El Gobierno de Venezuela suspendió las conversaciones con la oposición en octubre luego de la extradición a Estados Unidos de un aliado clave de Maduro por cargos de lavado de dinero.
Por Regina García Cano
CARACAS, 17 de mayo (AP).- Estados Unidos aliviará algunas sanciones económicas a Venezuela en un gesto destinado a alentar la reanudación de las negociaciones entre la oposición respaldada por Washington y el Gobierno del Presidente Nicolás Maduro.
Los cambios limitados permitirán a Chevron Corp. negociar su licencia con la petrolera estatal PDVSA, pero no perforar ni exportar petróleo de origen venezolano, dijeron el lunes a The Associated Press dos altos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no se ha hecho el anuncio formal.
Además, Carlos Erik Malpica Flores —exalto funcionario de PDVSA y sobrino de la Primera dama de Venezuela— será eliminado de una lista de personas sancionadas, dijeron los oficiales.
Las medidas siguen a los gestos de buena voluntad de Maduro después de reunirse en marzo con representantes de la administración del Presidente Joe Biden y una reunión reciente en Centroamérica entre funcionarios estadounidenses y la destacada coalición opositora Plataforma Unitaria para discutir un camino a seguir.
“Son cosas que la Plataforma Unitaria negoció y nos vino a pedir que las hiciéramos para poder volver a la mesa de negociación”, dijo uno de los funcionarios.
Decenas de venezolanos, incluido el Fiscal General del país y el jefe del sistema penitenciario, y más de 140 entidades, entre ellas el Banco Central de Venezuela, seguirán sancionadas. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos continuará prohibiendo las transacciones con el Gobierno venezolano y PDVSA dentro de los mercados financieros estadounidenses.
El propio Maduro está bajo acusación en Estados Unidos, acusado de conspirar para “inundar Estados Unidos con cocaína” y utilizar el narcotráfico como “arma contra Estados Unidos”.
El Gobierno de Venezuela suspendió las conversaciones con la oposición en octubre luego de la extradición a Estados Unidos de un aliado clave de Maduro por cargos de lavado de dinero. Maduro en ese momento condicionó su regreso a la mesa de negociaciones a la liberación del empresario Alex Saab, quien fue extraditado desde la nación africana de Cabo Verde.
Las negociaciones se llevaron a cabo en Ciudad de México lideradas por diplomáticos noruegos. Se esperaba que el Gobierno venezolano y la oposición anunciaran el martes la reanudación del diálogo.
Chevron, con sede en California, es la última gran compañía petrolera estadounidense en hacer negocios en Venezuela, donde invirtió por primera vez en la década de 1920. Sus cuatro filiales con PDVSA produjeron alrededor de 200 mil barriles por día en 2019, pero en 2020 el Gobierno de Estados Unidos le ordenó reducir la producción y desde entonces sólo se le ha permitido realizar trabajos esenciales en pozos petroleros para preservar sus activos y niveles de empleo en Venezuela.
El cambio permite a “Chevron negociar los rérminos de posibles actividades futuras en Venezuela”, dijo un alto funcionario estadounidense a la prensa el martes. “No le permite entrar en ningún acuerdo con PDVSA ni… el sector petrolero venezolano. Así que, en el fondo, solo se les permite hablar”.
Chevron no respondió a los pedidos de declaraciones el martes. Las inversiones de la empresa en los yacimientos petroleros de Venezuela y en maquinaria durante el siglo pasado tuvieron un valor estimado de dos mil 600 millones de dólares hasta 2020.
Venezuela cuenta con las reservas de petróleo más grandes del mundo, pero la agitación política y el declive económico han orillado a más de seis millones de personas a emigrar en los últimos años. Unas tres cuartas partes de los que todavía radican aquí sobreviven con menos de 1.90 dólares al día —considerado el estándar internacional de pobreza extrema— y muchos carecen de acceso a agua potable y electricidad.
Estados Unidos y otros países dejaron de reconocer a Maduro después de acusarlo de manipular su reelección en 2018. En su lugar, reconocieron a Juan Guaidó, quien entonces encabezaba una Asamblea Nacional dominada por la oposición y ahora es líder de la Plataforma Unitaria.
Durante los últimos cinco años, Estados Unidos ha utilizado sanciones financieras y personales, acusaciones penales y apoyo a grupos clandestinos en una campaña fallida para derrocar a Maduro y restaurar lo que considera la democracia robada de Venezuela.
Pero en marzo, funcionarios estadounidenses viajaron a Caracas para reunirse con Maduro después de que la invasión rusa de Ucrania trastornó el orden mundial y obligó a Washington a repensar sus prioridades de seguridad nacional.
Tras la reunión en la capital venezolana, Maduro liberó a dos presos estadounidenses y prometió reanudar las negociaciones con sus opositores.
Los funcionarios estadounidenses dijeron que el Gobierno calibrará las sanciones en función de los resultados concretos de las negociaciones y las volverá a imponer en caso de retroceso en el proceso de diálogo.
“Lo que ustedes ven aquí es un enfoque muy calibrado que busca una hoja de ruta clara en Venezuela, donde el único camino que tiene el régimen para el levantamiento de las sanciones de Estados Unidos es una negociación que conduzca a resultados concretos”, dijo uno de los funcionarios a la prensa.
Malpica Flores fue tesorero nacional y vicepresidente de finanzas de PDVSA. Fue sancionado en 2017, cuando Estados Unidos apuntó a personas asociadas con la rampante corrupción gubernamental venezolana.
Cilia Flores, tía de Malpica Flores, es uno de los miembros más influyentes del Gobierno de Venezuela y una presencia constante junto a su esposo. Otros dos sobrinos de ella están encarcelados en Estados Unidos por condenas de drogas.
