Más de 68 millones de pesos que serían destinados para los damnificados de los sismos de septiembre de Oaxaca y Chiapas no aparecen. Jodiendo a los más jodidos.

No es la primera vez que después de una catástrofe natural las autoridades aprovechan para robarle a los más pobres. Se repite cíclicamente en nuestra historia: noticias de desvíos de fondos públicos destinados a los damnificados. El huracán o terremoto es el pretexto perfecto para desaparecer dinero.

Según una investigación de Thelma Gómez, Miriam Castillo y Lucía Vergara de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), encontraron que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) detectó irregularidades en el programa de tarjetas para damnificados de los sismos en Oaxaca y Chiapas (los pobres de los pobres) que puso en marcha el Banco Nacional de Servicios Financieros (Bansefi).

La Comisión informó en su investigación que Bansefi –cuyo director es Virgilio Andrade, quien pasó a la historia como aquel funcionario que intentó explicar, sin lograrlo, el escándalo presidencial de la Casa Blanca-  emitió tarjetas a 1,495 damnificados/beneficiarios de su programa de atención. Para esas tarjetas Bansefi depositó 68.8 millones de pesos, suma nada despreciable para subsanar las necesidades más básicas de damnificados cuyo terremoto causó serios daños a sus humildes viviendas.

Hasta ahí todo parece estar dentro del marco de la ley. Sin embargo, en la lista de beneficiarios –aquellos a los que les tocaría parte de los 68 millones, aparecen nombres que se repiten 34, 26, 18, 16 y 14 veces (lo que indicaría que recibieron ese número de tarjetas). MCCI contactó a algunos damnificados cuyos nombres se repiten y pudieron corroborar que algunos de los damnificados no habían recibido ni una tarjeta o bien solamente una o dos pero no las decenas que dice la lista. Esto quiere decir que 68 millones no llegaron a manos de los damnificados como afirma la autoridad.

Mientras el dinero desaparecía, habitantes de Villaflores, Chiapas veían sus casas de adobe destruidas, los techos de teja vieja en el suelo y los muros con grietas tan grandes que solo preveían una futura tragedia. Peña Nieto llegó hasta ese poblado días después de los sismos prometiendo ayuda. Bansefi sería la institución encargada. Funcionarios de la institución bancaria dependiente de SHCP iban casa por casa levantando registros que después serían alterados para desaparecer el dinero destinado a los más pobres.

Peritos oficiales determinaban qué casas tenían que ser destruidas. Como el caso de Reynaldo a quien Bansefi le dijo que su casa tenía que ser demolida, que si lo hacía él entonces el dinero para la reconstrucción llegaría más rápido. Reynaldo decidió no hacer nada porque solo le dieron una tarjeta de 15 mil pesos y sabía que con eso no podría hacer prácticamente nada para levantar una casa más segura. Decidió reconstruir lo que pudo y resguardarse con su familia en su derruida casa a pesar del peligro que ello representa. Meses después la ayuda jamás llegaría. Reynaldo afirmó que sabía que no podía confiar en los que le dijeron que demoliera su casa.

Sin embargo, según la investigación de MCCI, “lo que Reynaldo no sabe es que su nombre aparece en 34 tarjetas, a las cuales se les depositó un total de 510 mil pesos”. Pero de la diferencia -495 mil pesos- a Reynaldo y su familia jamás les ha tocado nada. Según Virgilio Andrade, es una “incidencia”, no un fraude. Los damnificados claramente opinan diferente.

Mientras eso le sucedía a Reynaldo y a otros, José Antonio Meade era el Secretario de Hacienda y estaba informado sobre el reparto de tarjetas Bansefi a damnificados. Queda por resolver si de una operación de asistencia tan importante y relevante el Secretario tenía desconocimiento de los detalles. Difícil creer que Virgilio Andrade ideó y ejecutó el posible desvío de recursos para beneficiar algún partido político.

Sigue sorprendiendo que ante un atraco a los más pobres la sociedad sigue, pasmadamente, coleccionando anécdotas de corrupción que afectan directamente a los más pobres y no hacemos más que algún liviano gesto de indignación y aceptamos que el sistema actual se perpetuará ad eternum. Los pobres serán más pobres y el gobierno siempre robará. Parece ser que la aceptación es tácita.

“La investigación realizada por la CNBV, a la cual Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) tuvo acceso, detectó los mecanismos que se utilizaron para robar dinero de las tarjetas de débito que el Banco Nacional de Servicios Financieros (Bansefi) distribuyó entre los damnificados de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017.

Buena parte de los cargos se realizaron, incluso, antes de que se entregaran las tarjetas a los afectados por los terremotos. Y esto ocurrió porque Bansefi, instancia responsable de depositar el dinero del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) a las tarjetas y de repartirlas, carece de mecanismos que permitan prevenir fraudes en los plásticos que emite, de acuerdo con la investigación de la CNBV.

Hasta el pasado 22 de noviembre, 258 damnificados habían denunciado que las tarjetas entregadas por Bansefi registraban cargos que ellos no reconocían. La CNBV confirmó que 96.5% de esas tarjetas sí fueron hackeadas y se extrajeron a través de ellas, de manera ilegal, dos millones de pesos.

El fraude, sin embargo, podría ser mayor: la CNBV encontró que el mismo modus operandi se utilizó para realizar transacciones irregulares en cientos de tarjetas más, de las cuales no se tenía denuncia hasta el 22 de noviembre.”, dice la investigación de MCCI.

El intento de explicación de la autoridad es insatisfactorio. La ausencia de procuración de justicia únicamente provocará que se sume a la lista de hechos que fortalecen la impunidad de este país. Robarle a los más pobres parece ser que no es un delito lo suficientemente grave para tomarlo en serio.

¿Dónde está exactamente el dinero? No se sabe. ¿Por qué o para qué se clonaron las tarjetas y después se registraron cargos a éstas lejos de las localidades? No se sabe y probablemente nunca lo sabremos. Lo cierto es que una vez más la corrupción transita libremente e impávidos nos quedamos. Lo cierto es que los damnificados –en un importante número de casos- tendrán que reconstruir su vivienda bajo el olvido –al cual están acostumbrados- de las autoridades federales.

Necesitamos que nos importe el robo a los más pobres. Porque si decidimos no hacer nada al respecto, entonces perpetuamos el círculo vicioso de nuestra sociedad. Necesitamos pensar que el bienestar del otro es importante para el bienestar social. No son unos “pobres”, son nuestros pobres que necesitan nuestra ayuda después del sismo.

Darío Ramírez

Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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Darío Ramírez

Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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