El documento propone centralizar el poder en el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, quien es amigo del Presidente Andrés Manuel López Obrador y a quien también se le cuestionó tener las capacidades para cubrir el cargo por encima del Consejo de Administración, según informó SinEmbargo desde el 13 de febrero.
Según los especialistas, consultados por este medio entre los que destacan ex funcionarios públicos, los cambios a la Ley incrementan la interferencia política en los procesos de toma de decisión, reduce los contrapesos al interior de la empresa y no inhibe los riesgos de corrupción.
-Con información de Dulce Olvera
Ciudad de México, 17 de febrero (SinEmbargo).- La Comisión de Energía distribuyó entre las personas miembros de la Cámara de Diputados el proyecto de reforma a la Ley Pemex, presentado desde el 9 de enero por el grupo parlamentario de Morena.
De acuerdo con medios nacionales, la Comisión presidida por el Diputado Manuel Rodríguez González, de Morena, el documento comenzará a discutirse en la legislatura tras diferentes reuniones de empresas de energéticos con legisladores encargados del rubro en la Cámara.
Por ejemplo, un encuentro entre Rodríguez González y otras personas de su bancada con Elvira Daniel Kabbaz, directora del Centro Nacional de Control del Gas Natural, y Luz María Zarza, directora jurídica de Petróleos Mexicanos (Pemex). La misma que se habría realizado con el fin de fortalecer el enfoque anticorrupción del proyecto de reforma y trabajar en el rubro de la transparencia.
El documento propone centralizar el poder en el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, quien es amigo del Presidente Andrés Manuel López Obrador y a quien también se le cuestionó tener las capacidades para cubrir el cargo por encima del Consejo de Administración, según informó SinEmbargo desde el 13 de febrero.
La iniciativa de modificación a la Ley Pemex, que de acuerdo a medios nacionales fue distribuida entre los legisladores esta sábado y se discutiría el miércoles próximo, propone suprimir la vigilancia sobre la petrolera para que cumpla con los objetivos y genere mayor eficiencia, de acuerdo con consultores consultores del sector energético.
Según los especialistas, consultados por este medio entre los que destacan ex funcionarios públicos, los cambios a la Ley incrementan la interferencia política en los procesos de toma de decisión, reduce los contrapesos al interior de la empresa y no inhibe los riesgos de corrupción.
El proyecto busca establecer un marco jurídico que garantice que sea el poder Ejecutivo quien administre y organice los recursos de la petrolera, a través del titular de la dependencia, lo que implica modificar las facultades del Consejo de Administración.
Los nombramientos y recursos pasarían a ser responsabilidad directa del titular de la dependencia por lo que organizaría los tabuladores y los recursos humanos de la empresa productiva del Estado. Pero también podrá determinar la rentabilidad de la empresa y determinar la adjudicación de contratos para extracción y exploración.
AFECTARÍA A LA TRANSPARENCIA
El Consejo de Administración ha estado sujeto a la voluntad del Poder Ejecutivo y, en especial, de los secretarios de Energía y de Hacienda en sexenios anteriores, pero esta propuesta empeora el panorama de una buena gobernabilidad corporativa, confirmaron especialistas a SinEmbargo.
El pasado 9 de enero la reforma a la Ley Pemex fue presentada por el grupo parlamentario de Morena y turnada a la Comisión de Energía, presidida por el Diputado Manuel Rodríguez González de Morena.
“México Evalúa hace un respetuoso, pero enérgico llamado a los legisladores para que hagan la discusión de la propuesta actual de manera pública y plural. Tenemos que discutir el futuro de Pemex y nosotros, sus accionistas, debemos de estar involucrados”, dijo en conferencia de prensa Edna Jaime, directora del think tank.
“Esa iniciativa modifica sustancialmente los objetivos y la conformación del órgano de gobierno de Pemex, concentra las decisiones en una sola figura, afecta los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, excluye a la sociedad de la toma de decisiones. Al bajar la calificación crediticia de Pemex, Fitch Ratings señaló el riesgo que representa esta propuesta legislativa, ya que incrementa el poder que ejerce el Ejecutivo sobre la compañía, declinando así su gobierno corporativo”, argumentó.
Miriam Grunstein, socia fundadora de Brilliant Energy, coincidió en que en sexenios pasados el Consejo de Administración de Pemex se ha manejado “bajo la voluntad” del Poder Ejecutivo, de la Secretaría de Hacienda y de Energía, por lo que la propuesta de concentrar las decisiones en el Director “no la espanta”.
“Qué tan independientes son los ex consejeros del sexenio de Peña. No solo no han sido independientes, sino que han sido notoriamente inútiles. No los he visto hacer nada desde que fueron nombrados hace seis años […] Pudo haber sido un sexenio muy rico en discusiones dentro del Consejo de Administración”, afirmó.
Edna Jaim aseveró que si una de las prioridades de esta administración es fortalecer a Pemex, el centro de la discusión debe estar en cómo hacerla sostenible y cómo mejorar su gobierno corporativo.
“Un Pemex más transparente, más fuerte en sus órganos de gobierno, es el Pemex que este país necesita. Por eso pedimos que se haga un análisis riguroso sobre el papel que debe tener como empresa productiva del Estado, así como de las características que realmente fortalecerán su gobierno interno”, concluyó Jaime.
El grupo presentó el Índice de Transparencia de Empresas Productivas del Estado (IT-EPEs) que revela que la calidad de información corporativa de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es “insuficiente”.