Este 14 de noviembre se cumplen dos años de que la Secretaría de Salud emitió una alerta epidemiológica por diabetes, sobrepeso y obesidad, una acción que se hizo sin el acompañamiento de medidas para paliar estas enfermedades, coincidieron especialistas.
De 2013 a 2018, durante la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, Diconsa SA de CV y Pepsico México S de RL de CV celebraron contratos –por adjudicación directa– por 864 millones 214 mil 291 pesos. Solo durante el mes siguiente del decreto de la epidemia, el Gobierno mexicano entregó, sin licitar, 189 contratos a Pespsico por 51 millones 407 mil 967 pesos por concepto de «abarrotes comestibles, según consigna el Portal de Obligaciones de Transparencia.
La empresa agroindustrial con presencia en territorio mexicano desde hace 101 años es propietaria de las marcas Pepsi, Sabritas, Gamesa, Quaker, Gatorade, Sonric’s y Obela. En un recorrido realizado en tres locales ubicados en el Estado y la Ciudad de México, SinEmbargo constató que las tiendas Diconsa comercializan todo tipo de productos comestibles, incluidos comida chatarra y bebidas azucaradas.
Ciudad de México, 17 de noviembre (SinEmbargo).- En un hecho sin precedentes, hace un par de años el Gobierno de México emitió una declaratoria de emergencia epidemiológica por tres padecimientos no transmisibles: diabetes, obesidad y sobrepeso, al considerarlos problemas muy serios de salud. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil han denunciado reiteradamente que la alerta careció de medidas para mitigarla. Y no sólo eso, también han señalado al propio Estado mexicano como uno de los principales responsables de la problemática.
Las bebidas azucaradas y la comida chatarra proliferan en supermercados, comercios de abarrotes, tiendas de conveniencia, puestos informales, farmacias y otros sitios como escuelas y hospitales. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha sido clara en el tema: existe relación entre el aumento de la cuota de mercado de productos ultraprocesados y la epidemia de la obesidad.
A pesar de lo anterior, estos productos también tienen presencia en establecimientos cuya venta está dirigida a uno de los sectores más vulnerables: personas en situación de pobreza. Las tiendas comunitarias de Diconsa, por ejemplo, ponen a disposición de quienes menos tienen, productos con bajo valor nutrimental y alto contenido calórico y aunque no la venta no proviene directamente de la empresa de participación estatal, sí permite la comercialización de estos productos en sus almacenes.
La misión de Diconsa –que opera el Programa de Abasto Rural con más de 27 mil tiendas fijas y 300 móviles en todo el país–, de acuerdo con lo que se lee en su página oficial, es «contribuir a generar la seguridad alimentaria de México, garantizando el abasto social de productos para que el Gobierno de la República cumpla con el derecho constitucional a la alimentación de sus habitantes».
En este contexto, de 2013 a 2018 –durante la administración del Presidente Enrique Peña Nieto–, Diconsa y Pepsico México S de RL de CV celebraron contratos –todos por adjudicación directa– por 864 millones 214 mil 291 pesos por concepto de abarrotes comestibles, harina para hot cakes, cereales en hojuelas, avena, galletas básicas y diversas, harina preparada y repostería, de acuerdo con la información de Contratobook, herramienta cívica que permite consultar contratos otorgados por autoridades mexicanas.
Sólo durante las semanas siguientes del decreto de la emergencia epidemiológica, entre el 15 de noviembre y el 29 de diciembre de 2016, el Gobierno mexicano –también por adjudicación directa– entregó 189 contratos a Pespsico por 51 millones 407 mil 967 pesos por concepto de «abarrotes comestibles», de acuerdo con el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT).
Pepsico, una empresa agroindustrial con presencia en el territorio mexicano desde hace 101 años, es propietaria de las marcas:
-Pepsi (Bebidas azucaradas): Pepsi, Pepsi light, Mirinda, 7 up, E-pura, Lipton, Ocean Spray).
