La AMDA pidió desarrollar un plan integral de movilidad para la Frontera Norte, en el cual se incluyan disposiciones jurídicas, administrativas y financieras que permitan dotar de un sistema integrado de transporte público, infraestructura urbana y saneamiento ambiental mediante el concurso de los tres niveles de Gobierno y de la Iniciativa Privada.
Ciudad de México, 17 de octubre (SinEmbargo).- La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) A.C. realizó un llamado al Presidente López Obrador a instrumentar políticas públicas para solucionar de raíz el fenómeno del contrabando de los “autos chocolate”.
AMDA aseguró que la regularización del contrabando automotriz será “un premio a las mafias criminales y a la burocracia corrupta que lo ejecutan y lo toleran” si no se realizan procedimientos administrativos y penales que castiguen a quienes se han enriquecido cometiendo delitos.
Ante dicha situación la AMDA pidió desarrollar un plan integral de movilidad para la Frontera Norte, en el cual se incluyan disposiciones jurídicas, administrativas y financieras que permitan dotar de un sistema integrado de transporte público, infraestructura urbana y saneamiento ambiental mediante el concurso de los tres niveles de Gobierno y de la Iniciativa Privada.
La Asociación también pidió cero tolerancia al flujo de vehículos en contrabando por los puertos fronterizos.
“Es indispensable acabar con la corrupción aduanera; así como equipar tecnológicamente los puntos de revisión vehicular para identificar los vehículos con placas sobrepuestas, alteraciones documentales y daños mecánicos visibles”, detalló en un comunicado.
AMDA exigió el estricto cumplimiento del anexo No. 8 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los gobiernos estatales, mediante el cual asumen responsabilidades para combatir el contrabando automotriz. Con ello eliminar el comercio tolerado de vehículos ilegales.
Además, se pidió refundar el Registro Público Vehicular (REPUVE) a través de la aprobación de una Ley General que le otorgue facultades plenas para ordenar el registro vehicular, hacer obligatorio el concurso de los gobiernos estatales y vertebrar los procedimientos de control vehicular federal y locales.
“En esta materia es urgente plasmar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2022 una partida suficiente para equipar al REPUVE y ampliar su capacidad de atención. Desde la aprobación de su Ley en septiembre de 2004 y hasta la actualidad el REPUVE no ha cumplido con las responsabilidades que la Ley le marca y los requerimientos que el país enfrenta, a pesar del compromiso y esfuerzo de sus trabajadores. La regularización del contrabando automotriz por motivos de seguridad pública sin un Registro Público Vehicular confiable será una falacia”, agregó.
Una vez que se publique el instrumento jurídico que fundamenta la regularización emprendida por López Obrador, se evaluará la pertinencia jurídica de emprender acciones de defensa ante el Poder Judicial de la Federación.
