La polémica “Ley Bala”, instruida y luego abrogada por Rafael Moreno Valle, ocasionó la muerte de José Luis Tehuatle, de 13 años de edad, durante un enfrentamiento entre policías y pobladores del municipio de San Bernardino Chalchihuapan el 9 de julio de 2014.
El 7 de mayo de 2014, Moreno Valle, “el Gobernador Bala”, como lo calificaron manifestantes, envió al Congreso local una iniciativa de Ley para Proteger los Derechos Humanos y Regular el Uso Legítimo de la Fuerza Pública, la cual establecía un criterio de proporcionalidad en el uso de armas no letales por parte de las fuerzas policiales y se permitía la aplicación de armas letales como último recurso. Doce días después, la “Ley Bala” fue aprobada y puesta en práctica dos meses después.
El 9 de julio de 2014, pobladores de San Bernardino Chalchihuapan se manifestaron en la autopista Puebla-Atlixco para exigir la restauración del Registro Civil en las juntas auxiliares (autoridades comunitarias desconcentradas de los municipios poblanos). Allí murió el niño Tehuatle.
Ciudad de México, 17 de septiembre (SinEmbargo).- El Congreso de Puebla derogó por unanimidad la Ley para Proteger los Derechos Humanos y Regular el Uso Legítimo de la Fuerza Pública, mejor conocida como la «Ley Bala», luego de que Mónica Lara Chávez, Diputada del Partido Encuentro Social (PES), presentara la propuesta bajo el argumento de que la aplicación de dicha norma cobró muchas víctimas, entre ellas, la muerte del niño José Luis Tehuatlie hace cuatro años.
Durante la primera sesión de la LX Legislatura, la legisladora expuso que la «Ley Bala», la cual regulaba el uso de la fuerza pública, provocó diversos hechos violentos y posibilitó que la Policía Estatal actuara contra la gente sin privilegiar el diálogo.
Por su parte, la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) pidió que la iniciativa no se enviara a comisiones y que se votara inmediatamente en el Pleno, ya que se trataba de un tema urgente, lo que derivó en una discusión entre los diputados del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Juan Espinosa y Rocío García Olmedo, respectivamente.
La priista acusó que la abrogación de la «Ley Bala» tenía que enviarse a comisiones y no votarse al momento en el Pleno, pues dijo que era un albazo. Sin embargo, José Juan Espinosa señaló que la Ley Orgánica del Congreso les permitía votarla en ese momento.
«La urgencia no puede llevar al atropellamiento del proceso, esa es nuestra preocupación, por por el tema sino por la forma legislativa», afirmó.
En fast track, los 41 legisladores votaron a favor de la eliminación de esta ley, incluidos quienes se oponían a que la iniciativa no fuera enviada a comisiones. Antes de presentar la iniciativa para abrogar la «Ley Bala», que causó la muerte del menor José Luis Tehuatle en el sexenio de Rafael Moreno Valle, los morenistas colocaron una corona de flores en el Congreso en honor a este niño.
PRIMERA VÍCTIMA DE LA «LEY BALA»
José Luis Alberto Tlehuatle Tamayo, el menor de 13 años que fue herido en la cabeza por una bala de goma que dispararon elementos de la Policía Estatal de Puebla para dispersar una manifestación pacífica en la vía Atlixcayotl, en la Junta Auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, fue diagnosticado con muerte cerebral el pasado 19 de julio de 2014.
La noche anterior, el médico José Antonio Martínez García, director del Hospital General del Sur, explicó que desde el pasado 15 de julio se le hizo un electroencefalograma donde José Luis aún tenía actividad cerebral, sin embargo, este viernes nuevamente se le hicieron pruebas y se le detectó ausencia completa y permanente de conciencia, ausencia permanente de respiración espontánea, ausencia de los reflejos del tallo cerebral manifestado por arreflexia pupilar, ausencia de movimientos oculares en pruebas vestibulares y ausencia de respuesta a estímulos nocioceptivos.
“Se concluye conforme a la Ley General De Salud que lamentablemente a José Luis Tlehuatle Tamayo se le diagnostica muerte encefálica. Consultaremos a la familia sobre los siguientes pasos a seguir”, dijo el doctor al leer el comunicado ante los medios de comunicación.
