Crecen las intimidaciones a comunicadoras y reporteros. La más reciente, del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a la conductora de noticias Azucena Uresti de Multimedios. Autoridades se solidarizan con medios de comunicación amenazados, pero no se investiga. “Los cárteles no desean información desfavorable de su imagen o de su actividad criminal”, advierte asesor mediático Jorge Huerta. La violencia ha desplazado en los últimos tiempos a 160 periodistas. Uno de ellos, Jesús Lemus, quien desde Guatemala pide se visibilicen los casos de comunicadores regionales y de pequeños medios, los más expuestos.
Tijuana, 17 de agosto (ZETA).- Por lo menos 74 periodistas y miembros de medios de comunicación han sido amenazados de muerte por el crimen organizado en lo que va del año, según datos del Mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas; la última de ellas, la conductora de noticias Azucena Uresti Mireles, a quien Rubén Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), le envió un mensaje que causó escozor social.
Los hechos fueron conocidos la mañana del lunes 9 de agosto, cuando se viralizó el material mediático a través de redes sociales: un sujeto encapuchado, rodeado de hombres armados, lanza la amenaza de muerte a la periodista de Grupo Multimedios y presentadora informativa de Milenio TV y Radio Fórmula. Aunque no se ha autenticado que en realidad se trate del presunto capo, la intimidación está latente y se extiende a miembros de otros medios como Televisa o El Universal.
El video inicia con un reclamo, porque a decir del interlocutor, advierte que se da demasiada cobertura noticiosa a los grupos de autodefensas que en Michoacán intentan frenar los embates del CJNG, a los que el personaje anónimo -que asegura ser vocero de Rubén Oseguera Cervantes “El Mencho”- califica de delincuentes y que forman parte de otros cárteles de la droga. Según la voz amenazante, se trata de ataques a la organización criminal jalisciense, conformada principalmente por narcos michoacanos.
En el video mensaje, el sujeto embozado lee la redacción supuestamente de su líder: “Yo, representante del CJNG, me dirijo directamente a noticias Milenio. No estoy en contra de la libertad de expresión, pero sí de quien me tira a mí directamente, porque le están agarrando dinero a las autodefensas, bueno… que así se hacen llamar, ‘El Abuelo’ (Juan José Farías Álvarez), ‘Las Viagras’ e Hipólito Mora, que son narcotraficantes, que se escudan en camisetas de autodefensas. No creo que el gobierno no se dé cuenta que no son autodefensas por el tipo de armamento que traen”.
Después de advertir que mandan fabricar “monstruos” (vehículos de blindaje artesanal) con valor de 100 mil dólares para inculpar al CJNG de la comisión de delitos, el vocero reiteró que no se trata de autodefensas, sino de narcos “cobra cuotas”, secuestradores y extorsionadores. En esa parte es cuando reclama de los medios de comunicación que haya una cobertura pareja de la información y no se inclinen para un solo lado: “No acarreen ustedes problemas que no les corresponden, porque nunca le he pegado a ningún noticiero, porque nunca me habían pegado a mí directamente”.
Luego de insultar a la periodista de Milenio TV, el supuesto mensajero del “Mencho” apunta: “A ti, Azucena Uresti, una cosa te hago saber (…) Bájale de huevos, porque te aseguro que si no le bajas (…) y sigues tirándome, te lo aseguro que donde sea que estés, doy contigo y haré que te comas tus palabras aunque me acusen de femenicidio (sic), porque no me conocen a mí, Rubén Oseguera Cervantes, que yo no soy ‘cobra cuotas’, ni extorsiono, ni secuestro. Yo soy narcotraficante a mucho orgullo y mi lugar me ha costado, no me lo he ganado a costillas de nadie y la ciudadanía sabe que cuenta conmigo”.
REACCIONES
Las reacciones no se hicieron esperar. Primero fue Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social y vocero del Gobierno de la República, quien a través de su cuenta en redes sociales publicó: “Ante las amenazas a medios de comunicación por parte del CJNG, el @GobiernoMX tomará medidas pertinentes para proteger a periodistas y medios de comunicación amenazados. Las libertades democráticas están garantizadas junto con el derecho a la información para los ciudadanos”.
Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, expresó su rechazo a las amenazas que presuntamente realizó el CJNG a Azucena Uresti, y le envió un mensaje de solidaridad durante la conferencia matutina del martes 10 de agosto:
“Di instrucciones para que se le atendiera. Ya se estableció comunicación con ella. El subsecretario Alejandro Encinas la atendió y ya se estableció un mecanismo de protección. Repruebo completamente esas amenazas. No admitimos que se actúe de esa forma y vamos a proteger a Azucena y vamos a proteger a todos los mexicanos. Es nuestra responsabilidad la protección de los mexicanos, que no sean dañados, que no sean intimidados, que no sean amenazados por nadie. Vamos a estar junto a ella. No está sola”.
En tanto, Eduardo Ramírez, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, condenó las amenazas a periodistas y medios de comunicación que formuló el grupo delictivo: “Como Poder Legislativo y como Senado de la República, condenamos este tipo de amenazas. Hay que exhortar a las autoridades competentes para que puedan otorgarle medidas precautorias a todos los y las periodistas, que hacen un trabajo con responsabilidad, con honestidad, para evitar hechos lamentables que el día de mañana serían muy graves para nuestra sociedad, para ustedes, en el ejercicio de su profesión”.
La veracidad sobre la identidad del grupo criminal no ha sido desmentida por las autoridades ni por el propio CJNG, que acostumbra a utilizar videos para emitir sus mensajes, generalmente amenazas a cárteles rivales, jefes policiales y políticos o gobernantes, pero que anteriormente no habían intimidado a comunicadores, en lo que ahora se interpreta como todo el gremio periodístico.
