Ciudad de México, 17 de febrero (SinEmbargo).– Senadores de oposición confiaron en que la Presidencia de la República dé marcha atrás en su pretensión de imponer cambios a la nueva Ley General de Transparencia, que significarían un retroceso en el derecho ciudadano a conocer detalles de la administración pública.
Indicaron que la presencia de los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) en el Senado de la República para externar su preocupación por aspectos regresivos en la nueva norma, podría mover a Los Pinos a desistirse de atentar contra la transparencia en temas como corrupción, violación a derechos humanos y condonación de impuestos, entre otros.
“Esperemos que se corrijan las pretensiones de dar marcha atrás con el espíritu y la letra de la reforma constitucional”, sostuvo el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
En una reunión a puerta cerrada con los coordinadores parlamentarios de las cuatro fuerzas mayoritarias del Senado de la República, que duró aproximadamente tres horas, los comisionados del IFAI externaron sus preocupaciones en torno a las 80 modificaciones que se informó, la Presidencia de la República planeaba incorporar al texto base de la nueva norma.
“Fue una reunión en la que nos explicaron los 10 puntos sobre los que tiene preocupación de posibles cambios a la iniciativa que presentamos el año pasado un grupo de senadores”, detalló a SinEmbargo la Senadora Laura Rojas, del Partido Acción Nacional (PAN).
Los comisionados pusieron sobre la mesa diez puntos que a su parecer eran los más graves, “los diez mandamientos del IFAI” como los llamaría más tarde Alejandro Encinas.
El presidente de la comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, el Senador Pablo Escudero Morales trató de tranquilizar a los comisionados, les aseguró que no existe un predictamen ni se ha llegado al final de la discusión de la materia.
“Yo sería incapaz de presentarme con un dictamen que no esté consensuado”, afirmó el Senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Aseguró que para la alianza Partido Revolucionario Institucional (PRI)-PVEM no hay temas irreductibles. Por el contrario, dijo, cada día se avanza en la negociación de un texto que deje satisfechos a todos.
“Cada día nos acercamos más a las posiciones; cada día encontramos más jurisprudencias, más opiniones, cada día nos convencemos, debatimos más y sin duda, hemos avanzado mucho en estos acercamientos que tenemos”, recalcó.
El pasado martes 10 de febrero, legisladores del PRD denunciaron que Los Pinos, a través de legisladores del PRI, intentaban imponer una serie de cambios en el proyecto de la Ley General de Transparencia,
El perredista Alejandro Encinas Rodríguez especuló que la intención de la Presidencia por acotar el acceso de la información pública en temas como corrupción, violaciones graves de derechos humanos y en delitos de lesa humanidad, eran la respuesta de Los Pinos a la incomodidad que le causaban los temas de la «casa blanca», la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la ejecución de civiles en Tlatlaya, Estado de México.
Tres días después los comisionados del IFAI hicieron llegar al Senado su inquietud por la información ventilada.
Su interés era que por lo menos diez puntos relevantes en materia de derechos ciudadanos a la información se mantuvieran intactos en la nueva Ley General de Transparencia.
Entre los 10 puntos del documento que suscribieron los comisionados se pide a los legisladores mantener la “excepción de reserva” en casos de violaciones a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Asimismo pidieron que se precisen los conceptos y las causales de reserva por “seguridad nacional” y “estabilidad financiera, económica o monetaria”.
Asimismo se pidió que se mantenga como una obligación de transparencia, la publicación del nombre de las personas a quienes se les ha condonado o cancelado un crédito fiscal.
El instituto también pidió que el Sistema Nacional de Transparencia esté integrado tanto por ese organismo autónomo como por los organismos garantes de las entidades federativas.
“[El ánimo del IFAI] fue de exhortarnos a que ésta Ley General de Transparencia en efecto cuide el espíritu original de la reforma al sexto constitucional, que es de apertura, de avanzada, de progresividad en la ampliación al derecho de acceso a la información pública”, detalló la Senadora Laura Rojas.
ESPERO QUE DEN MARCHA ATRÁS: ENCINAS
El Senador Alejandro Encinas consideró que la presencia de los comisionados del IFAI generará presión suficiente en la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, cuyo titular es Humberto Castillejos Cervantes.
Señaló el simple hecho de que el IFAI presentara sus “diez mandamientos” es una muestra de autonomía del Instituto y una prueba de que el órgano garante no tolerará regresiones en los derechos ciudadanos a la información pública.
“Yo creo que la presentación misma del documento es un acto de autonomía, donde con toda nitidez se precisan las diferencias que existen con los intentos de regresión que pudieran presentarse”, afirmó el también presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda.
Externó que es un asunto muy importante ya que se trata de una propuesta del órgano garante y de quien tendrá que aplicar la ley, además de un órgano colegiado que tomo por unanimidad un acuerdo en estos temas y el cual debe ser considerado plenamente.
Por su parte, la Senadora Laura Rojas detalló que durante la reunión se abordaron otros temas que no incluye el decálogo del IFAI, como es la preocupación panista por la intención de Los Pinos de eliminar de la Ley la obligación para generar la información que sea del interés de la ciudadanía.
“Es un tema técnico pero es de la mayor relevancia. Es decir, el obligar a los sujetos obligados a documentar todos los actos derivados de sus facultades”, explicó.
Y es que uno de los principales pretextos de los sujetos obligados para no dar la información pública que requiere la ciudadanía es que tal información no existe, no se generó o no se guardó en archivos. De allí la importancia de establecer esta obligación en la Ley.
“Lo que se busca finalmente es que cuando un ciudadano pida la información ésta exista. Es decir, si un sujeto obligado va a ejercer una facultad que está en el ámbito de su competencia, tiene que documentar toda la información derivada del ejercicio de esa determinada facultad”, recalcó la legisladora panista.
SIN FECHAS PARA DICTAMINACIÓN
En conferencia de prensa al finalizar la reunión a puerta cerrada, el Senador Pablo Escudero explicó que no existe todavía fecha para aprobar en comisiones el dictamen de la nueva Ley General de Transparencia. No existe ni siquiera un calendario, dijo.
“Lo que sí tenemos entre todos es la urgencia de que esto quede, pero sin duda la complejidad del tema nos ha llevado a seguir haciendo las revisiones de toda esta documentación, de la parte jurisprudencial, de los criterios de la Corte y de los mismos comentarios de los comisionados del IFAI”, sostuvo.
“Lo que me gustaría a mí es que la siguiente semana [del 23 al 27 de febrero], a finales de la siguiente semana, ya pudiéramos tener un Dictamen y que la otra semana, es decir a más tardar en dos semanas [del 2 al 6 de marzo], ya pudiéramos estar teniendo un debate público y abierto en Comisiones para poder ir al Pleno”, confió el presidente de la comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.
El Senador dejo entrever que a pesar de los avances en la negociación que el mismo informó que se alcanzan día con día, en la parte final de la dictaminación quedará un quizá un cinco por ciento de los temas encorchetados en lo que no habrá acuerdos.
En ese caso, esos temas con consenso podrían someterse a votación directa y allí las matemáticas y ya no la política definirían los alcances progresistas de la nueva Ley General de Transparencia.
