Con la creación del Instituto de Salud para el Bienestar, el Presidente Andrés Manuel López Obrador puso fin a uno de los programas transexenales más importantes de los últimos 20 años: el Seguro Popular.
La puesta en marcha del nuevo modelo enfrenta varios obstáculos y críticas, sobre todo de los ex presidentes panistas que califican la decisión como un error, a pesar de que por años la Auditoría Superior de la Federación alertó de malos manejos presupuestales.
Ciudad de México, 17 de enero (SinEmbargo).– En sólo una década, se malgastaron en los estados cerca de 77 mil 606 millones 110 mil 168 pesos asignados al Seguro Popular, de acuerdo con las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La revisión de 2008 a 2018 arrojó que en algunos años se llegaron a registrar hasta 15 mil 500 millones de pesos que no se utilizaron para los fines para los que fueron destinados o de los que no fue posible comprobar su uso.
Los documentos de la ASF muestran incluso más de 100 maneras en cómo el presupuesto público no se utilizó para fortalecer el sistema de salud y atender al mayor número de población.
Los estados con mayor número de irregularidades en ese periodo son, en primer lugar, Veracruz con 14 mil 052 millones 583 mil 397 pesos; Jalisco con 10 mil 141 millones 748 mil 067 pesos; Estado de México con 8 mil 170 millones 887 mil 483 pesos: Chiapas con 5 mil 892 millones 138 mil 048 pesos y Guerrero, con 4 mil 795 millones 405 mil 558 pesos.
En ese periodo gobernaron políticos de tres partidos entonces preponderantes en el país.
El Gobierno de Veracruz estuvo encabezado por Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa, ambos del Revolucionario Institucional (PRI), además de Miguel Ángel Yunes Linares, del Partido Acción Nacional (PAN). En tanto, en Jalisco, gobernaron el panista Emilio González Márquez y el priista Aristóteles Sandoval Díaz.
En el periodo de referencia, al frente del Estado de México estuvieron Enrique Peña Nieto, Eruviel Ávila Villegas y Alfredo del Mazo Maza, todos del PRI; en Chiapas, Juan Sabines Guerrero, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y Manuel Velasco Coello, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Además, en el caso de Guerrero, el Gobierno estuvo en manos de Zeferino Torreblanca Galindo y Ángel Aguirre Guerrero, ambos del Partido de la Revolución Democrática (PRD), así como Héctor Astudillo Flores, del PRI.
SEGURO POPULAR CON CALDERÓN Y PEÑA
Al país lo gobernaron Felipe Calderón Hinojosa, segundo Presidente del PAN, y Enrique Peña Nieto, quien regresó la Presidencia al Revolucionario Institucional, luego de 12 años de dominio blanquiazul.
Esas administraciones, tanto las federales como las estatales, permitieron que los sistemas de salud tuvieran un manejo desordenado del presupuesto del Seguro Popular, que provocó incluso que no se le presentaran a la Secretaría de Hacienda la documentación comprobatoria del gasto y seguir operando sin ninguna alerta a pesar de que se violaban hasta cinco leyes en materia.
Esa fue una de las observaciones más recurrentes de la Auditoría Superior de la Federación, pero no las únicas. En sus documentos, por ejemplo, se registra que se dejaban de entregar informes, que no había modo de comprobar recursos, que se reservaron informes trimestrales de avances financieros y tampoco sobre el personal contratado.
También se detectó un mal manejo en el dinero de las adquisiciones, las oficinas no contaron con mecanismos adecuados de control interno, no se presentó el resultado de las evaluaciones ni si éstas se realizaron, la información que se reportó a Hacienda no coincidió con los registros contables y se contrató a personal, con dinero del Seguro Popular, que no trabajó para el programa y otro que ni siquiera trabajó o que ya estaba dado de baja.
La lista de las anomalías es larga: hubo pagos improcedentes o exceso, sin justificación; en ocasiones no se transfirieron los rendimientos generados por las cuentas de transferencia y hubo dinero que no se ejerció.
Además se encontraron fallas en el manejo y compra de medicamentos, como pagos por medicina a un costo superior, no hubo control adecuado de la entrada y salida de las medicinas, tampoco de la baja y destrucción de medicamentos caducos y hasta faltaron comprobantes de cumplimiento de proveedores.
Los 77 mil 606 millones fueron etiquetados por la ASF como montos por aclarar y pendientes a recuperar. Su origen fue de los recursos federales transferidos a través del Acuerdo de Coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa. Se fiscalizó el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular).
El Presidente Andrés Manuel López Obrador, desde su periodo de campaña, recalcó todas estas anomalías y la desaparición del Seguro Popular fue uno de sus principales objetivos.
El día de ayer en su conferencia de prensa matutina insistió: “Yo, que recorro todo el país, conozco lo que sucede abajo, estoy absolutamente seguro que no funcionaba el sistema de salud, que el llamado Seguro Popular ni era seguro ni era popular; pero lo constaté desde hace años”.
También dijo que el dinero del Seguro que se le daba a los estados no se utilizaba y que se utilizaba en más trabajadores administrativos que en personal médico. Con la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) busca combatir la falta de medicinas, contratar más médicos y mejorar las instalaciones hospitalarias.
“Es un plan completamente nuevo, porque nos dejaron tirado el sistema de salud, se dedicaron a robar en el sector salud, como lo hicieron en todo el Gobierno, se robaban hasta el dinero de las medicinas”, señaló López Obrador el año pasado, tras el anuncio de la creación del Insabi.
Sin embargo, la decisión no está exenta de críticas y ha generado incertidumbre. Los ex presidentes Vicente Fox, quien fue el que echó a andar el Seguro Popular el 27 de mayo de 2003, y Felipe Calderón son de los que más han criticado el cambio impulsado por el Gobierno de la llamada Cuarta Tranformación o 4T.
Justo esta semana, Calderón dijo a través de su cuenta de Twitter que el Seguro Popular cubrió desde 2008 todos los medicamentos y tratamientos para niños y jóvenes hasta los 18 años para todo tipo de cáncer y que “antes, 7 de cada 10 niños con leucemia morían. Después de ello 7 de cada 10 sobrevivían […] Sí era Seguro y sí era popular”.
Fox Quesada calificó como “una terquedad” del actual Presidente desaparecer el programa: “Desaparecer al Seguro Popular es otra terquedad, dejando fuera a más de 50 millones de afiliados, ignorancia total del sistema”, tuiteó el 14 de diciembre de 2018.
Sin embargo, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), organismo respaldado tanto por Fox Quesada como por Calderón Hinojosa y el propio Peña Nieto, también criticó el modelo de salud implementado bajo sus administraciones.
La OCDE recomendó en 2016 retener el financiamiento del Seguro Popular en los estados “si la calidad de la información de los estados no permite un monitoreo efectivo del desempeño”, puede leerse en uno de sus informes sobre salud.
“En los términos de la ley mexicana actual, los estados son responsables de decidir cómo gastar sus recursos, lo que significa que la Secretaría de Salud y la SHCP tienen limitaciones para responder a las preocupaciones sobre la eficiencia y la calidad […] No existe una estrategia clara de asignación a nivel estatal, lo que deja la responsabilidad a los estados de cómo gastan sus recursos dentro de estas restricciones. Una opción para mejorar la rendición de cuentas es dar a los estados un incentivo financiero para que proporcionen mejor información”, destaca ese organismo que reúne a los países más desarrollados del planeta y del que México es integrante.
