La SCJN argumentó que no hay una razón constitucional en prohibir la venta de las bebidas azucaradas a estudiantes universitarios, «que pueden diferenciar y decidir sobre la conveniencia o no de consumirlos». Ayer, el Poder del Consumidor lamentó que la Corte pretendiera dar luz verde a la empresa en medio de las epidemias de diabetes y obesidad reconocidas por el Gobierno federal.
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Ciudad de México, 18 de enero (SinEmbargo).– La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó la Compañía Embotelladora Del Fuerte, que trabaja para Coca-Cola, para poder vender sus productos en centros de estudios de educación superior, pese al reclamo de organizaciones sociales y las epidemias de diabetes y obesidad reconocida por el Gobierno federal.
A través de un comunicado, la Segunda Sala de la Suprema Corte dio a conocer que confirmó el amparo concedido a la empresa embotelladora de alimentos procesados.
La Corte detalló que la resolución considera que no hay una razón constitucional en prohibir la venta de este tipo de productos alimenticios a estudiantes universitarios, «que pueden diferenciar y decidir sobre la conveniencia o no de consumirlos».
Por mayoría de votos, la Sala confirmó la resolución del Tribunal Colegiado, que amparó a la empresa, y determinó que los efectos de la concesión son para que la quejosa pueda vender y distribuir sus productos en aquellas instalaciones en las que única y exclusivamente se imparta educación superior, «siempre y cuando se observen las disposiciones legales -federales, locales y municipales- que correspondan».
Y aclaró que las instituciones de educación superior compartan «instalaciones, aulas, lugares de recreo, esparcimiento, ejercicio o cualquier otro tipo de espacio con lugares a los que tengan acceso alumnos de educación preescolar, primaria, secundaria o media superior», entonces se mantendrán las restricciones «en aras de tutelar el interés superior del menor».
El 16 mayo de 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación un decreto en el que la Secretaría de Educación Pública (SEP) prohibió la venta y distribución de alimentos y bebidas en los planteles educativos que no cumplan con los criterios nutrimentales adecuados, elaborados por la Secretaría de Salud.
Hace un par de meses, el Gobierno de Enrique Peña Nieto, en un hecho inédito en la historia del país, emitió dos declaratorias de emergencia sanitaria por diabetes y obesidad, debido al grave problema de salud pública que representan estos padecimientos.
Ayer, Alejandro Calvillo Unna, director de la organización civil El Poder del Consumidor, exigió que la Corte reclamó que la intención de amparar a las compañias era un muestra de que se estaba «sirviendo a los intereses de las grandes empresas».
«En un país que se encuentra en una emergencia epidemiológica, en donde el 70 por ciento de la población sufre sobrepeso u obesidad, donde el sistema de Salud pública ya no puede enfrentar esta situación y específicamente cuando se sabe que el 70 por ciento de los azúcares añadidos consumidos por los mexicanos provienen de las bebidas azucaradas, el hecho de que la SCJN eche para atrás una regulación ya existente que limitaría la venta de estos productos en las universidades, únicamente estaría sirviendo a los intereses de las grandes empresas”, dijo en conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos).
Los integrantes de la organización señalaron que existe evidencia de que el 70 por ciento del consumo de azúcar en la dieta de los mexicanos proviene precisamente de las bebidas azucaradas. Y recordaron que el año pasado los fallecimientos por diabetes superaron los 96 mil, lo que puso a México con la mayor incidencia de muertes por esta enfermedad entre los megapaíses del mundo.
El Poder del Consumidor señaló que ingirir sólo una lata de refresco al día es suficiente para aumentar el riesgo de padecer obesidad en un 60 por ciento, y diabetes en más de 20 por ciento.
