De los al menos 26 funcionarios y políticos que concibieron el Pacto por México, firmado el 2 de diciembre de 2012, 19 continúan en el servicio público o partidista hasta este año –incluyendo a Luis Videgaray Caso, quien renunció el pasado 7 de septiembre–. De ese grupo, sólo nueve han accedido a hacer públicos sus patrimonios a través de las plataformas “Declaranet”, de la Secretaría de la Función Pública, o “3de3”, creada por organizaciones de la sociedad civil; otros nueve han rehusado y uno más, Pedro Joaquín Coldwell, Secretario de Energía, publicó en la primera sólo parcialmente sus bienes.
Ciudad de México, 17 de septiembre (SinEmbargo).– La transparencia es el cuarto de los cinco compromisos del “Pacto por México”, promovido por el Presidente Enrique Peña Nieto y firmado desde el segundo día de su sexenio con los dirigentes de los tres principales partidos para aprobar reformas constitucionales como la Educativa y la Energética.
“La transparencia y la rendición de cuentas son dos herramientas de los Estados democráticos para elevar el nivel de confianza de los ciudadanos en su Gobierno”, dice la redacción del Pacto, firmado el 2 de diciembre de 2012 y que también incluye el plan de crear el Sistema Nacional Anticorrupción, aprobado este año.
Cuatro años y 10 meses después, sin embargo, la mitad de los servidores públicos que participaron en la construcción de este acuerdo y que aún son servidores públicos (incluyendo partidistas) se han reservado la difusión de sus declaraciones patrimoniales en las plataformas disponibles tanto por el Gobierno federal (Declaranet) como por organizaciones de la sociedad civil (“3de3”).
Y quienes sí las han presentado, como el hoy ex Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, o el propio Presidente de la República –ambos además principales impulsores de las Reformas– han omitido datos cuyos potenciales conflictos de interés fueron revelados sólo a partir de investigaciones periodísticas.
De acuerdo con la historia descrita en la página oficial de esta pacto alcanzado entre dirigentes políticos (pactopormexico.org), en su construcción participaron de manera oficial al menos 26 funcionarios que empezaron a reunirse a partir de la elección de Peña Nieto en julio de 2012.
Las reuniones, agrega la información oficial, iniciaron desde el periodo de transición entre los líderes del equipo ganador –Videgaray y el hoy Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong– con los entonces presidentes nacionales de los principales partidos (los ahora diputados federales Gustavo Madero Muñoz, por el PAN, y Jesús Zambrano Grijalva, por el PRD; así como el Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, entonces al frente del PRI.
Los diálogos bilaterales alrededor del contenido del pacto se convirtieron en tripartitas a partir de octubre, cuando empezaba a ser “claro” que los negociadores coincidían en que “faltaban” las reformas y que, pese a las diferencias, éstas habían impedido durante quince años “concretar muchos acuerdos” en materia social, económica y política.
“Una vez comprometidos con la misión de forjar una pacto político de gran alcance, se integró una mesa de trabajo tripartita, integrada por Luis Videgaray y Miguel Ángel Osorio (del PRI-equipo de transición), Gustavo Madero y Santiago Creel (del PAN) y Jesús Zambrano y Jesús Ortega (del PRD). El anfitrión de las reuniones y facilitador del trabajo del equipo fue (el ex Gobernador de Oaxaca) José Murat”, dice el sitio oficial.
Luego de acordar, entre otros aspectos, “enfrentar con decisión los obstáculos que diversos poderes fácticos podrían oponer a reformas y acciones que perjudiquen sus intereses”, así como trabajar con “discreción”, se consideró la necesidad de integrar un equipo técnico-político que empezara a redactar los documentos alrededor del acuerdo.
En esa etapa, describe la información oficial, se integraron Aurelio Nuño, hoy Secretario de Educación y entonces en el equipo de transición de Peña Nieto; Juan Molinar Horcasitas, del PAN, así como Carlos Navarrete, del PRD.
“A fines de la tercera semana de noviembre se llegó a un acuerdo definitivo y el Pacto se integra con cinco apartados que abarcaron casi un centenar de acuerdos específicos. Los cinco capítulos se titulan: Sociedad de Derechos; Crecimiento Económico, empleo y competitividad; Seguridad y Justicia; Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción; y Gobernabilidad Democrática”, dice la información.