Los habitantes de San Bernardino Chalchihuapan salieron el pasado 9 de julio para exigir la restitución de los servicios del Registro Civil a las juntas auxiliares, que fueron enajenados para entregarlos a los ayuntamientos por iniciativa del Gobernador Rafael Moreno Valle. Los pobladores consideran que las personas de bajos recursos, así como las de la tercera edad se les dificulta trasladarse a las nuevas oficinas para los trámites.
Al medio día de ese miércoles, elementos de la Policía Estatal arribaron al lugar para desalojar la manifestación por lo que se desató un conflicto en el que los estatales lanzaron granadas de humo, gases lacrimógenos, balas y proyectiles de goma, aplicando la Ley para Proteger los Derechos Humanos y Regular el Uso Legítimo de la Fuerza por Parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla, mejor conocida como Ley Bala, la cual permite hacer el uso legítimo de la fuerza “siempre como última medida”.
Luego de darse a conocer el caso de José Luis, el Gobernador Rafael Moreno Valle lamentó que “personas que están infringiendo la ley lleven a menores como escudos a una acción ilegal. Me parece que es algo muy delicado, es responsabilidad de quienes actúan de esa forma” y que aplicó la Ley Bala porque “la ley que se aprobó en Puebla se aplica, y se aplica con protocolos, y estos protocolos buscan siempre salvaguardar los derechos humanos, pero también entender que los derechos de una persona terminan cuando infringe los derechos de otra”.
En respuesta, ocho días después de la protesta, los presidentes de las juntas auxiliares de San Martín Tamapa y de San Berbardino Chalchihuapan, José Salomé Pacio Grande y Javier Montes, respectivamente, así como otros pobladores que estuvieron en la manifestación y la madre de José Luis, Elia Tamayo, acudieron al Senado de la República para desmentir al mandatario estatal y decirle que la protesta fue pacífica.
“No hay palabras para describir lo que vivimos ese día, fue una situación totalmente arbitraria, cruel, sin tomar en cuenta a lo que íbamos. Las únicas armas que llevábamos eran cartulinas y mantas. Que quede bien claro y que no mienta el señor Gobernador porque es lo único que llevábamos”, dijo Salomé Pacio.
Doña Elia Tamayo, entre lágrimas, dijo que se sentía presionada por el gobierno, pues sólo andaban buscando a responsables. Le pidió al Gobernador panista que no mienta más y también exhortó a los legisladores a darle seguimiento al caso de su hijo que recibió un impacto de bala de goma en la cabeza y se encuentra en terapia intensiva. A los legisladores les pidió que manden “un médico para que esté valorando a mi hijo y le de seguimiento. También les pido que suelten a mis paisanos que no cometieron ningún delito”.
“LEY BALA”
El 19 de mayo de 2014 se aprobó en el estado de Puebla, a petición del Gobernador panista Rafael Moreno Valle, la Ley para Proteger los Derechos Humanos y Regular el Uso Legítimo de la Fuerza por Parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla, conocida como ”Ley Bala”, la cual permite hacer el uso legítimo de la fuerza “siempre como última medida”.
En un inicio, dicha ley permitía a los policías utilizar armas de fuego durante las movilizaciones sociales en su artículo décimo: “Se considera legítima defensa, en el caso del uso de armas de fuego o de fuerza letal, cuando exista agresión real, actual o inminente que ponga en peligro la vida o a la integridad física; que implique lesión grave, además de racionalidad y proporcionalidad en los medios empleados, para la defensa de la vida y la integridad física”.
Días después, y frente a la presión social a la que se enfrentó el gobierno local, se decidió “suavizar” al prohibir que se utilicen armas de fuego. Sin embargo, se permitió el uso de armas no letales.
Organizaciones defensoras de derechos humanos obtuvieron dos amparos del Juzgado Cuarto de Distrito en el estado de Puebla para suspender la Ley que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza de los elementos policiacos en esa entidad, mejor conocida como “Ley Bala”, impulsada por el Gobernador panista Rafael Moreno Valle.
En un comunicado lanzado el pasado 16 de julio, las organizaciones que integran el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social señalaron que el juez ordenó que “de ningún modo se haga uso de la fuerza por parte de elementos de las instituciones policiales del estado de Puebla cuando se ejerzan los derechos de libertad de expresión, de reunión, de manifestación o protesta”.
