López Obrador llegó al poder en diciembre pasado y pronunció un discurso de inicio de mandato en el que ofreció dar prioridad a los «vulnerables y desposeídos» para que en México se deje de condenar «a quienes nacen pobres a morir pobres».
Desde entonces, el mandatario ha lanzado programas emblemáticos para combatir el desempleo juvenil, apoyar a sembradores, transferir efectivo a personas de bajos ingresos y otorgar una pensión universal a adultos mayores y personas con discapacidad.
Por Pedro Pablo Cortés
México, 17 oct (EFE).- El Gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador, que llegó al poder con el lema de «primero los pobres», afronta el reto histórico de erradicar la pobreza en un país que arrastra problemas estructurales desigualdad extrema.
En el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, expertas consultadas este jueves por Efe ven claroscuros en las nuevas políticas destinadas a los 52,4 millones de mexicanos que viven en pobreza, un 41,9 por ciento del total de la población, según datos de 2018 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Aunque ve aspectos positivos en los nuevos programas sociales, la coordinadora de investigación en Oxfam México, Milena Dovalí, destaca la necesidad de una reforma fiscal progresiva, pues la «gran razón» de la pobreza «es la desigualdad extrema», ya que el 1 por ciento más rico del país concentra el 28 por ciento de la riqueza nacional.
«Por un lado tenemos estas élites influyendo en la política pública y en la regulación, lo que limita los recursos del Gobierno, y por otro lado tenemos que en México, si naces pobre, es muy probable que te quedes en esa situación por todas las barreras que tienes que enfrentar», expone la investigadora.
López Obrador llegó al poder en diciembre pasado y pronunció un discurso de inicio de mandato en el que ofreció dar prioridad a los «vulnerables y desposeídos» para que en México se deje de condenar «a quienes nacen pobres a morir pobres».
Desde entonces, el mandatario ha lanzado programas emblemáticos para combatir el desempleo juvenil, apoyar a sembradores, transferir efectivo a personas de bajos ingresos y otorgar una pensión universal a adultos mayores y personas con discapacidad.
Pese a los beneficios, Dovalí lamenta que se hayan eliminado programas sociales de otras Administraciones, como Prospera, que el crecimiento económico se estanque y que el presupuesto gubernamental para el próximo año no refleje las prioridades del combate a la pobreza.
«La inversión pública va a disminuir en 5 por ciento real, pero gran parte de estos recursos se van a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), (…) entonces dejan poco presupuesto para infraestructura social, especialmente en salud y educación», comenta la investigadora.
En esto coincide María José Alexander, consultora internacional de desarrollo social, quien menciona que los Gobiernos «han fallado» en reducir la pobreza en el país no porque los programas sean ineficaces, sino porque suelen utilizarse por los funcionarios públicos con fines electorales y de corrupción.
«El más grave problema que tenemos en México, en los programas de Gobierno, es la implementación, el monitoreo y la rendición de cuentas. Son programas que son buenos en teoría, pero que al final de cuentas no se implementan bien y no hay un seguimiento adecuado», detalla.
Por otro lado, María Fernanda Loya, directora de la asociación Misión del Nayar, enfatiza que la «deuda histórica» del Gobierno mexicano es resolver la «pobreza estructural» de los pueblos originarios, pues el 69,5 por ciento de los indígenas viven algún tipo de pobreza, según los últimos datos del Coneval.
«Con el tiempo, México se ha ido transformando y también la sociedad, pero las comunidades originarias siempre fueron segregadas, o sea, desde que inició como colonia y posterior también porque siempre se les vio como una sociedad aparte», detalla.
Loya precisa que la desigualdad se exacerba en la población indígena porque no tienen acceso a servicios de educación, salud y justicia en su idioma, además de que los funcionarios públicos tienen problemas para adaptarse a la multiculturalidad.
La activista percibe una nueva actitud del Gobierno con los pueblos originarios, como en la inclusión de funcionarios indígenas en organismos públicos, pero advierte que «el cambio real» aún no ha llegado.
«Todavía está ahí la problemática. Yo creo que el primer paso siempre para un cambio empieza por lo simbólico, entonces creo que sí es el inicio de que la comunidad indígena pueda cambiar su realidad, pero espero que no quede a forma de discurso», expresó.
