Unas 300 personas fueron asesinadas durante la última década en conflictos por el uso de la tierra y de recursos naturales en la Amazonía, pero solo 14 casos fueron juzgados.
Por Carlos Meneses Sánchez
Sao Paulo, 17 septiembre (EFE).- Grupos mafiosos actúan con impunidad en la Amazonía brasileña y están detrás del asesinato de defensores medioambientales, la tala indiscriminada de árboles y los incendios que se extienden en la región, según denunció Human Rights Watch (HRW) en un informe divulgado este martes.
En el mayor bosque tropical del planeta se multiplican las amenazas, las investigaciones en los cajones de la comisaría y las presiones de redes criminales para llevar a cabo sus actividades ilícitas, ante la inoperancia de las autoridades brasileñas en todos los niveles.
Así lo constata un estudio de HRW que empezó a ser elaborado hace dos años y es el resultado de entrevistas a 170 personas que viven en la Amazonía, azotada en los últimos meses por un aumento de los focos de incendios, causados muchos ellos por la deforestación previa en esas zonas.
«La deforestación está impulsada, en gran parte, por esas redes criminales, que usan la violencia» y «hacen lo que quieren» contra los indígenas, funcionarios de organismos federales y pequeños agricultores, aseguró Daniel Wilkinson, director de Derechos Humanos y Medioambiente de HRW, en un acto en Sao Paulo.
«El Gobierno está fracasando en proteger a esas personas y la situación está empeorando con (el presidente Jair) Bolsonaro», añadió.
En los primeros ochos meses del Gobierno de Bolsonaro, la deforestación en la Amazonía prácticamente dobló frente al mismo periodo de 2018, según datos oficiales, mientras que los incendios desatados en agosto fueron los peores de la última década.
Bolsonaro, líder de la extrema derecha en Brasil, defiende la explotación de los recursos naturales de la selva junto con otros países.
«No es fácil ver que tu territorio está siendo devastado todos los días», reclamó María Helena Gaviao, líder indígena en el estado de Maranhao (noreste), donde se ha reducido drásticamente el número de fiscales para contener estas prácticas.
En este sentido, HRW denunció la impunidad como otro de los graves problemas que enfrentan los defensores del considerado pulmón verde del planeta.
Unas 300 personas fueron asesinadas durante la última década en conflictos por el uso de la tierra y de recursos naturales en la Amazonía, pero solo 14 casos fueron juzgados.
Según el informe, esas redes tienen la suficiente «capacidad logística» de coordinar la tala, el procesamiento y la venta de madera «a gran escala». Para ello emplean «hombres armados» para intimidar y, en algunos casos, «ejecutar a aquellos que defienden la selva».
Primero, talan los árboles de maderas nobles, después limpian la zona retirando el resto de la vegetación para, en la época seca, quemarla. Más tarde, usan el terreno para ganadería y agricultura y registran la propiedad a nombre de testaferros.
Según César Muñoz, coordinador del informe, las mafias, en las que, en algunos casos, «hay personas de alto escalón envueltas que ni siquiera viven en la Amazonía», se comunican entre sí y están bien organizadas.
En medio de todo este proceso destructivo, las investigaciones policiales son la excepción.
«Estamos cansados de denunciar en la Fiscalía, de ir a la Policía y no ver ningún resultado. Es el momento de gritar y mostrar nuestro sufrimiento», exclamó María Helena Gaviao.
Para Wilkinson, Brasil necesita afrontar este problema y eso pasa por un Gobierno que tome decisiones y apoye a los defensores, pero «Bolsonaro está haciendo lo contrario» porque «está reduciendo el presupuesto» y «minimizando las consecuencias».
HRW pidió una reunión para discutir el informe con el ministro de Medioambiente, Ricardo Salles, quien rechazó la propuesta.
La ministra de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, Damares Alves, no les respondió; y con la ministra de Agricultura, Tereza Cristina Correa, aún están a la espera.
En una mesa de debate, la exministra de Medioambiente Marina Silva, excandidata presidencial en 2010, 2014 y 2018, afirmó que es compatible el crecimiento del agronegocio sin tener que d
estruir la Amazonía.
El también exministro de Medioambiente Rubens Ricupero, por su parte, afirmó que la «presión internacional es imprescindible» y que «cuanto más fuerte sea, mejor».
«Es necesaria y ojalá pueda alcanzar a aquellos que son lo grandes actores económicos, los exportadores, el agronegocio, que son uno de los pilares de este Gobierno», completó tras apoyar al presidente francés, Emmanuel Macron, quien llevó a la pasada reunión del G-7 los incendios en la Amazonía en un intento por internacionalizar el asunto.
En este sentido, la líder indígena Sonia Guajajara dijo que se presentará ante la Unión Europea para «exigir el cumplimiento en materia de derechos humanos y medioambiente» del acuerdo de libre comercio firmado con el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y que retomarán la campaña de boicot contra los productos originarios de áreas de conflicto.
«Las personas necesitan saber de dónde viene el cuero de sus bolsos, la ración de sus perros, que vienen de los cultivos de soja, y la carne que están comiendo…», explicó.
