De haberse cumplido la meta del plan al 100 por ciento — medio año de arduo trabajo, no es poco — esta cantidad de votos significaría el 20 por ciento de la diferencia con la que Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ganó a Andrés Manuel López Obrador del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) las elecciones Presidenciales.
Por Silber Meza
Ciudad de México, 12 de abril (SinEmbargo/Vice News en Español).- El operativo fue quirúrgico, y a juzgar por los documentos que VICE News tiene en su poder, ideado por una mente experta. La fecha para llevar a cabo el plan iba de febrero a julio de 2012, cuando Enrique Peña Nieto recorría México, en medio de una intensa campaña electoral que finalmente lo llevaría a la Presidencia el 1 de diciembre de ese mismo año. El objetivo de la operación, orquestada desde dentro de uno de los sindicatos más poderosos del país, el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), fue muy claro: conseguir 700 mil sufragios a favor de Peña Nieto.
La estrategia fue denunciada ante la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales (Fepade) según consta en el documento en poder de este medio, y el caso fue desechado una vez que Peña Nieto llegó al poder. El especialista René Torres Ruiz, profesor-investigador de tiempo completo en el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana — quien accedió a revisar el reportaje — opina que la operación, según los testimonios que ofrecen los trabajadores, caería en el ámbito del delito.
De haberse cumplido la meta del plan al 100 por ciento — medio año de arduo trabajo, no es poco — esta cantidad de votos significaría el 20 por ciento de la diferencia con la que Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ganó a Andrés Manuel López Obrador del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) las elecciones Presidenciales.
El plan fue bautizado como ‘SUTERM-Genera 10’ y para corroborar la información sobre la puesta en marcha, este medio obtuvo copia del proyecto, y realizó entrevistas a cinco trabajadores y ex trabajadores sindicalizados de distintos estados. Además, se comprobó, por ejemplo, el registro de un dominio web utilizado para procesar toda la información electoral, llamado www.genera10.com, actualmente en desuso, pero adquirido por tres años, del 26 de febrero de 2012 al 26 de febrero de 2015.
El plan electoral del SUTERM — conformado en su mayoría por trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa estatal de energía eléctrica en México — utilizó a los empleados sindicalizados, pues cada uno de los más de 70 mil afiliados tendría que haber convencido a 10 personas para votar por el entonces «candidato» del PRI, según se infiere a partir de la gráfica que mostramos a continuación, en la cual aparecen las iniciales «EPN» y al lado el logotipo de su campaña donde se escribe «Enrique Peña Nieto». Los sindicalizados, según testimonios, tenían que hacer campaña así fuera en sus horarios laborales, e incluso hablan de coacción.
La estructura del ‘SUTERM-Genera 10′ se plasmó en un documento; y la acción proselitista requirió a trabajadores’ con capacidad para «transmitir ideas y motivar», a fin de generar los votos necesarios para el actual presidente.
En la cabeza de este diagrama — en el que se hace una analogía con la generación de electricidad, para ir a juego con el gremio — estaba el Secretario General, como gestor de la gran energía. Luego bajaba la ‘electricidad’ a través de dos enlaces: la Secretaría de Organización y la de Relaciones Obreras. Posteriormente se dibujaron los conductores, los circuitos, y al final los electrones, que eran los «familiares, amigos, grupos deportivos» y todas las personas con las que los sindicalizados hacían vida social. Al final, el resultado debió ser una descarga de 10 votos a Enrique Peña Nieto por cada obrero del SUTERM.
El ‘SUTERM-Genera 10’ se elaboró e instrumentó desde el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del sindicato, según el documento. El plan dividió al país en cinco zonas, y sus enlaces políticos fueron personas allegadas al líder del gremio, Víctor Fuentes del Villar, según fuentes del propio sindicato.
En los estados, el plan lo encabezaron los líderes locales del sindicato a quienes se les llamó «generadores», y tenían la misión de coordinar el programa, definir la estructura operativa en distintas municipalidades, convocar a reuniones de trabajo y evaluación de resultados y organizar las acciones para el día de la elección, según lo explica el documento.
En este programa también participaron los secretarios de relaciones obreras y de organización de las secciones sindicales que fungían como «enlaces», y debían capturar información de una encuesta electoral, integrar un padrón de cada sección e identificar a los «transformadores».
Estos últimos eran los integrantes de los comités ejecutivos seccionales, delegados departamentales y líderes naturales; lo definían como un «trabajador con cualidades de liderazgo, iniciativa, capacidad para motivar y transmitir ideas, alto nivel de disponibilidad, lealtad y compromiso con el SUTERM».
La red que instrumentaría el plan también abarcaba a los trabajadores de las secciones sindicales de las regiones identificados como «conductores»; éstos se encargarían de integrar la «red afectiva del programa». Es decir, buscarían sumar 10 personas con las que hacen «vida social», ya sea «integrantes de su familia, agrupaciones religiosas, juntas vecinales, grupos deportivos, etc».
