La Presidenta interina Jeanine Áñez no ha logrado frenar la confrontación callejera. Un polémico decreto suyo que exime de responsabilidad penal a los militares que apoyan las tareas de seguridad interna fue condenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que además ha señalado que hubo uso desproporcionado de la fuerza pública en contra de manifestantes en Cochabamba.
La crisis estalló al día siguiente de las elecciones del 20 de octubre. Primero fueron protestas en las ciudades en contra de Morales, al que acusaron de montar un fraude electoral para reelegirse a un cuarto mandato. Tras la renuncia del mandatario el pasado domingo, ahora son sus seguidores que están movilizados en las calles y han bloqueado carreteras en contra de Áñez y para pedir al regreso de Morales.
Por Carlos Valdez, Luis Andrés Henao y Juan Karita
LA PAZ, Bolivia (AP).— En pleno pico de la crisis social y política que golpea a Bolivia, el Gobierno transitorio y grupos movilizados afines al ex Presidente Evo Morales buscaban abrir negociaciones tras dos jornadas de protestas violentas.
El Ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, era esperado en la ciudad de Cochabamba, en el centro del país, que vivió dos días de violencia entre fuerzas seguridad del ejército y la policía con cocaleros del Chapare, bastión de Morales.
Hasta ahora, los esfuerzos para declarar una tregua no han dado resultados. Mediadores de Naciones Unidas, la Unión Europea y la Iglesia católica buscan acercar a las partes.
Desde que estalló la crisis, al menos 23 personas han muerto y más de 700 fueron heridas según un informe del Defensor del Pueblo.
“No vayan a la confrontación hermanos, confíen en la Asamblea Legislativa. Estamos buscando una salida”, dijo con la voz entrecortada Sergio Choque, presidente de los diputados, y quien pertenece a la bancada del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Morales que controla la mayoría.
La Presidenta interina Jeanine Áñez no ha logrado frenar la confrontación callejera. Un polémico decreto suyo que exime de responsabilidad penal a los militares que apoyan las tareas de seguridad interna fue condenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que además ha señalado que hubo uso desproporcionado de la fuerza pública en contra de manifestantes en Cochabamba.
El decreto “no es una licencia para matar”, replicó el Ministro Justiniano.
La crisis estalló al día siguiente de las elecciones del 20 de octubre. Primero fueron protestas en las ciudades en contra de Morales, al que acusaron de montar un fraude electoral para reelegirse a un cuarto mandato. Tras la renuncia del mandatario el pasado domingo, ahora son sus seguidores que están movilizados en las calles y han bloqueado carreteras en contra de Áñez y para pedir al regreso de Morales.
Desde México, donde se halla asilado, Morales ha llamado a sus bases a movilizarse, lo que llevó al Gobierno a plantear un reclamo al Ejecutivo mexicano.
Las protestas obligaron a Morales a dimitir aduciendo golpe de Estado tras perder apoyo de la policía y de las fuerzas armadas después que una auditoria electoral de la OEA recomendara repetir los comicios tras comprobar irregularidades y falta de transparencia.
Los cortes de carretera están provocando escasez de combustibles y alimentos en las ciudades, principalmente a La Paz, donde se amontona la basura en las calles. Los mercados están desabastecidos mientras frutas y verduras se pudren en las regiones productoras, según diversos testimonios.
“Estamos viendo el fin de un ciclo político que duro casi 14 años (Gobierno de Morales) que está provocando incertidumbre y desorden y la transición podría prologarse hasta que emerja un nuevo proyecto político”, según el profesor de ciencias políticas en Bolivia, Marcelo Silva.
CIDH CONDENA DECRETO POR EXIMIR DE CULPA A MILITARES
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al nuevo Gobierno de Bolivia por emitir un decreto que “exime de responsabilidad penal” a los militares que participan en los operativos para restablecer el orden interno, en momentos en que el país pasa por una convulsión que ya ha dejado 23 muertos.
“El grave decreto desconoce los estándares internacionales de derechos humanos y por su estilo estimula la represión violenta… y contraviene la obligación de los estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones a los derechos humanos”, sostuvo el organismo a través de Twitter.
The Associated Press intentó infructuosamente contactar a alguna autoridad de Bolivia en busca de comentarios al respecto.
