Cuando Julio Scherer García, fundador de la revista Proceso, se reunió con Javier Duarte de Ochoa, el Gobernador de Veracruz, en mayo de 2012 a propósito de la investigación sobre el asesinato en aquella entidad de la periodista y corresponsal de Proceso, Regina Martínez Pérez, no le creyó una palabra al mandatario priísta.

No fue solo el escepticismo nato del periodista; Scherer tenía razones para no tomar por verdad las palabras del priísta: antes de Regina, cuatro periodistas habían sido asesinados en el primer año de Gobierno de Duarte. Los cuatro en el 2011. Noel López Olguín, reportero de Noticias y La Verdad, fue encontrado muerto el 1 de junio después de que estaba desaparecido desde marzo de ese año.

Miguel Ángel López Velazco y Miguel López Solana, ambos de Notiver, periodista y fotógrafo, padre e hijo, cubría el primero la fuente policíaca cuando fue asesinado, también su esposa fue muerta aquel 20 de junio de 2011. El siguiente mes, un día 27, Yolanda Ordaz, también reportera de Notiver, fue encontrada muerta luego que un comando armado la secuestró.

Los tres casos estaban impunes cuando Julio Scherer y Rafael Rodríguez Castañeda, director de la revista, se reunieron con el Gobernador Duarte de Ochoa. Castañeda fue enfático: “No le creemos, no le creemos, no le creemos”. No era para menos. De la impunidad en el caso de los tres periodistas asesinados previo a Regina, pasaron a sufrir el propio. Martínez Pérez, corresponsal en Xalapa, fue asesinada en su casa en abril de 2012, luego de lidiar con la presión del gobierno tras sus reportajes centrados en la corrupción gubernamental, la violación de derechos humanos, las organizaciones criminales.

Han pasado casi cuatro años del asesinato de Regina. Julio Scherer murió por causas naturales, y se fue sin creerle ni a Duarte ni a muchos que encabezan y encabezaron las instituciones de este país. Rafael Rodríguez sigue al frente del semanario. Duarte de Ochoa está por concluir su sexenio, el crimen de Regina permanece en la impunidad y la injusticia, lo mismo que el de Noel López Olguín, Miguel Angel López y Miguel López, y el de Yolanda Ordaz… y el de once periodistas más que hasta el 8 de febrero de 2016, han sido acribillados en Veracruz.

El asesinato de 16 periodistas en el estado sureño no es una casualidad, no puede serlo. Hay un patrón de aniquilar a aquellos que indagan –para bien y en honor a la información pública, o para mal y en complicidad con cárteles-, investigan y publican. El gobernador Javier Duarte de Ochoa no puede ser ajeno al serial de asesinatos de periodistas. No puedo en principio porque es su obligación procurar justicia y garantizar la seguridad física y la integridad de sus gobernados, entre ellos los periodistas.

Duarte por omisión o por complicidad ha permitido el crecimiento del narcotráfico y el crimen organizado. El cártel de Los Zetas ha hecho de aquella región su zona de guerra y restricción, de la mano del Gobierno. Es sabido: una organización criminal no puede subsistir sin la complicidad del Estado. Sin las policías, sin las instituciones, sin los fiscales ni los jueces. La impunidad es el resultado de la corrupción.

Pero a pesar de 16 periodistas asesinados, a pesar de las amenazas, de las presiones a la prensa, a los activistas sociales, a pesar del control que sobre unos medios ejerce el Gobernador Duarte, el Presidente Enrique Peña Nieto no ha intervenido para instaurar el Estado de Derecho que debe prevalecer en aquella entidad, y no sucede.

Peña se convierte así en cómplice de un gobierno represor y manipulador al no actuar en consecuencia. Ciertamente respetando la autonomía y la soberanía del Estado, pero ni siquiera ha ejercido su facultad de atracción al fuero federal de los casos de periodistas asesinados, tampoco ha respondido a las denuncias ciudadanas de la corrupción y los abusos en el gobierno de Duarte que hacen historia de denuncia en medios independientes sin encontrar eco en la justicia.