En Veracruz, estado ubicado en el Golfo de México, la implementación del plan para votar por el PRI fue intensa. El día de la elección un funcionario sindical se encargaba de ir a recoger a los trabajadores y a sus familias para llevarlos a las casillas, y les pedían, a quienes traían celular, que tomaran foto de su voto: «ellos llegaban a los distintos domicilios, por ejemplo a la casa de una familia donde ya había 10 personas, y le decían al trabajador: vamos a la casilla y ahí está el directivo presente, sácale una fotografía [al voto] con tu celular; y ya le enseñaban la foto de que efectivamente votaron por el partido», afirmó un sindicalizado que omitió revelar su nombre por miedo a represalias al interior del gremio, y que sabía del plan GENERA-10.
Esta fuente relató que el trabajador que se negaba a votar por el PRI, era amenazado con perder prestaciones a las que tenía derecho, como algunos bonos.
Previo a la elección, se hicieron juntas presididas por el dirigente de esa región donde les exigía a los trabajadores que votaran por el PRI, y que le dieran copia de su credencial de elector para tener un registro en el partido, narró el testigo. «A los mítines llevaban a todos los trabajadores; los carros [de la CFE] llenos de gente, con familia y todos gritaban: ‘viva el PRI’; a él (al dirigente) le dicen: necesito que organices, y él ya acomoda a todos los trabajadores. Ya saben que todos los votos del sindicato los tienen a favor del PRI», narra otro trabajador.
LOS BÚNKERS DE FARADAY
En el documento ‘SUTERM-Genera 10’ se plasma que para la implementación del programa se recomendaba instalar en cada coordinación regional un espacio seguro llamado ‘Búnker de Faraday’, en referencia a Michael Faraday, un físico británico que hizo diversas aportaciones en el campo electromagnético y en la electroquímica.
Esta instalación tendría que ser: «ajena a la empresa; en la cual se puedan planear y desarrollar estrategias, llevar a cabo reuniones de difusión y capacitación, así como la revisión del avance de las metas y que funja como centro neurálgico para el día E [día de la elección]».
El SUTERM fue cuidadoso y tomó una serie de precauciones para que el plan no se conociera públicamente. Por ejemplo, en el apartado titulado El ABC de lo electoral piden no recoger la credencial para votar «en ningún momento» [aunque hay señalamientos de que sí fotocopiaron credenciales]; y evitar condicionar expresamente un favor relacionado con la función del servicio público de energía eléctrica a cambio de un voto.
También se sugiere no utilizar edificios, vehículos, equipos y demás inmuebles propiedad de la empresa para beneficio de un candidato; evitar el reparto de propaganda de cualquier tipo dentro de las instalaciones y evitar solicitar expresamente el voto, lo que tampoco se cumplió a cabalidad.
También se advierte que en el orden del día de las reuniones sindicales donde se pretenda difundir información no se incluya expresamente el tema del ‘SUTERM-Genera 10’. El sindicato también ordenó «evitar evidencia de convocatoria expresa a una reunión en la que habría de tocarse el tema, que habría de beneficiar a un candidato y evitar la presencia de cualquier medio de comunicación, prensa o elementos ajenos a los convocados».
A la red que habría de instrumentar el plan electoral, se le ordenó mencionar en sus discursos las virtudes de los candidatos del PRI, y a lo largo del documento se menciona varias veces a este partido. «El PRI es el partido de las instituciones. El PRI es el partido de la gente. El PRI es el partido que respeta y promueve el sindicalismo, la democracia y los derechos laborales», se escribe.
«El voto es libre, secreto y directo — hacer énfasis en las virtudes, resultados, cualidades y beneficios potenciales del candidato —, reiterando la libertad de voto», se asienta en el documento de entrenamiento; aunque a decir de los testimonios recabados, no se hizo del todo caso de ésta sugerencia.
También en el documento se habla de la elaboración y entrega de promocionales, pulseras y calcomanías. El plan incluyó capacitación para saber cómo actuar el día «E» [día de la elección], levantamiento de encuestas y elaboración de formatos llamados «cédulas de circuito» que contenían los datos del transformador [los trabajadores con cualidades de liderazgo]: nombre, dirección, teléfono y número de credencial electoral.
LA DENUNCIA ANTE FEPADE
El plan causó inconformidad entre trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tanto que algunos de ellos filtraron el proyecto a grupos de disidentes a fin de que interpusieran una denuncia ante la fiscalía de delitos electorales, Fepade.
El 26 de junio de 2012 [cinco días antes de la jornada electoral] Evangelina Navarrete Castellanos [hermana de Jesús Navarrete Castellanos, principal opositor de la actual cúpula sindical], y Francisco Javier Carrillo Soberón presentaron ante la fiscalía una denuncia de hechos «constitutivos de delitos electorales en contra de la ciudadanía» por la cual se inició la averiguación previa 1422/FEPADE/2012, de la cual este medio tiene copia.