La norma fue aprobada la víspera, el día más violento desde que comenzó la crisis y que derivó en la muerte de al menos ocho cocaleros partidarios del ex Presidente Evo Morales.
“No es una licencia para matar de las Fuerzas Armadas”, aseveró el Ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, en conferencia de prensa. Explicó que el decreto se basa en el Código Penal, que señala que “si uno se defiende en defensa propia no tiene pena, precisamente eso ratifica lo que ya está establecido”.
Justiniano consideró increíble que la CIDH se haya pronunciado tan rápido respecto al decreto cuando hay otros temas por los que aún no contesta.
“Nosotros lo que queremos con este decreto es contribuir a la paz social, garantizar que se establezca un orden social”, agregó.
En tanto, el enviado de Naciones Unidas, Jeann Arnault, se reunió el sábado con la Presidenta interina Jeanina Áñez para contribuir al proceso de paz que buscan las partes con intervención de mediadores.
“Hay que ver por la protección de la vida, por encima de cálculos políticos, está la necesidad de apresurar una solución política”, dijo a los periodistas el sábado.
De acuerdo con la CIDH, en 25 días de convulsión social, 23 personas han muerto y 715 han resultado heridas.
El viernes varias personas murieron por heridas de bala.
“Hubo uso desproporcionado de la fuerza que debe investigarse”, declaró ante los medios Nelson Cox, representante del Defensor en Cochabamba _ciudad del centro de Bolivia en la que se registraron los hechos.
Cientos de cocaleros del Chapare, provincia bastión de Morales, llegaron a Cochabamba, pero un cordón militar-policial les cerró el paso. El viernes, los manifestantes rompieron la barrera y estalló la violencia.
El sábado, los cocaleros asesinados eran velados en la carretera cerca del sitio de los enfrentamientos.
La policía informó que a los manifestantes les fueron decomisados un fusil, gas lacrimógeno, petardos, canicas y hondas. Por su parte, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, afirmó el sábado que hay “grupos sediciosos” atizando la protesta con participación de “extranjeros”.
Cochabamba ha sido escenario de violentos choques entre cocaleros afines a Morales y organizaciones cívicas opositoras. Un estudiante murió a golpes en uno de los enfrentamientos anteriores.
La violencia se desató inicialmente tras acusaciones de fraude en las elecciones del 20 de octubre, en que Morales buscaba un cuarto mandato. Ahora las protestas son de grupos que piden su regreso y rechazan la elección de Áñez _quien deberá llamar a nuevas elecciones en tres meses.
“Morales está sacando gente armada del Chapare”, denunció Áñez el sábado. Desde México, donde se encuentra exiliado, Morales acusó a Áñez de reprimir al pueblo con apoyo militar.
La Presidenta interina anunció, sin detallar, “medidas constitucionales” para frenar la convulsión. Áñez no ha logrado hacer avances para pacificar el país, y mientras el conflicto se alarga, comienza a sentirse la escasez de combustible, alimentos y suministros _sobre todo en La Paz_ debido a los bloqueos que impiden el tránsito.
La Paz es también el centro de violentas protestas a favor de Morales.
El ex gobernante indígena salió exiliado a México alegando un golpe de Estado de la derecha después que una auditoria de la OEA ratificara irregularidades en los comicios y recomendara nuevas elecciones. Morales perdió el respaldo de los policías y de las fuerzas militares, lo que precipitó su renuncia a tres meses de completar su tercer mandato.
La Embajada de Argentina, con apoyo de gendarmes de ese país, ayudó a desalojar a cuatro periodistas de cadenas argentinas que denunciaron agresiones de parte de los manifestantes, según un comunicado de esa delegación. La Cancillería de Buenos Aires manifestó su preocupación por las denuncias.
En una entrevista con la AP en México el jueves, Morales dijo que aunque presentó su renuncia, el Congreso nunca la aceptó, por lo que se podría decir que “sigo siendo Presidente”.
Morales señaló que abandonó el cargo por la presión del ejército _ pues el jefe de las fuerzas armadas había “sugerido” su salida_ y por las amenazas de violencia contra sus colaboradores. Áñez rechazó su argumento.
Morales hizo una buena gestión económica, pero muchos bolivianos se desencantaron por escándalos de corrupción, presunto autoritarismo y su insistencia de aferrarse al poder.