Dicho fallo es “muestra del compromiso con la garantía de los derechos humanos de las personas en Puebla y una clara voluntad de cumplir con la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, que todas las autoridades de México tienen por el mandato constitucional”, consideraron.
Ante la “Ley Bala”, varios ciudadanos promovieron amparos en contra por dar “facultades discrecionales y arbitrarias a las corporaciones policiacas, violatorias a derechos humanos”.
Y recordaron que: “la Policía Estatal de Puebla utilizó la fuerza de manera excesiva en una manifestación de pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, en la autopista Puebla-Atlixco, quienes exigían que los servicios del Registro Civil fueran regresados a la comunidad”, pues ahora deben trasladarse a la capital para realizar el trámite.
Indicaron que la acción policiaca se realizó bajo el marco de dicha ley y dejó medio centenar de manifestantes heridos.
REPRESIÓN, “LEY BALA’ Y CHALCHIHUAPAN
La polémica “Ley Bala”, instruida y luego abrogada por Rafael Moreno Valle, ocasionó la muerte de José Luis Tehuatle, de 13 años de edad, durante un enfrentamiento entre policías y pobladores del municipio de San Bernardino Chalchihuapan el 9 de julio de 2014.
El 7 de mayo de 2014, Moreno Valle, “el Gobernador Bala”, como lo calificaron manifestantes en Nueva York, envió al Congreso local una iniciativa de Ley para Proteger los Derechos Humanos y Regular el Uso Legítimo de la Fuerza Pública, la cual establecía un criterio de proporcionalidad en el uso de armas no letales por parte de las fuerzas policiales, en esta se permitía la aplicación de armas letales como último recurso. Doce días después, la “Ley Bala” fue aprobada y puesta en práctica dos meses después.
El 9 de julio de 2014, pobladores de San Bernardino Chalchihuapan se manifestaron en la autopista Puebla-Atlixco para exigir la restauración del Registro Civil en las juntas auxiliares (autoridades comunitarias desconcentradas de los municipios poblanos).
Facundo Rosas Rosas, entonces Secretario de Seguridad Pública del Estado, envió elementos policiacos para dispersas con gas lacrimógeno a los manifestantes, ocasionando un violento enfrentamiento que cobró la vida de un menor, quien recibió un impacto de bala que le perforó el cráneo, y que dejó también decenas de heridos, tanto civiles como uniformados, según una investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Por estos hechos, civiles, activistas y académicos exigieron un juicio político en contra de Moreno Valle por ordenar el “uso excesivo de la fuerza y negligencia” en su corporación policiaca. La CNDH envió al gobierno del panista 11 recomendaciones, de las cuales sólo fueron cumplidas seis.
Casi dos semanas después del enfrentamiento, el panista envió al Congreso una inciativa para abrogar la “Ley Bala”, pero no por lo ocurrido, sino porque la legislación “fue estigmatizada”. El ex mandatario guardó silencio sobre estos hechos hasta enero de 2015, cuando durante su Cuarto Informe de Gobierno justificó la actuación de la policía contra la manifestación de los pobladores de Chalchihuapan:
“Un grupo transgredió la ley y alteró la tranquilidad pública al bloquear la carretera Puebla–Atlixco afectando derechos de terceros, la obligación legal del gobierno es garantizar que impere el estado de derecho como condición indispensable para preservar el orden y la paz social”. Lamentó las consecuencias del “uso de la fuerza”, pero no pidió disculpas ni se dijo arrepentido por haber implementado la “Ley Bala”.
Activistas y políticos han calificado a Moreno Valle como un “tirano intolerante a la crítica y a la movilización social”, “represor” y “persecutor” de estudiantes, maestros, habitantes de juntas auxiliares, comerciantes, ambientalistas, amas de casa y de todo aquel que cuestionaba su gestión, violando los derechos humanos de los poblanos.
Hasta marzo de 2015 sumaban 134 personas encarceladas durante la administración de Moreno Valle por encabezar protestas, oponerse a construcciones gubernamentales, exigir el esclarecimiento de procesos electorales, rechazar reformas como la “Ley Bala”, negarse a firmar la venta de sus tierras o pedir la restitución de servicios como el Registro Civil a sus comunidades, reportó el Comité para la Libertad de los Presos Políticos y Contra la Represión Social en Puebla.
-Con información de Periódico Central
