Los secuestros en Nuevo León se dispararon tras la guerra contra las drogas del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa. Un Ejército sin entrenamiento de seguridad ciudadana salió a las calles para suplir a las policías locales a las que se les atribuyeron diversos crímenes. Una madre relata la negligencia de las autoridades para buscar a su hijo y cómo, en ese camino, descubrieron más pruebas contra criminales que las propias autoridades. La investigación, dice, la hacen las familias y las evidencias las entregan a la Fiscalía, pero quienes deberían aplicar y salvaguardar la Ley nunca dan el último estirón.
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Ciudad de México, 17 de junio (SinEmbargo).– Los secuestradores la citaron en la Iglesia y ella cumplió con pagar el rescate de su hijo, Roy Rivera Hidalgo, y dijo la frase que le pidieron: “Aquí está, señores del Cártel del Golfo”.
A lo lejos, su esposo y el menor de sus hijos vigilaban lo que sucedía dentro aquel recinto del municipio San Nicolás de los Garzas, Nuevo León. Temían un nuevo rapto. Pero cuando llegó el encuentro, quien entró al lugar asemejó más bien ser el padre de otra persona secuestrada, recuerda Irma Leticia Hidalgo.
Fueron 36 horas de llamadas llenas de insultos y amenazas las que acompañaron el recorrido para juntar el dinero que pedían los miembros de que un grupo de alrededor de 10 hombres, que en la madrugada del 11 de enero del 2011 atracó el domicilio de la familia Rivera Hidalgo.
Con capuchas negras, pantalones militares, armas largas y algunos chalecos que decían “Policía de Escobedo”, municipio continúo, entraron a la casa vociferando que «el Gobierno» los mandaba a limpiar las calles por la venta de drogas.
“Nos mantuvieron todo ese tiempo a los tres [Irma y sus dos hijos] en la misma habitación sin dejarnos de apuntar con sus armas, y llegó un momento en el que deciden ponernos cobijas en la cara”, relata Irma. No contentos con llevarse aparatos, joyas y dos vehículos, terminaron por secuestrar a Roy, un joven de 18 años que estudiaba Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).
Un día y medio después, Hidalgo pagó por su hijo en aquella iglesia cerca de su casa, de la que se reserva su ubicación exacta para no interferir con las investigaciones. Momentos después el teléfono vuelvió a sonar: “Te has portado bien. En un momento te avisaremos dónde está tu hijo”, pero la dirección nunca llegó.
La desconfianza hacia la policía orilló a la familia a acudir al Ejército, en una época en la que los panorámicos de la localidad recomendaban acudir a la séptima zona militar en caso de un percance. La madre asistió tres días después del incidente, explicó, por miedo a que los secuestradores dañaran a su hijo.
Irma visitó al personal bajo el mando de el General Cuauhtémoc Antúnez Pérez. Pero pese a su seguimiento constante, los militares no se desplegaron en un primer momento. En el sitio siempre había familias denunciando, recuerda. Y la desaparición de jóvenes varones entre 16 y 22 años era común en San Nicolás de los Garzas.
El último reporte de este tipo delitos, publicado la semana pasada por la organización Open Society, llamado “Atrocidades innegables: Confrontando crímenes de lesa humanidad en México”, retoma el horror que causó el Ejército cuando salió a las calles en el marco de la “Campaña Permanente en contra del Narcotráfico”, impulsada por el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa.
El 19 de marzo del 2010, militares abatieron por error a dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey (Itesm), José Antonio Mercado y Javier Francisco Arredondo Verdugo. Este caso fue tomado como un símbolo de la falta de preparación para tareas de seguridad civil del Ejército.
En los primeros tres meses de 2011, el clima de violencia fue inminente. Hubo 56 homicidios doloso, un incremento de más del 60 por ciento con relación al año anterior y 88 por ciento más que en el 2009, se reportó en su momento.
“Ya estaba viviendo Nuevo León, una violencia exacerbada desde el 2010, donde prácticamente todo el año estuvimos sufriendo la violencia en la ciudad. Porque era el tiempo de los encarcelados, de los colgados, de los balazos en cualquier crucero. Prácticamente a todos nos estaban atacando. Y los asaltos en las casas ya eran muy comunes”, detalla la madre de Roy.
UBICACIÓN DE SECUESTRADORES
Mediante un contacto en Telcel, Hidalgo consigue la sábana de teléfonos del día en que fue víctima de llamadas de los secuestradores. Y por sus propios medios consigue un servicio de GPS para rastrear la posible ubicación donde tengan retenido a su hijo.