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El 2 de diciembre siguiente, un día después de la toma de posesión de Peña Nieto, el Pacto fue firmado en una ceremonia en el Castillo de Chapultepec, encabezada por Peña Nieto, Madero, Zambrano y la Senadora María Cristina Díaz Salazar, que reemplazó al frente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI a Joaquín Coldwell, entonces nuevo Secretario de Energía.
El 8 de enero siguiente, con el fin de “estructurar la agenda de Reformas”, se formó el “Consejo Rector” del acuerdo, con la participación de varios de los negociadores del Gobierno federal y de los partidos, y la incorporación de otros legisladores y políticos como el Senador priísta Raúl Cervantes Andrade y los hoy diputados federales Martha Tamayo y César Camacho Quiroz –éste último sucesor de Díaz Salazar en el tricolor.
También, la senadora Rosa Adriana Díaz Lizama y Marco Antonio Adame, del PAN; la hoy dirigente del PRD, Alejandra Barrales, y el actual diputado de ese partido, Guadalupe Acosta Naranjo, así como Felipe Solís Acero, desde entonces Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, entre otros.
De ellos, de acuerdo con una revisión de SinEmbargo, 19 continuaban en el servicio público o partidista hasta este año –incluyendo a Videgaray, que renunció el pasado 7 de septiembre– y, de este grupo de 19, nueve han accedido a hacer públicos sus patrimonios a través de las plataformas “Declaranet”, de la Secretaría de la Función Pública, o “3de3”, creada por organizaciones de la sociedad civil; otros nueve han rehusado y uno, como el Secretario de Energía, publicó sólo “parcialmente” sus bienes.
Entre quienes se han rehusado, cuatro fungieron como representantes del PRI y uno por parte del Gobierno: los actuales diputados federales César Camacho Quiroz y Martha Tamayo, así como el Senador Raúl Cervantes, el nuevo director general del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa (INIFED) del Gobierno federal, Héctor Gutiérrez de la Garza, y Solís Acero.
Por parte del PAN, no han presentado datos el hoy diputado de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, Santiago Creel, ni la senadora yucateca Rosa Adriana Díaz Lizama. Por el PRD, ni Pablo Gómez, hasta julio pasado representante de su partido ante el Instituto Nacional Electoral, ni Eloí Vázquez, subsecretario de Difusión del Comité Ejecutivo Nacional del sol azteca.
Los cuatro priístas hoy Secretarios de Estado que participaron en la construcción del acuerdo desde la transición del Gobierno –Videgaray, Osorio Chong, Nuño y Joaquín Coldwell– presentaron sus declaraciones de manera parcial y los tres primeros sólo aportaron más datos en 2015, una vez detonados los cuestionamientos por las adquisiciones de la “casa blanca” de la familia presidencial y de otra casa en Malinalco del ex titular de Hacienda –ambas al empresario Juan Antonio Hinojosa, uno de los principales proveedores de Peña Nieto– hechas, respectivamente, por los medios Aristegui Noticias y The Wall Street Journal.
A otro de los constructores del Pacto por México, el ex Gobernador oaxaqueño José Murat Casab, el periódico The New York Times le atribuyó en 2015 la posesión de media docena de inmuebles en Estados Unidos.
LO REPORTADO, A CUENTAGOTAS
El Presidente Enrique Peña Nieto integró declaraciones a la plataforma gubernamental “Declaranet” desde el 15 de enero de 2013, cuando declaró ingresos mensuales de 238 mil 205 peos (193 mil 478 por cargo público; 32 mil 500 por “actividad financiera” y 12 mil 227 por “otros”), además de nueve propiedades. Sobre estos inmuebles, el mandatario reportó entonces que dos fueron adquiridos de “contado” –uno por 5.6 millones en 2005– y cinco fueron “donaciones”; tres de ellas –por 6.1 millones en total– recibidas en diciembre de 2011, cuando ya era precandidato y ex Gobernador. Otra propiedad, de 2.6 millones de pesos, reportó, fue recibida en herencia en 2001. “Sólo se proporcionan los bienes que reportó el servidor público a nombre del declarante o del declarante y su cónyuge”, dice el documento.
