La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) pidió también a la Contraloría General y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, ambas del Distrito Federal, que entreguen un informe sobre el estatus de sus investigaciones en el caso.
México, 17 Nov (Notimex).- El pleno de la ALDF pidió a la Secretaría de Protección Civil, a la Contraloría General y a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, un informe de la investigación que se lleva a cabo sobre el desgajamiento ocurrido en Santa Fe.
Además, solicitó a la Auditoría Superior de la Ciudad de México incorporar el caso en el Programa General de Auditorías.
A través de un punto de acuerdo presentado por el diputado perredista Iván Texta Solís, los asambleístas piden a la Secretaría de Protección Civil local informar sobre las acciones que lleva a cabo en la zona donde se registró el derrumbe.
En el punto de acuerdo, promovido por el también presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México de la ALDF, se pide emitir un reporte sobre la existencia de otras zonas de riesgos de desastre y las medidas que aplica para prevenirlos.
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) pidió también a la Contraloría General y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, ambas del Distrito Federal, que entreguen un informe sobre el estatus de sus investigaciones en el caso.
Texta Solís propuso que sea este organismo el que incorpore, dentro del Programa General de Auditorías correspondiente, las actividades llevadas a cabo por las instancias referidas en torno al desgajamiento ocurrido en la delegación Cuajimalpa.
Recordó que el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, anunció que se trabaja en la investigación del caso para identificar si existieron actos irregulares.
La Consejería Jurídica local también lleva a cabo estudio sobre la situación legal de los predios y la validez de los permisos de construcción.
En tanto, la Contraloría General, en coordinación con la Auditoría Superior de la Ciudad de México, indaga la actuación de los funcionarios públicos que intervinieron en el otorgamiento y aprobación de esos permisos.
A pesar de que se ha señalado que el Atlas de Riesgo de la ciudad está actualizado, abundó Texta Solís, llamó la atención que éste no haya permitido a la autoridad actuar con anticipación.
Por ello, dijo, se hace necesario también hacer una revisión puntual de ese documento para identificar otras zonas que por su ubicación geográfica son susceptibles de situaciones de este tipo.
En consecuencia señaló la importancia de los sistemas de prevención sobre protección civil, ya que se puede afectar a los menos favorecidos de esta ciudad.
Recordó que la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal establece que corresponde a la Secretaría de Protección Civil la elaboración, coordinación y vigilancia de la ejecución de los programas en la materia; así como la elaboración, operación, evaluación y actualización del Atlas de Riesgo.
La misma ley señala que la Contraloría General local debe verificar el cumplimiento de la labor como servidores y en todo caso el financiamiento de responsabilidades administrativas.