“Desde luego que los cárteles no desean información desfavorable de su imagen o de su actividad criminal. Y sobre todo, no quieren que los medios de comunicación exijan o aplaudan acciones del gobierno en su contra. Mucho menos que pudiese apoyarse a otras facciones delincuenciales opositoras a los intereses del grupo. Los narcos han ido desarrollando sus propias formas de comunicación masiva y su marketing de reputación de poder”, expresaría a ZETA el abogado penalista y asesor mediático Jorge Huerta.
Para el jurista, que también ha sido consejero editorial del periódico Mural en Guadalajara, “es más factible que a los delincuentes les interese la desinformación, que la información en sí. ¿Qué quieren ellos? Que sus mensajes se difundan. Que se ventanee a los contras. Que aparezca su imagen de todopoderosos, intocables, invencibles, y que el gobierno, la Policía, el Ministerio Público y los jueces, aparezcan como torpes, impotentes, débiles y corruptos. Mientras que ellos, los delincuentes, lanzan un falso mensaje de que están con la sociedad”.
“PAN DE CADA DÍA”
Quienes forman parte del periodismo, están acostumbrados a las expresiones de frustración de gobernantes y presuntos criminales poco tolerantes a la crítica. Prueba de ello es la cantidad de 45 periodistas asesinados durante la actual administración gubernamental federal, cifra reconocida oficialmente por el propio Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien, en la mañanera del 23 de julio, sólo se condolió de las víctimas y sus deudos, para prometer justicia una vez más.
En ZETA sabemos lo que son los atentados contra periodistas, con amenazas, ataques a balazos y homicidios de queridos y entrañables compañeros por ejercer la libertad de expresión e informar a los lectores. El 5 de abril de 2017, esta redacción fue informada de las intenciones criminales de José Roque García, presunto líder de una célula del Cártel Arellano Félix, detenido en 2004, de “acabar con el Semanario ZETA” poniendo una bomba en el edificio o cerca del mismo y hacerlo explotar.
Antes, el 25 de noviembre de 2016, hubo otra amenaza contra esta casa editorial, luego que en la edición 2226, se publicó una serie de fotografías y nombres de los delincuentes más buscados en Baja California, entre ellos, integrantes del CJNG. Al verse exhibido, el apodado “El 50”, ordenó que las instalaciones de ZETA fueran atacadas con granadas, a manera de “escarmiento”.
El periodista Jesús Lemus Barajas, amenazado y desplazado del país por ex policías -probablemente del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna-, asegura que estas intimidaciones del crimen organizado son el “pan de cada día” de decenas de comunicadores en México, donde “existe clasismo hasta en el gremio periodístico y esas intimidaciones sólo son visibles cuando van dirigidas a comunicadores de renombre o de grandes medios”.
Desplazado a la sierra de Guatemala, desde donde sigue haciendo periodismo para medios y escribiendo libros, como “Peña Nieto y su imperio de corrupción”, Lemus Barajas compartió: “Déjame decirte una estadística bien clara: del 1 de enero al 11 de agosto, el Mecanismo de Protección reporta 74 periodistas amenazados de muerte por miembros del crimen organizado, por diferentes grupos delincuenciales, pero sólo se hacen visibles, reitero, las amenazas a periodistas de renombre”.
El entrevistado calificó el caso más reciente como grave y una acción reprobable, “pero es más reprobable que la clase política o gobernante en México sólo se solidarice y atienda ese tipo de intimidaciones, que trasciende por la relevancia del personaje, y si es de una ciudad importante, como es el caso de la Capital del país, Guadalajara, Monterrey, que es cuando se hace alharaca y todos se pronuncian en contra de ese tipo de expresiones criminales y los atentados contra la libertad de expresión”.
El también autor del libro “El licenciado, García Luna, Calderón y el narco”, advirtió que la cifra de periodistas desplazados es grande. En los tiempos más recientes, 160 comunicadores han tenido que dejar sus casas y mover a su familia ante las amenazas de muerte de la delincuencia organizada. De esos números, sólo el 35 por ciento cuenta con la supuesta protección del Mecanismo, que logra sacarles de sus comunidades y después les deja a la deriva para que se las arreglen como puedan, asegura Jesús.
Lemus también pide visibilizar la labor y el riesgo que corren las reporteras y comunicadores “de a pie, de la calle, de los que viven y trabajan en las comunidades más apartadas del país y que nutren con su trabajo al mal llamado ‘periodismo nacional’ (todo es periodismo nacional), pues se ha probado que los periodistas más expuestos, son los que tienen menos salarios, los que trabajan para medios con poco desarrollo, pero que son muy importantes en sus comunidades”.
Son medios regionales, muy locales, sin muchos recursos, hechos con gran esfuerzo, y ahí es donde trabajan los periodistas expuestos a las amenazas, porque estas vienen, siempre, del crimen organizado o autoridades municipales o estatales. El periodista local cumple con su función de reporteo, de caminar, de correr, de acudir a la fuente. Esa es la exposición. Cuando señalan los problemas de su comunidad o ventilan el arrebato de recursos naturales, corrupción, desplazamiento, tráfico de drogas o esos trabajos de denuncia, “son los que exponen al comunicador regional”, agregó.
La experiencia le indica a este periodista-escritor que la mayor parte de los homicidios de comunicadores provienen del crimen organizado.
“Estamos hablando aproximadamente de un 70 por ciento de los asesinatos de periodistas que corresponde a la delincuencia, y un 30 por ciento que tiene su origen en servidores públicos de los diversos niveles. En cuanto a las amenazas, la situación es a la inversa, es mayor la proporción de amenazas de funcionarios públicos en un 70 por ciento, por un 30 por ciento del crimen organizado”, finalizó Jesús Lemus.