En el documento se acusaba a Fuentes del Villar, secretario general del SUTERM, a los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del sindicato, a los secretarios generales locales de las secciones sindicales y a Mario Ramírez Manzanares, secretario general de la sección de Acapulco, Guerrero, de «tratar de inducir el voto hacia el PRI, por medio de los representantes sindicales». En sus argumentos exponían que se han «modificado los estatutos para introducir aspectos negativos, como la afiliación forzosa de los electricistas al PRI y el derecho a ser electo para puestos de representación popular, pero sólo postulándose por ese partido».
Además la demanda alega que «los líderes del sindicato y los representantes sindicales amenazaban a los trabajadores y los obligaban a entregar copias fotostáticas de su credencial de elector, así como de 10 familiares más. En Piedras Negras, Coahuila — explica la denuncia — utilizaron trabajadores temporales y de nuevo ingreso para apoyar eventos proselitistas del PRI; y en Mérida, Yucatán, los dirigentes locales formaron brigadas de propaganda del PRI».
La denuncia tuvo respuesta por parte de la Fepade hasta el 16 de abril de 2014, casi dos años después. En el oficio 8517 se informa que se determinó «el no ejercicio de la acción penal». Los detalles de esta determinación obraban en un dictamen, el cual no se anexó en la respuesta.
Posteriormente los denunciantes solicitaron el documento faltante, pero la Fepade, también según el escrito oficial en poder de VICE News, argumentó que «no podían tener acceso, ya que «usted no es la inculpada, ni su defensora, ni la víctima u ofendida».
Según mencionaron los quejosos, la Fepade se negó a entregarlo argumentando que ellos no podían tener acceso al expediente porque no eran los afectados directos. «Lo que ellos decían es que en este caso el que era víctima era el candidato Andrés Manuel López Obrador, entonces tenía que ir él o sus abogados a solicitar el expediente porque ellos eran, para la Fepade, los ofendidos, pese a que nosotros como pueblo también éramos los ofendidos», explica la denunciante.
FEPADE: «INSTANCIA DECORATIVA»
Para René Torres Ruiz, profesor-investigador de tiempo completo en el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, el ‘SUTERM-Genera10’ es un ejemplo del viejo sistema corporativista. Resalta también los testimonios de los trabajadores que habrían denunciado un delito de coacción, lo cual debió ser investigado por la Fepade y no lo hizo.
«Con esta estrategia del SUTERM-Genera 10, de la coacción de distintos trabajadores del sindicato de electricistas, las prácticas de retirar la credencial de elector, de pedir fotografías para dejar constancia de que se había votado por los candidatos priistas; y de esta convocatoria para votar abiertamente por el PRI, etc… si todo esto ocurrió, son delitos que están tipificados en distintas legislaciones en materia electoral», argumentó Torres Ruiz.
Uno de los más importante es el Artículo 4, Inciso 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de 2008, el cual dice: «quedan prohibidos los actos que generen presión o coacción a los electores»
Respecto al trabajo que ha realizado la Fepade, el especialista comentó que «es una instancia decorativa», pues en repetidas ocasiones no ha sido profesional en la atención a los delitos electorales.
«El clientelismo, el corporativismo, faccionalismo, siguen estando presentes en donde se supone que hemos transitado a la democracia», opinó.
El académico mencionó que el PRI es el partido que construyó el sistema corporativista, y a pesar de la alternancia de 12 años del PAN, la mayoría de los sindicatos se mantuvieron.
Añadió que con operaciones electorales como la del SUTERM-Genera 10, regularmente hay dos partes ganadoras: el candidato que obtiene el cargo, y la cúpula sindical que recibe reelecciones gremiales, puestos de elección popular, dinero y poder. Y quien menos beneficios adquiere es la base de obreros sindicalizados.
En este sentido cabe recordar que cuando Peña Nieto llegó a la Presidencia, el dirigente del SUTERM, Víctor Fuentes del Villar, obtuvo el aval para su continuidad dentro de la dirigencia sindical, un presupuesto millonario y la omisión legal ante un enriquecimiento difícil de explicar; casos que fueron publicados en una serie de reportajes en El Universal. La ex líder del sindicato de maestros y ex priista acusada de traición, Elba Esther Gordillo, fue encarcelada.
Este medio solicitó a Presidencia de la República una entrevista sobre el el plan llamado ‘SUTERM G-10’, explicando el punto neurálgico del mismo; sin embargo un Oficial de Los Pinos se limitó a responder: «los movimientos de apoyo al entonces candidato del PRI a la presidencia se sujetaron a la normatividad electoral vigente para aquel proceso. Su triunfo fue resultado del respaldo libre y mayoritario del electorado mexicano».
La CFE por su parte indicó a través de un texto que «en estricto apego a la Constitución mexicana, cada uno de los trabajadores, como cualquier ciudadano, ejerce su derecho al voto de manera libre y secreta» y que el SUTERM es «independiente» de ellos. Finalmente después de reiteradas llamadas, peticiones por escrito, e incluso el envío de un reportero a las instalaciones del SUTERM solicitando entrevista respecto al plan y los documentos obtenidos, nunca se nos dio respuesta alguna.
