México

Senadores y diputados impugnan en contra de la Ley de Seguridad Interior ante la SCJN

18/01/2018 - 3:44 pm

El Senador detalló que ya se juntaron las 43 firmas que se necesitan para imponer una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Seguridad Interior, las cuales, serán llevadas a las 10:00 horas a la Suprema Corte el día de mañana.

Asimismo, diputados de Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Morena y Movimiento Ciudadano presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad contra la polémica Ley de Seguridad Interior, al considerar que «está plagada de violaciones constitucionales».

Ciudad de México, 18 de enero (SinEmbargo).- El perredista, Luis Sánchez Jimenez, informó que senadores de las bancadas del Partido Revolución Democrática (PRD), del bloque Movimiento Regeneración Nacional (Morena) – Partido de Trabajo (PT), y parte de Acción Nacional (PAN), firmaron en contra de la Ley de Seguridad Interior para así poder impugnar ante la Suprema Corte e justicia de la Nación (SCJN).

El Senador detalló que ya se juntaron las 43 firmas que se necesitan para imponer una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Seguridad Interior, las cuales, serán llevadas a las 10:00 horas a la Suprema Corte el día de mañana.

Las 43 firmas de los 128 senadores son el requerimiento mínimo para que los Magistrados puedan tomar acción en contra de una Ley y así poder impugnar en su totalidad la Ley promulgada en diciembre.

DIPUTADOS IMPUGNAN ANTE LA SCJN

Hoy mismo, diputados de los principales partidos opositores de México presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad contra la polémica Ley de Seguridad Interior, al considerar que «está plagada de violaciones constitucionales».

Integrantes de los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional , de la Revolución Democrática, Morena y Movimiento Ciudadano impugnaron 28 de los 34 artículos de la ley, aprobada por el Congreso y promulgada en diciembre por el presidente Enrique Peña Nieto.

La norma, que establece los parámetros para la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, «invade la esfera de competencia de los estados y municipios en las obligaciones que les son impuestas», según los legisladores.

Los diputados señalan, entre otros aspectos, «la ausencia de facultades del Ejecutivo» para emitir las declaratorias de Protección de la Seguridad Interior sin que exista una petición expresa por parte de los estados.

Asimismo, denuncian que toda la información que se genere con motivo de la aplicación de la ley quede reservada, porque esto es «contrario al principio de máxima publicidad».

Los legisladores señalaron que ha sido «un grave error y un abuso de las mayorías en ambas cámaras» la aprobación de la ley sin haber escuchado a todas las voces que hicieron referencia a la presencia de elementos inconstitucionales.

Afirmaron que estarán pendientes de la resolución de la Suprema Corte y reiteraron que la ley «está lejos de ser la que el país necesita».

Gran parte de la sociedad civil se ha pronunciado contra la norma, a la que señalan de perpetuar la tarea que los militares llevan desempeñando en las calles desde hace una década.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) anunció esta semana que también interpondrá una acción de inconstitucionalidad contra la ley, la cual, a su entender, vulnera el derecho de acceso a la información.

Asimismo, la SCJN ya admitió a trámite otro recurso presentado por San Pedro Cholula, en el central estado de Puebla, en el que el municipio considera que la ley viola su autonomía.

La Ley de Seguridad Interior fue avalada por la madrugada del 16 de diciembre en el Senado de la República, con 71 votos a favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus aliados de Acción Nacional (PAN) y de Verde Ecologista (PVEM), y con 34 en contra de la oposición, además de tres abstenciones. La votación se dio luego de más de 12 horas de discusión.

Ese mismo día, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que estaba en proceso de preparar un estudio de acción de inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior y exhortó el Ejecutivo Federal para que formule observaciones a la norma.

La ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 21 de diciembre.

Las fracciones parlamentarias de oposición también coincidieron en la necesidad de presentar una acción de inconstitucionalidad.

El pasado 16 de enero, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de México anunció que interpondrá una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior, al considerar que vulnera el derecho de acceso a la información.

En un comunicado, el órgano informó hoy que impugnará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) los artículos 9 y 31 de esa ley.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), Human Rights Watch y Amnistía Internacional son algunos grupos que desde el exterior del país han alertado que la Ley de Seguridad garantizará más violaciones a derechos humanos, desapariciones forzadas y ejecuciones extraoficiales.

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