Ayer, el Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, acusó que durante la gestión de su antecesor Javier Duarte de Ochoa se aplicaba agua destilada a niños que padecían cáncer en lugar de la medicamento que realmente necesitaban. Hoy la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMNC) dijo que deben investigarse las acusaciones «sin motivaciones políticas y con el único objetivo de llegar a la verdad para que, de comprobarse, se sancionen de forma contundente».
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Ciudad de México (17 de enero de 2017).– La Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC) exigió hoy, en un comunicado, que se investigue el presunto falseo de quimioterapias para tratar a niños con cáncer en Veracruz y que de comprobarse, sea considerado como un «crimen de lesa humanidad».
A su vez, el mandatario de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, acusó que las irregularidades fueron detectadas desde la gestión de Fidel Herrera Beltrán, Cónsul de México en Barcelona.
Este mismo día, el ex titular de Salud de Veracruz, Antonio Nemi Dib, recordó que el había denunciado que también detectó que la dependencia compró pruebas falsas para detectar el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y alertó que que existen casos “más graves”.
«Las inconsistencias en la aplicación de quimioterapias en niños de Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, reveladas por el actual mandatario de esa entidad, Miguel Ángel Yunes Linares, deben investigarse sin motivaciones políticas y con el único objetivo de llegar a la verdad para que, de comprobarse, se sancionen de forma contundente», llamó en un comunicado de prensa la organización.
Hoy, el mandatario azul fue entrevistado en Radio Formula, acusó que pese a que el problema fue detectado en julio de 2010, durante la gestión de Herrera, la administración de Duarte no suspendió la compra del falso fármaco a la empresas que lo distribuían, vinculadas al Diputado federal Jorge Carvallo, del PRI.
Tan solo una de estas tres empresas facturó de 2007 a 2013 un total de cinco millones de dólares, denunció.
Yunes acusó que ambos ex mandatarios debieron haber sido informados: «Ante el aviso de Roche de que este era un medicamento falsificado, se tuvo que notificar tanto a Herrera, como a Duarte», dijo el funcionario.
Sin embargo explicó que las pruebas de los hechos fueron destruidas:
«Destruyeron todos los elementos documentales, de tal manera que cuando supieron que Roche había expresado que esto no correspondía a un medicamento fabricado por ellos empezaron a ocultar evidencias como lo han hecho en otras áreas del gobierno y estamos profundizando en el análisis, mañana o pasado se estará presentando la denuncia penal para que la Fiscalía pueda llamar a los responsables», indicó.
Y adelantó que interpondrá las denuncias penales por las irregularidades contra los ex mandatarios y los encargados de la Secretaría de Salud del Estado.
Ayer, en conferencia de prensa, el actual mandatario veracruzano informó que el resultado de un estudio realizado por un laboratorio sobre el uso de medicamentos clonados para la atención de niños con cáncer, reveló que los pacientes sólo recibían dosis de agua destilada, en lugar del medicamento prescrito para combatir la enfermedad.
El panista no precisó el número de menores afectados, pero refirió que “la quimioterapia que se administraba a niños no era realmente un medicamento, sino que era un compuesto inerte, era agua prácticamente destilada”.
El Gobernador panista tampoco informó el nombre de los funcionarios duartistas involucrados en estos hechos y señaló que las investigaciones aún están en proceso.
“Esto nos parece realmente un pecado brutal, un atentado contra la vida de los niños y se está terminando de analizar y, en su momento, se presentan las denuncias”, expresó.
Yunes también dio a conocer el hallazgo de bodegas con medicamentos caducados, cuyo origen y condiciones de compra todavía se desconocen.
Aseguró que se abrió una investigación para determinar si estos fueron adquiridos en esas condiciones o si la administración anterior permitió que se venciera su fecha de caducidad.
El priista Duarte de Ochoa desapareció desde el pasado 13 de octubre y la Procuraduría General de la República (PGR) asegura que ya lo busca a nivel internacional.
UN ACTO GRAVÍSIMO
La AMANC señaló que la aplicación de agua destilada «es un acto gravísimo, porque se atenta contra la vida, la salud y la recuperación de niños que padecen cáncer».
Y detalló que de ser ciertos los señalamientos se «habrían violado los derechos de niñas, niños y adolescentes, provocando fallecimientos, que de evidenciarse una acción sistemática, habrá de atenderse como un acto de lesa humanidad».
La AMANC resaltó que el «cáncer sigue siendo la primera causa de muerte por enfermedad en menores de 18 años de edad y el nivel de sobrevida (51% de los casos) acusa un rezago de 40 años frente a otras naciones».
La organización recordó que en ya había «señalado reiteradamente, en medios locales y en sesiones de trabajo a nivel federal, las deficiencias en el sector salud durante la gestión del ex mandatario Javier Duarte de Ochoa, todas referentes a la falta de medicamentos y de infraestructura médica en las unidades acreditadas en la entidad para atender a niños y adolescentes con cáncer».
Respecto a las acusaciones de que existe medicamento caduco en bodegas del estado, la AMNC consideró que ello es «otra demostración del desinterés y abandono en el que los pacientes debían recibir sus tratamientos».
Sin embargo apuntó: «Tampoco basta con señalar las deficiencias».
En el documento la organización exigió «que las investigaciones lleguen hasta sus últimas consecuencias y que esta penosa situación acelere el mejoramiento de las condiciones de atención de todos los niños y adolescentes con cáncer en el país».
REDIM, CRIMEN DE ESTADO
La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) consideró que de confirmarse este acto de corrupción, deberá ser configurado como un crimen de Estado, por lo que hizo un llamado a presentar las denuncias correspondientes, así como al Gobierno de Veracruz a brindar seguridad, apoyo y atención a los niños afectados.
«Este hecho discrimina nuevamente a niñas y niños pobres de familias cuya situación económica les obligaba a solicitar este servicio público y que al mismo tiempo ha permitido que este hecho quede impune», manifestó Redim.
Exhortó al estado de Veracruz a involucrar al Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y al Instituto Nacional de Pediatría (INP) en las investigaciones. Incluso, destacó la importancia de valorar que el caso sea atraído por la Procuraduría General de la República (PGR) y revisar su vínculo con expedientes similares.
Recordó que es una obligación del Estado investigar toda la cadena de responsabilidades, lo cual obliga a considerar a las y los implicados en la compra y revisión de los medicamentos, su prescripción y aplicación, así como el seguimiento al niño o niña a quien fue suministrado.