En esa misma declaración reportó obras de arte, también donadas y heredadas, por tres millones, “relojes y joyas varias” por 2.9 millones y otro millón por menaje de casa. También, siete “inversiones”, entre ellas “fondos de inversión” que entonces eran de 10.3 millones de pesos.
Es sólo en una modificación a esta primera declaración, hecha el 28 de mayo del mismo año, que el mandatario presenta la primera especificación acerca de sus bienes inmuebles: “Los dos bienes que mi padre me dio, mediante donación, fue estando él aún con vida. Los cuatro bienes que mi madre me dio a mí mediante donación, los recibió de la herencia de mi padre. Con respecto a los dos terrenos rústicos a que hago referencia, estos son tierras cultivables”.
El 14 de mayo de 2014, Peña Nieto declara casi el mismo patrimonio que el año anterior y sólo destaca un aumento en sus “fondos de inversión”, que para entonces eran ya de 12.9 millones.
En noviembre de 2014, el equipo de investigación de Aristegui Noticias difunde que la familia de Peña Nieto vive en una propiedad financiada por el empresario Juan Armando Hinojosa, con un valor estimado en siete millones de dólares, pero ninguna alusión a estos datos aparecen en las declaraciones siguientes del mandatario. En la más reciente, del 31 de mayo de 2016, el renglón en el que reporta sus “fondo de inversión” es de 16.8 millones.
CASA DE MIL 500 METROS
Desde su declaración inicial, del 11 de enero de 2013, Luis Videgaray Caso reportó tener una propiedad de mil 500 metros cuadrados de terreno comprada al “contado” en octubre de 2012, medida y fecha que coinciden con la propiedad que compró al empresario Hinojosa, pero no lo menciona.
En esta declaración, en la que aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales sólo “parcialmente”, Videgaray declinó difundir ingresos netos “por actividad industrial, comercial, financiera y otros”, “el valor de la contraprestación” en sus bienes muebles (obras de arte, joyas, menaje de casas) e inmuebles, de los vehículos y el “saldo” de sus inversiones en cuentas bancarias.
Las excepciones se mantuvieron en una segunda declaración, del 29 de mayo de 2013, y fue sólo hasta la declaración del 31 de mayo de 2015, después de que The Wall Street Journal publicará que él también compró su casa de Malinalco al empresario Hinojosa, que Videgaray agregó información a la declaración de su patrimonio, como el hecho de que la propiedad de mil 500 cuadrados que reportó inicialmente tiene el folio registral 11824 y un valor de 7.5 millones, lo cual también corresponde con la propiedad de Malinalco.
En ese mismo documento expresa por primera vez tener menaje de casa por tres millones de pesos, dos millones en obras de arte y otros tres en joyas, y que su cónyuge tiene una casa de 6.2 millones adquirida en abril de 2005.
En el mismo formato hace la única alusión a la empresa de Hinojosa: “Se informa que arriendo desde 2012 un terreno colindante al inmueble de mi propiedad en el municipio de Malinalco, Estado de México, a Bienes Raíces HG”, agrega una observación al final de su declaración de ese 2015.
“SERVICIOS PROFESIONALES”
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En su declaración inicial, del 11 de enero de 2013, el Secretario de Gobernación hizo públicos sus datos patrimoniales sólo “parcialmente”, exceptuando ingresos netos y “aquellos que se declaren por actividad industrial, comercial, financiera y otros”, así como el valor de sus bienes inmuebles, muebles y vehículos, y el saldo de sus inversiones y cuentas bancarias. Tampoco reportó datos de su cónyuge.
Entonces reportó la “incorporación” de cuatro terrenos y un departamento; todos adquiridos al “contado” y, los cinco, a partir de 1999, que es cuando también, de acuerdo con el mismo documento, inicia su servicio público como “encargado de la política interna” del Estado de Hidalgo.
Las mismas restricciones a la transparencia de sus bienes se mantiene en una modificación a su declaración; ésta presentada el 30 de mayo de 2013, cuando el aún hoy titular de Gobernación reportó “ingresos anuales” netos por 355 mil 148 pesos por “servicios profesionales” sobre los que no da más detalles y que fueron adicionales a los 218 mil 762 que reportó de ingresos por su cargo público.
