Los analistas coinciden en que las investigaciones para esclarecer los casos de agresiones y asesinatos de periodistas se complican con los cambios de administración estatal porque tienen que reajustarse alianzas ilícitas de autoridades y criminales y se enturbia aún más con la fragmentación de los cárteles y la lucha entre ellos.
CIUDAD DE MÉXICO (AP).- Una periodista es acribillada mientras lleva a su hijo a la escuela. Hombres armados disparan a otro tumbado en una hamaca mientras le lavan el coche. Un premiado reportero es sacado de su vehículo a mediodía y recibe doce balazos a unas calles de su oficina.
Javier Valdez se convirtió el lunes en el sexto periodista asesinado desde primeros de marzo, algo inusual incluso en un país que se sitúa solo detrás de Siria y Afganistán en crímenes contra la prensa. Nada vincula directamente esos seis homicidios pero en conjunto son la constatación de que la impunidad que existe en México amenaza la vida y el trabajo de la prensa.
“Hoy nos pegaron en el corazón”, tituló Ríodoce, el semanario que el reconocido periodista contribuyó a fundar hace 14 años. “Es un golpe demoledor”, añadía su editorial.
“México se ha vuelto más peligroso”, indica el analista Alejandro Hope. Por un lado, los asesinatos en general aumentaron en 2016 y en el primer trimestre de 2017 volvieron a hacerlo: un 29 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior. Por otro, crece la tensión político-electoral, los escándalos de corrupción se multiplican y la guerra contra el narco de más de una década está lejos de ganarse.
“Hay mucha tensión y la gente que cubre todo esto se arriesga mucho más”, añade Hope.
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Valdez, 50 años recién cumplidos, era uno de ellos. En su columna “Mala Yerba” narraba literariamente y sin nombres propios, historias que él conocía o le contaban. La última se tituló «El Licenciado», quizás por alusión, quizás no, al capo del cártel de Sinaloa, Dámaso López, que se apodaba de igual forma y fue objeto de varias de sus recientes informaciones en las que también abordó sucesos, excesos de las fuerzas de seguridad o temas de corrupción.
«Ríodoce y Valdez han investigado vínculos entre política, sociedad y grupos criminales y eso encierra una enorme impunidad y un enorme riesgo», explica el experto en crimen organizado y consultor internacional Edgardo Buscaglia, a quien el fallecido entrevistó en varias ocasiones.
El fiscal de Sinaloa, Juan José Ríos, dijo el martes no tener noticias de que Valdez hubiera sido amenazado. Sin embargo, el diario La Jornada, para quien trabajaba el sinaloense como corresponsal, asegura que sí.
“En semanas recientes recibió amenazas de un calibre diferente al acostumbrado; él y su esposa Griselda realmente se preocuparon”, indicó el periódico en un artículo del martes. Valdez viajó a Ciudad de México para pedir consejo. Le recomendaron salir del país. No lo hizo.
“Lo mataron con saña”, escribió su semanario. “Los asesinos simularon el robo de su vehículo, pero le dispararon en 12 ocasiones con dos armas distintas. No tenemos ninguna duda: quien ordenó el crimen pidió a los sicarios que se aseguraran del objetivo”.
Al día siguiente de su muerte, mientras sus más cercanos le daban el último adiós en Culiacán frente a un féretro adornado con su característico sombrero, periodistas de Sinaloa y del resto del país participaron en distintos actos de protesta.
“En México nos están matando”, escribieron a los pies del Ángel de la Independencia, en Ciudad de México junto a la frase “No al silencio”, hecha con las fotos de los periodistas asesinados.
Sin embargo, es pronto para valorar si la prensa local e independiente podrá sobrevivir al reto de informar ante los riesgos crecientes que representa el oficio. El Norte de Chihuahua, el periódico donde trabajaba Miroslava Breach, asesinada el 23 de marzo, optó por cerrar.
