Ciudad de México, 17 de febrero (SinEmbargo).– El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de reforma constitucional para evitar que Jesús Murillo Karam asuma de forma automática el cargo de Fiscal General, en cuanto se cree el nuevo organismo.
La propuesta presentada por la Diputada Elena Tapia Fonllem, presidenta del grupo plural para coadyuvar en las investigaciones de la ejecución de civiles en Tlatlaya, Estado de México, pretende establecer en los artículos transitorios de la reforma constitucional por la que se crea la Fiscalía General de la República (FGR) un candado para evitar que el actual Procurador General de la República se convierta en su titular de forma automática.
La Diputada Elena Tapia afirmó que Jesús Murillo Karam no es el personaje ideal para dirigir la nueva Fiscalía toda vez que durante los dos años de su gestión se han detectado diversas violaciones a los derechos humanos desde la Procuraduría General de la República.
Señaló, por ejemplo, la obstinación de la PGR en defender su hipótesis sobre los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, desaparecidos el pasado 26 de septiembre, para lo cual incluso desacreditó la labor del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
Indicó las omisiones de la PRG en la investigación de la masacre en Tlatlaya, en donde sigue sosteniendo la hipótesis de que sólo ocho personas fueron asesinadas mediante ejecución. Además, indicó la legisladora, no ha entregado la información pública acerca de las investigaciones a mandos militares involucrados en los hechos.
Recordó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acumuló 487 expedientes de queja contra la PGR en 2014, y 735 durante 2013. Asimismo, la comisión le ha dirigido 9 recomendaciones durante los dos años de gestión de Murillo Karam.
“En virtud del desempeño del actual titular de la PGR siembran dudas acerca de su capacidad para encabezar una gestión autónoma, ciudadana y comprometida con los derechos humanos”, afirmó la legisladora en la exposición de motivos de su iniciativa.
La legisladora también consideró que la continuidad automática de Murillo Karam pondría en riesgo la autonomía e independencia que se busca en el nuevo fiscal, toda vez que el actual procurador fue nombrado directamente por el Presidente Enrique Peña Nieto.
“La conversión automática del actual procurador en fiscal pone en riesgo no sólo la posibilidad de que la sociedad ejerza gradualmente su derecho de acceso a la justicia, hoy seriamente vulnerado, sino que significa dejar la FGR en manos de un funcionario nombrado por el actual titular del Ejecutivo”.
Sin embargo, la propuesta perredista no cierra completamente la puerta a Murillo Karam, por lo que el procurador tendría que formar parte de la lista de aspirantes que el Senado de la República evaluaría para seleccionar la terna de candidatos.
El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma constitucional en materia política-electoral, la cual, entre muchas modificaciones, contiene la transformación de la Procuraduría General de la República en una Fiscalía General de la República.
La función de la nueva fiscalía es investigar la comisión de ilícitos, perseguir a los probables responsables y procurar la impartición de justicia al presentar las causas correspondientes ante los tribunales.
Se estableció que su titular sería electo por las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado la República.
Sin embargo, en el artículo decimosexto transitorio se estableció que “el procurador general de la República que se encuentre en funciones al momento de expedirse la declaratoria a que se refiere el párrafo anterior, quedará designado por virtud de este decreto fiscal general de la República […]”.
“Al haber sido nombrado al titular de la PGR por el procedimiento vigente en ese momento (por el Ejecutivo con la ratificación del Senado), el primer fiscal encarnará la continuidad de un procedimiento anterior, con lo que tendrá un estatuto híbrido, como un procurador integrante del gabinete y como el titular de un órgano autónomo”, detalló la legisladora.