El pasado 10 de septiembre se dio a conocer que tanto Inés Gómez-Mont como Víctor Manuel Álvarez Puga fueron acusados de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, que ascienden a los tres mil millones de pesos (aproximadamente 150 millones de dólares), por lo que autoridades mexicanas emitieron una orden de aprehensión en contra de la pareja.
Desde hace años se habla del caso, pero es hasta ahora que hay indiciados. Santiago Creel Miranda dijo a SinEmbargo, en una carta que se anexa al final, que nadie de su familia tiene algo que ver con este caso tan sonado…
Ciudad de México, 17 de septiembre (SinEmbargo).– En la década de 1990, cuenta The New York Times, ayudaron a sus padres a administrar un pequeño puesto de comida familiar frente a una terminal de autobuses en el sur de México.
“Hoy, los hermanos Álvarez Puga, Alejandro y Víctor, se sientan en la cima de una consultora financiera multimillonaria, viajan en jets privados, poseen propiedades en Nueva York y se jactan de tener clientes en todo el mundo. Pero en lugar de una historia improbable de triunfo sobre las probabilidades, las autoridades aquí están investigando si la poderosa firma de los hermanos Álvarez Puga, que brinda servicios administrativos y asesoría fiscal a una larga lista de empresas ampliamente reconocidas, estableció un elaborado esquema para pagar impuestos y participar en otras prácticas fraudulentas”, agrega, en un texto de Karla Zabludovsky.
La investigación del Times, que data del 7 de febrero de 2012, ya alertaba sobre estos personajes y el velo sobre la evasión fiscal generalizada de la industria de la subcontratación y “sobre la profunda, a menudo cuestionable, relación entre negocios y política”.
Luego dice: “Un exgobernador del estado, Pablo Salazar Mendiguchía, se encuentra en prisión en espera de juicio, acusado, entre otros delitos, de aceptar 1.5 millones de dólares en dinero ilícito para dirigir negocios a la firma Álvarez Puga & Asociados, según el Gobierno del estado de Chiapas. Y en las últimas semanas, Interpol ha emitido ‘ficha roja’ en contra el director de la firma, José Antonio Aguilar Bodegas, exsenador, por delincuencia organizada y transnacional, y contra Alejandro Álvarez Puga, vicepresidente de la firma, sobre fraude bancario y otros cargos”.
“El caso ha hecho vibrar al mundo político debido a las conexiones de larga data de la empresa con los principales políticos. Santiago Creel, hijo de Santiago Creel Miranda, exsecretario de Gobernación que buscó la nominación a la Presidencia del partido en el poder [Acción Nacional, PAN], es un director prominente de la firma, aunque ninguno de los Creel ha sido implicado”, agrega el influyente diario.
La Fiscalía General de la República (FGR) señala a Álvarez Puga y una conductora famosa, Inés Gómez-Mont, como posibles beneficiarios del desvío millonario realizado desde Gobernación, durante la administración de Miguel Ángel Osorio Chong, actual Senador del PRI.
La FGR los acusa por su presunta participación en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado. El pasado 10 de septiembre, un Juez giró orden de aprehensión. Luego de que la dependencia mostrara que la pareja lleva tiempo fuera del país, pidió a la Interpol que fuera por ellos.
Inés Gómez-Mont Arena es sobrina de Fernando Gómez-Mont, exsecretario de Gobernación, y de Miguel Gómez-Mont, exdirector general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Foantur) durante el sexenio de Felipe Calderón.
Víctor Manuel Álvarez Puga es abogado y empresario. Él junto con su hermano Alejandro fundaron el despacho. Víctor Manuel es cercano a Juan Collado Modelo, esposo de la actriz Yadhira Carrillo y quien está detenido desde julio de 2019 en el Reclusorio Norte.
Animal Político dijo que la pareja compró una mansión valuada en 17 millones de dólares con patios, fuentes, un muelle privado con acceso directo al mar, gimnasio, un bar, una oficina y seis dormitorios. La mansión habría sido de la cantante Cher.
Víctor Álvarez Puga, el presidente de la firma, le dijo a The New York Times que su hermano y la firma “se estaban convirtiendo en objetivos como parte de una disputa política con el Gobierno de su estado de origen”.
“En nuestra opinión, debido a que este es un año de elecciones, es una situación política”. Dijo que sus clientes incluían varias empresas transnacionales, así como gobiernos estatales mexicanos, pero se negó a nombrar alguno de ellos, citando acuerdos de confidencialidad. Exempleados de la firma han citado a las franquicias mexicanas de Wendy’s y Subway como clientes”, sostiene.
The New York Times dice que la FGR y la Fiscalía del Estado de Chiapas encontraron “millones de dólares en ganancias potencialmente ‘ilícitas’ relacionadas con la firma Álvarez Puga, afectando a cientos de empresas, grandes y pequeñas, que ahora pueden ser responsables de millones de dólares en impuestos atrasados”.
Los expedientes contra la firma Álvarez Puga, con más de 50 oficinas en México y sucursales en Estados Unidos, Guatemala, Panamá y España, “indican que los investigadores están analizando la posibilidad de que Álvarez Puga haya creado empresas ‘fantasma’ para hacerse cargo de la obligaciones laborales y de nómina de sus clientes, pero solo en papel”, escribe Karla Zabludovsky.
“En realidad, dicen los investigadores, estas empresas fantasma estaban dirigidas por camareros u otros empleados de bajo nivel a quienes se les pidió que firmaran montones de cheques en blanco”, concluye.