La inacción de Enrique Peña Nieto no solo en Veracruz sino en todo el país, para contener la inseguridad y la violencia producto de la guerra entre los cárteles que cada vez son más, vulnera a la sociedad y mata a los periodistas.

Tratándose de las ejecuciones del narcotráfico, al cierre del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, Veracruz se ubicaba en la posición número 16 de las entidades con más asesinados. Contabilizó en seis años 1 mil 714 ejecuciones (hasta octubre de 2012). Y durante los primeros tres años del sexenio de Enrique Peña Nieto y en la última parte del gobierno de Javier Duarte, la cifra de ejecutados en Veracruz ascendió a 2 mil 600 (del 1 de diciembre de 2012 y hasta el 20 de noviembre de 2015), posicionándose en el número nueve de los diez estados con más asesinatos en la República Mexicana.

Esta dupla, la Peña-Duarte, han llevado a Veracruz a la representación del horror que se vive en México. Jóvenes desaparecidos, hombres y mujeres asesinados, periodistas silenciados, ciudadanos aterrorizados.

Al terrible secuestro y homicidio de la periodista Anabel Flores Salazar el 8 de febrero de 2016, le antecedió el secuestro de cinco jóvenes en Tierra Blanca, cinco jóvenes que regresaban de un día de diversión, mientras la periodista fue sacada de su hogar, donde fueron abandonados sus dos hijos, uno de quince días de nacido, otro de escasos cuatro años de edad. El horror impera en Veracruz.

Sin que el Gobierno Federal haya ejercido su facultad de atracción en la investigación del asesinato de Anabel Flores –como no lo hizo en el de Regina Martínez-, la investigación se queda en las instituciones que criminalizaron a la reportera y que han intentado acabar con la credibilidad de los periodistas independientes, vivos o muertos. El mismo gobierno que presiona, abusa, manipula, será el encargado de dilucidar el terrible asesinato. Se anticipa la injusticia. La impunidad.

Hace unos días el Gobernador, creyendo quizá que mantiene algo de credibilidad, anunció –como Peña vía Twitter- que el autor intelectual del asesinado de Anabel Flores era Josele Márquez Balderas “El Chichi”, Jefe de Los Zetas en Veracruz. Magnánimo, sin mostrar investigación de por medio, Duarte contradijo a su Procurador y aseguró que era “El Chichi” el asesino de Anabel, incluso que sabía que la periodista lo había denunciado “anónimamente” como el líder de los violentos Zetas.

Márquez Balderas había sido detenido en agosto de 2015 y por su peligrosidad recluido en el penal de Puente Grande, Jalisco, de donde la “Justicia Federal” lo dejó en libertad, solo lo “juzgaban” por portación de arma, lo que finalmente no pudieron sostener. La liberación ocurrió tres días antes que la periodista fuese secuestrada y asesinada. Al tiempo que en los federales ponían en libertad al narcotraficante, ministeriales veracruzanos lo aprehendían por homicidio calificado. Así llegó a la cárcel, así llegó para ser la coartada de un Gobernador que carece de credibilidad y no ha mostrado investigación.

¿Cómo creerle a Javier Duarte? No hay manera. Enrique Peña Nieto se ha convertido en su cómplice al no atraer los casos, al no tomar las calles de Veracruz, al no atender las denuncias ciudadanas, al no observar el patrón del homicidio, en cinco años, de 16 periodistas en Veracruz. Nada es coincidencia, la dupla priísta, Gobernador y Presidente, aun no son juzgados por los crímenes que se comenten facilitados por la omisión de la autoridad que así se vuelve culpable. Ojalá los crímenes no queden impunes, esperemos que algún día haya justicia en México.

Adela Navarro Bello

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