“En el GPS yo estaba siguiendo el movimiento de uno de mis teléfonos a través de mi computadora. Y le llevé [al Ejército] 80 fotografías, con 16 lugares exactos de en dónde estaban los teléfonos. Yo de cada lugar podía sacar de cinco a siete. Día con día yo les llevaba todo, les marcaba en dónde debían buscar”, recuerda Hidalgo.
Las averiguaciones de Irma apuntaron a la colonia Lincoln el rancho «El Fraile» del municipio García, Nuevo León, a no menos de 45 minutos de San Nicolás de los Garza.
“Y a mediados de marzo, ya me dice el Mayor que el General Antúnez me dio luz verde para insistir en dónde estaba la señal. A un ejido en García, a las faldas de un cerro. Y fueron ahí”, relata la madre.
Como resultado, el 11 de marzo la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que tres presuntos delincuentes habían sido detenidos, y también liberaron a tres presuntos secuestrados. Asimismo se hallaron cinco armas largas, cartuchos y ocho vehículos de diferentes marcas y modelos.
“Aparentemente los de la PGR preguntaron a los secuestrados por Roy. A mí no me dejaron hablar con nadie. Ellos declararon que había ahí más de 15 secuestrados, pero que no se sabía a dónde se los habían llevado, y que supieron que a unos los habían regresado y otros que los habían matado”, dice Hidalgo.
La violencia en el municipio García era de todos conocida y expresada incluso por las propias autoridades. El 29 de marzo de ese año, el Alcalde de García, Jaime Rodríguez Calderón, «El Bronco», hoy Gobernador de Nuevo León, afirmó haber sido víctima de un segundo atentado para acabar con su vida.
Alrededor de 20 vehículos y 40 hombres atacaron al Edil, el enfrentamiento terminó con la muerte de uno de los escoltas del funcionario y cinco más de su personal que resultaron heridos. Rodríguez atribuyó el ataque al grupo armado Los Zetas.
Por su parte la madre asegura que las autoridades fueron incapaces de obtener información de los presuntos secuestradores, quienes se declararon inocentes de cualquier acusación.
A partir de ese momento, los esfuerzos de la madre junto al Ejército terminaron.
“Ellos no hacen investigación, sino que andan en las calles prácticamente para balacear o balacearse. Y de ver que no avanzábamos yo seguí insistiendo con la PGR, con la Policía Ministerial y los antisecuestros”, dijo.
FOSAS CLANDESTINAS
Debido al desgaste de los trámites de la Procuraduría General de Justicia, del que ella califica su interior como un “monstruo” en la época en que Adrián Emilio de la Garza Santos fungía como titular, la propia Hidalgo funda junto a otras familias –en abril del 2012– la asociación civil Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL), para conjuntar las demandas de las familias hacia las autoridades.
«Es cuando ya decidimos organizarnos, yo creo que ya éramos unos nueve. Porque nosotros ya conocíamos a gente que se organizó en Coahuila. Entonces dijimos: ‘vamos a hacer lo mismo pero en Nuevo León’”, detalló Hidalgo.
En diciembre del 2013, FUNDENL organizó pruebas de ADN en el municipio de Escobedo para familiares de desaparecidos en la entidad, a raíz de la aparición de las fosas de La Barca, en Jalisco. Para entonces, la organización ya había estado pendiente de los trabajos en las fosas de Michoacán, Guerrero y Durango.
Un año después, en octubre, la asociación evidenció públicamente a la Procuraduría del estado por negarle la información sobre las fosas. Se pedían datos del 2009 al 2014, y el número de cuerpos encontrados, el número de personas identificadas por ADN y la ubicación actual de los cuerpos. Sin embargo, las autoridades contestaron que su petición no procedía legalmente.
Ahora, en el Gobierno del independiente Jaime Rodríguez, Hidalgo refiere que hubo un retroceso en cuanto al recibimiento de las familias por parte de la Procuraduría estatal.
“Jaime Rodríguez puso a Roberto Flores Treviño [como Fiscal del estado]. En la Procuraduría nos han recibido en reunión de alrededor de 30 familias, pero el Procurador nunca ha estado. Si estábamos mal, ahora parece que este Gobierno independiente y de cambio realmente no existe, y estamos peor. Antes por lo menos nos recibían cada mes o cada dos meses. Ahora nos recibieron en marzo y por pura insistencia. Siempre alegan que se están reacomodando, siempre piden tiempo cuando para un desaparecido una hora es vital”, destaca Hidalgo.
En cuanto a su caso personal asegura siempre llevar nuevas pruebas ante las autoridades.
“Pero nunca se cierra la pinza. Ya el último estirón lo tienen que hacer ellos y no lo hacen”, expresa. Hoy FUNDENL se compone de 30 familias activas y más de 180 afiliadas, y además trabaja en la sistemización de los casos, relata su fundadora.
