Ciudad de México, 17 (SinEmbargo/EFE).- El Consejo Ciudadano Para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (CCSSPJP) cuestionó hoy la línea de investigación del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014 y defendió al Ejército mexicano, al que calificó como «inocente».
El propósito de los expertos de la CIDH es «que los responsables de esta matanza, en su gran mayoría ya presos, queden impunes y en cambio se castigue a inocentes, específicamente a integrantes del Ejército», dijo el presidente de la ONG, José Antonio Ortega.
Los especialistas quieren «mantener en la oscuridad» el motivo por el que los jóvenes viajaron el 26 de septiembre de 2014 al municipio de Iguala, dijo en rueda de prensa en un hotel capitalino, a donde llegó un grupo de manifestantes para criticar la «manipulación» informativa.
La noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, decenas de estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa que se desplazaban en varios autobuses fueron atacados a tiros por policías en Iguala.
En los ataques murieron seis personas, entre ellas tres alumnos, y 43 estudiantes fueron detenidos por los policías y entregados a miembros del cártel de Guerreros Unidos, quienes presuntamente los asesinaron y quemaron en el basurero del municipio vecino de Cocula.
Sin embargo, los expertos de la CIDH concluyeron en un informe presentado en septiembre pasado que no había pruebas científicas que confirmaran que los jóvenes fueron incinerados en ese lugar, pidieron continuar la búsqueda y abrir nuevas líneas de investigación, incluida una relacionada con un autobús cargado de droga oculta.
Además, denunció trabas para entrevistar a los militares del 27 batallón de Iguala, una exigencia de los familiares de los jóvenes.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH (GIEI-CIDH) «desestima las revelaciones de los sicarios y jefes de Guerreros Unidos detenidos» sobre el móvil del crimen, cuando «consideraron la presencia de los normalistas como parte de una ‘invasión’ o provocación de Los Rojos, el grupo criminal rival», señaló Ortega.
Para la ONG, la relación con el crimen organizado de los alumnos de Ayotzinapa quedó probada tras la filtración de una supuesta conversación entre el portavoz estudiantil Omar García y un compañero la pasada semana, en la que el primero confirmaría la infiltración de la banda Los Rojos en la escuela.
Tras la filtración, García aseguró que la llamada fue «sacada de contexto», mientras que el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía), Omar Betanzos, reiteró que no existen pruebas que relacionen a los estudiantes de Ayotzinapa con ningún cártel.
No obstante, Ortega opinó que es una muestra más de que el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), una organización guerrillera, «siempre ha controlado y controla» Ayotzinapa.
Consultado por Efe, el GIEI explicó que no emitirá respuesta alguna a estas consideraciones, y que su misión es «seguir trabajando».
«Lo que pasó hoy es manipulación mediática», dijo a Efe el activista Vidal Estrada, quien protestó enfrente del hotel donde se realizó el acto representando al movimiento de los padres de los jóvenes.
Al no poder entrar en la sala, denunció que en el país hay un «cerco mediático» y, además, una «arbitrariedad» que impide al GIEI hacer su trabajo «sin complicaciones».