-Sabritas (Botanas): Doritos, Tostitos, Ruffles, Cheetos, Rancheritos, Fritos, Sabritones, Churrumais, Crujitos.
-Gamesa (Galletas): Emperador, Mamut, Florentinas, Ricanelas, Crakets, Chokis, Saladitas, Marías.
-Sonric’s (Dulces): Rockaleta, Tixtix, Milch, Gudu.
-Quaker (Varios): avenas, cereales, harinas, galletas, granolas, barras.
-Gatorade: Bebidas isotónicas.
-Obela: Hummus.
En un recorrido realizado en tres locales ubicados en el Estado y la Ciudad de México, SinEmbargo constató que las tiendas Diconsa comercializan todo tipo de productos comestibles, en especial, comida chatarra y bebidas azucaradas.
Únicamente en uno de los establecimientos se encontraron frutas y verduras, y eso, solo en un pequeño espacio del inmueble, en el resto se hallaron anaqueles llenos de galletas, botanas, harinas, cereales azucarados y en los refrigeradores, refrescos, yogures y jugos llenos de azúcar. Aunque también se pudo observar la venta de alimentos enlatados, productos de limpieza del hogar como jabón, cloro, estropajos y de higiene personal entre los que se incluyen champú, pasta de dientes y crema corporal. En una de las tiendas, incluso se observaron distintas marcas de cigarros a la venta.
Al no contar con un patrón de beneficiarios, cualquier persona puede entrar a las tiendas comunitarias y adquirir los productos que allí se ofertan. Sólo en los últimos tres años han abierto 2 mil de las 27 mil tiendas comunitarias que hoy operan por todo el territorio mexicano.
La situación cobra relevancia, primero, porque el país está inmerso en una problemática de salud: 7 de cada 10 adultos y 3 de cada 10 niños y adolescentes viven con exceso de peso y 1 de cada 10, con diabetes, enfermedad no transmisibles que cobra la vida de 105 mil personas cada año, de acuerdo con cifras oficiales.
Y segundo, porque Diconsa «es una empresa de participación estatal mayoritaria que pertenece al sector de Desarrollo Social y tiene como objetivo garantizar el abasto oportuno de productos básicos y complementarios, a precios accesibles, en localidades de alta y muy alta marginación», según información que el equipo de Diconsa envió a este medio de comunicación con que el que evitó acceder a una entrevista.
Las encargadas de los establecimientos visitados coincidieron en que la principal diferencia entre una tienda común y una de Diconsa es un menor precio (en estas últimas) en productos de la canasta básica de la marca propia, es decir, harina de maíz, pasta enriquecida para sopa, aceite de soya, polvo para preparar bebida sabor chocolate, sal, galletas de animalitos, jabón de tocador, jabón de lavandería y detergente en polvo.
En dichas tiendas se ofrecen, además, varios servicios como buzón, venta de medicamentos básicos, productos regionales, tortillería, panadería, lechería y pago de servicios.
Al respecto, Alejandro Calvillo Unna, director de El Poder del Consumidor, una de las organizaciones no gubernamentales que más ha trabajado por el derecho a una alimentación de calidad, señaló que la política alimentaria de los últimos sexenios –por supuesto incluido el actual– ha favorecido el consumo de alimentos ultraprocesados que están ligados con la epidemia de sobrepeso, obesidad y diabetes. Con ello, indicó, las empresas se han enriquecido, mientras la salud pública ha sufrido un grave deterioro.
«La política alimentaria se ha entregado a estas grandes corporaciones […] Los programas sociales de nuestro país no promueven el consumo de alimentos saludables y locales», aseguró.
En el mismo sentido, el doctor Abelardo Ávila, investigador del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán, afirmó que «Diconsa ha sido objeto de presiones políticas como mercado de alimentos ultraprocesados que sí han generado el problema [de obesidad, sobrepeso y diabetes]».
