Un tema en el que coinciden los precandidatos a la Presidencia de México, es en ignorar dos temas sustanciales que han colocado a México en la mira internacional y no por la vanguardia con la que se abordan, sino por la violencia y discriminación que los cruza: la migración y el asilo.

Esta indiferencia es un reflejo del desconocimiento de los pre – candidatos y de muchos políticos mexicanos en general, de la importancia que tiene para nuestro país el tema migratorio y de asilo. La situación geopolítica de México, coloca al país a nivel mundial como uno de los principales corredores migratorios y como el principal país de origen de migrantes. Dicho lo anterior, la simple responsabilidad moral, obliga al Estado Mexicano, a sus poderes de gobierno a colocar dichos temas como prioritarios dentro de la agenda pública. Y no esperar a coyunturas lamentables como la matanza en San Fernando, Tamaulipas, para poner a trabajar al aparato institucional.

No se ignora que hay avances en cuanto a los marcos normativos y programáticos que dan estructura a parte de la política migratoria y de asilo en el país, sin embargo a pesar de que hoy contamos con más leyes, programas de gobierno e infraestructura, eso no ha sido reflejo de una menor violencia y discriminación hacia la población migrante, solicitante de asilo y refugiada en México.

Cada vez parece haber más distancia entre las leyes, los programas, los discursos políticos y la vida cotidiana de la población en situación de movilidad. La realidad supera por mucho los pequeños avances que puedan tenerse y reta a los tomadores de decisiones a implementar medidas integrales, de avanzada y congruentes frente a las demandas que realiza nuestro gobierno al de  los Estados Unidos de Norteamérica en torno a los connacionales mexicanos.

Hoy el gobierno ejecutivo tiene una oportunidad, al ser junto con el gobierno de Suiza, co-facilitadores del proceso del Pacto Mundial para Migración de reorientar la narrativa negativa contra la población migrante, pero en particular de lograr dar un salto cualitativo y medible en los acuerdos que se logren. Los esfuerzos de la Cancillería mexicana en empujar una agenda en favor de los derechos humanos de las poblaciones en movilidad deben materializarse en acciones concretas que toca ejecutar desde otras trincheras, en particular desde la Secretaría de Gobernación y es ahí donde no ha habido la total claridad.

Ejemplos puntuales citaré dos que forman parte de las siete acciones “impulsadas” por el Presidente Enrique Peña Nieto en el marco de la Declaración de Nueva York[1]:

• Reforzar la presencia de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en aquellos sitios donde se registran mayor número de solicitudes. Por eso, incrementaremos en 80 por ciento el personal de la Comisión en los próximos meses.

La realidad es que la oficina de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) colapsó incluso antes del sismo del 19 de septiembre del 2017. La capacidad de respuesta frente al crecimiento de la demanda de solicitudes de asilo de más del mil por ciento, no fue manejable. La oficina del ACNUR México tuvo que intervenir con recursos para financiar puestos de personal de la COMAR. La respuesta de las autoridades post sismo fue emitir un Acuerdo de suspensión de términos y plazos en el Diario Oficial de la Federación,  vulnerando el derecho a recibir asilo y colocando en el limbo jurídico a miles de personas.  A la crisis de Haití, se suman la del Triángulo Norte de Centroamérica, la crisis de Venezuela y la suma sigue. La respuesta de la autoridad fue excusarse en el sismo y replegarse en vez de afrontar con determinación un tema en el que además asumió compromisos internacionales.

• Impulsar alternativas para evitar la detención administrativa de los solicitantes de refugio, en particular de niñas y niños. Trabajamos para que ningún menor de 11 años se encuentre alojado en una estación migratoria.

Se hizo un programa piloto, el cual es muy plausible, sin embargo a 18 meses de instalado el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA)  se ha criticado que la ley no previó recursos presupuestales para este tipo de instancias de protección. En los primeros  seis meses de 2017 fueron detenidas en Estaciones Migratorias en México 44, 307 personas, el 18% eran menores de edad (2,809 niñas y  5117 niños). Y dada la infraestructura, presupuesto y programas vigentes, en 2018 no podemos asegurar que la NO detención de menores de edad vaya a ser una realidad.

Pre – candidatos, candidatos y políticos mexicanos inmersos en la contienda electoral del 2018, cuál es su compromiso con las agendas de migración y asilo, por qué estos temas no tienen un espacio sustantivo en sus discursos, por qué son temas que evaden o bien a qué se debe que los ignoren? México necesita respuestas en muchas materias, pero sin duda una de las que serán cruciales para éste y próximos años, serán las que se den ustedes en la agenda de movilidad humana, la gobernabilidad de este país, sin duda también cruza por un mejor abordaje de dicha agenda.

1. [1] La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), adoptó el 19 de septiembre de 2016, una serie de compromisos para mejorar la protección de la población migrante y refugiada, estos compromisos se conocen como la Declaración de Nueva York sobre Refugiados y Migrantes.

Nancy Pérez / Sin Fronteras

Licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cuenta con maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto Dr. José María Luís Mora. Su área de especialidad es migración internacional. Actualmente cursa el doctorado en Economía Internacional en la UNAM. Desde 2011 es directora general de Sin Fronteras I.A.P. Es Consejera Honoraria de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, miembro del Consejo de Gobierno de Incide Social A.C. y desde 2012 es parte del Consejo Consultivo de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.

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Licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cuenta con maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto Dr. José María Luís Mora. Su área de especialidad es migración internacional. Actualmente cursa el doctorado en Economía Internacional en la UNAM. Desde 2011 es directora general de Sin Fronteras I.A.P. Es Consejera Honoraria de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, miembro del Consejo de Gobierno de Incide Social A.C. y desde 2012 es parte del Consejo Consultivo de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.

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