Es sólo también dos años después, durante su declaración patrimonial de mayo de 2015, que Osorio Chong elimina la palabra “parcialmente” del documento y especifica el valor de algunos de sus bienes, como el departamento adquirido el 27 de abril de 2001 por 30 mil pesos, un terreno adquirido en 2000 por 53 mil 272 y otro terreno, adquirido en 2007, por valor de 1.1 millones de pesos. Es también cuando reporta tener un millón 92 mil 760 pesos en un “seguro de separación individualizado”, una cuenta bancaria por 679 mil 151 pesos y ningún conflicto de intereses, entre otros datos.
TRANSPARENCIA “PARCIAL”
En su primera declaración patrimonial, del 9 de enero de 2013, el entonces jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Aurelio Nuño Mayer, reportó ingresos mensuales por 145 mil 620 producto de su cargo público, un vehículo 2012 de 393 mil pesos y menaje de casa por 200 mil pesos. Desde entonces, Nuño Mayer indicó que hacía públicos sus bienes sólo “parcialmente” y se reservó saldo de inversiones y cuentas bancarias. No difundió, tampoco, información sobre bienes inmuebles a su nombre ni dato alguno sobre patrimonio de su cónyuge.
En mayo de 2014, reportó un ingreso anual de 2.6 millones de pesos por su cargo público y, en mayo de 2015, un aumento a un millón de pesos en el valor del menaje de su casa. Entonces, como Osorio Chong, retiró también la palabra “parcialmente” de su declaración y, a la fecha, no ha reportado bienes inmuebles a su nombre.
Las declaraciones del Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, mantienen ese carácter de incompletas desde el primer documento, del 11 de enero de 2013, hasta el último, de mayo pasado, por lo que a lo largo del sexenio el titular de Energía ha exceptuado transparentar sus ingresos “por actividad industrial, comercial, financiera y otros”, así como el valor de sus 12 propiedades y de sus 22 inversiones declaradas este año (tres más que en 2013).
Y es también en mayo de 2015 que la información sobre sus actividades profesionales –hechas públicas por el funcionario un año antes– aparecen en su declaración de “posible conflicto de interés”, cuando menciona ser socio de seis empresas dedicadas a la compraventa de hidrocarburos: Gasolinera y Servicios Juárez, Combustibles Tatich, Planta de Combustible Cozumel, Combustibles San Miguel, Servicio Cozumel y Combustibles Caleta; ésta ultima formada en noviembre de 2011.
RANCHOS, CAMIONETAS, MENAJE DE CASA…
En la información provista por los legisladores y dirigentes partidistas que han atendido el llamado de las organizaciones de la sociedad civil para presentar sus declaraciones de patrimonio, de intereses y fiscales, o “Tres de Tres”, se observan, entre otros, datos como las dos compras de contado hechas en 2014 por la cónyuge del diputado federal perredista Guadalupe Acosta Naranjo, una por 2.3 millones de pesos.
También, los ingresos por 12.4 millones de pesos obtenidos en 2015 por la ex Senadora y hoy dirigente nacional perredista, Alejandra Barrales; 9.6 de ellos extras al 1.4 millón que recibió por su cargo público. En su misma declaración se observa la compra a crédito de una casa por 13.3 millones de pesos hecha en 2014.
En la declaración del Senador panista Francisco de Paula se advierten las compras de cuatro vehículos –entre ellos una Cherokee de 624 mil 900 pesos– entre 2012 y 2015.
La Senadora priísta María Cristina Díaz Salazar, por su parte, reportó, entre otros bienes, 790 mil pesos en “menaje de casa” adquirido de contado en 2015, cuando también adquirió una camioneta Tahoe por 771 mil 900 pesos.
Gustavo Madero, por su parte, recibió en “donación” dos predios rústicos en Chihuahua; ambos en 2013. Uno de ellos, especifica su declaración, por 64.4 hectáreas y un valor de 1.6 millones de pesos, y otro de 228.9 hectáreas y 2.4 millones de pesos.