Los seis de este año —el 2 de marzo en Guerrero; el 19 en Veracruz; cuatro días después en Chihuahua, el 14 de abril en Baja California Sur, el 2 de mayo en Morelos y el 15 en Sinaloa— aparentemente no fueron hechos conectados, pero tuvieron lugar en estados donde la presencia del crimen organizado se une a una corrupción endémica —una combinación explosiva— y donde han crecido sustancialmente los homicidios.
Los analistas coinciden en que el escenario se complica con los cambios de administración estatal porque tienen que reajustarse alianzas ilícitas de autoridades y criminales (en 2016 hubo cambio de gobierno en Sinaloa, Veracruz y Chihuahua) y se enturbia aún más con la fragmentación de los cárteles y la lucha entre ellos.
Raúl Benítez, experto en Seguridad, recuerda que en Sinaloa hay un desmantelamiento del cártel que lideraba Joaquín “El Chapo” Guzmán, por las detenciones y las luchas internas, «y los grupos sicariales no tienen mando y se están vengando de quien quieren».
Algo similar ocurre en Chihuahua, donde el cártel de Sinaloa también está perdiendo estructuras de poder, añadió Benítez.
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En algunos estados de México, como Tamaulipas —donde recientemente también asesinaron a una defensora de derechos humanos—, la prensa crítica es casi inexistente. La autocensura, como solía decir Valdez, también es una forma de supervivencia. Otras veces la prensa simplemente se pliega —lo que se conoce como ‘plata o plomo’— a los deseos del más fuerte, sea político o narco.
Desde el Presidente mexicano Enrique Peña Nieto a las autoridades locales condenaron el nuevo asesinato de Valdez y se comprometieron a esclarecer el crimen.
«Tenemos claro que ante estos actos las palabras no bastan, que se requiere una respuesta de Estado» para «cerrar las puertas a la impunidad», dijo el martes el Secretario de Gobernación Miguel Angel Osorio Chong.
Sin embargo son muchos, en el gremio y fuera, los que creen que el gobierno no hace lo suficiente.
“El Estado es, sin ninguna duda, responsable por este círculo vicioso de impunidad. Si esto no cambia, todas las medidas de protección van a quedarse cortas y serán meros paliativos”, escribió en La Jornada Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos.
El director editorial de Penguin Random House, Ricardo Cayuela, editor de los libros de Valdez, sentado junto al nuevo fiscal para delitos contra la libertad de expresión, Ricardo Sánchez, en un estudio de CNN, fue aún más contundente. “Es la última oportunidad de este gobierno de dar un golpe sobre la mesa (…) porque la sensación de impunidad que transmiten estos crímenes (…) es casi un aliciente para seguir matando”.
Para el escritor y periodista José Reveles, los seis asesinatos «son hechos aparentemente inconexos pero se dan en una coyuntura preelectoral y en un ambiente de crispación en el que hay grupos que pueden querer generar miedo». A su juicio, el gobierno «está paralizado, sin saber qué hacer y eso puede conllevar que se multipliquen los actos violentos»
Casado, con dos hijos, Valdez siempre fue consciente de los riesgos de su profesión. “Hacer periodismo es caminar por una invisible línea marcada por los malos que están en el narcotráfico y en el gobierno, uno debe cuidarse de todo y de todos”, había escrito.
Aun así, consideraba su deber no callarse ante la violencia y los que le conocieron recuerdan su sentido del humor, su compromiso y su humanidad.
Everard Meade, director del Instituto Transfronterizo de la Universidad de San Diego, California, trabajó de cerca con él y recuerda cómo Valdez, más allá de las historias de tráfico de drogas, estaba interesado en saber dónde reside el verdadero poder criminal y cómo se usaba.
Según dijo, en los últimos tiempos el sinaloense había escrito sobre las conexiones entre la delincuencia organizada y los cargos electos. Meade se pregunta si eso pudo influir en su asesinato.
Javier Valdez Cárdenas fue especialmente agresivo tras la ejecución de su compañera, Miroslava Breach. “A Miroslava la mataron por lengua larga. Que nos maten a todos, si esa es la condena de muerte por reportear este infierno. No al silencio”.
