos.
El 18 de diciembre pasado, cuando los campesinos fueron declarados culpables, Montenegro señaló que el juez no incluyó los alegatos finales del caso, debido a que supuestamente ya había redactado el fallo, desde antes del inicio de la audiencia.
Los líderes rurales, detenidos el 13 de julio pasado, son miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, la contraparte del Gobierno en un diálogo para superar la crisis que fue suspendido de forma indefinida en julio pasado, después de que grupos oficialistas atacaron a obispos de la Iglesia católica, quienes actuaban como mediadores.
Las protestas contra Ortega alcanzaron su pico entre abril y julio pasados en toda Nicaragua, tras lo cual el Gobierno realizó acciones violentas que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha identificado como crímenes «de lesa humanidad».
Desde abril pasado la crisis sociopolítica de Nicaragua ha dejado entre 325 y 561 muertos, de 340 a 767 detenidos, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio, según organismos humanitarios.
Ortega reconoce 199 muertos y 340 detenidos a los que llama «terroristas», «golpistas» y «delincuentes comunes».
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la CIDH han responsabilizado al Gobierno de «más de 300 muertos», así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.
Ortega, quien lleva doce años en el poder de manera continua, no acepta responsabilidad en la crisis ni tampoco los señalamientos generalizados sobre graves abusos de las autoridades contra los manifestantes antigubernamentales, y denuncia ser víctima de un intento de «golpe de Estado fallido».
