El Gobierno tiene entre sus obligaciones proteger la salud, economía y acceso a la información de los usuarios de bienes y servicios, situación que en México, está lejos de suceder. Hoy, en el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, especialistas llaman a la sociedad civil a trabajar en conjunto para exigir que los oligopolios y organismos gubernamentales trabajen en su beneficio.
Ciudad de México, 15 de marzo (SinEmbargo).- Hoy, como cada 15 de marzo desde 1983, se celebra el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, una ocasión que organizaciones civiles aprovechan para exigir a los gobiernos los derechos a la información, protección, educación y respeto de los que gozan los usuarios de bienes y servicios en cada país. Garantías que en México no existen, de acuerdo con especialistas.
“Seguimos viviendo en la indefensión […] puedo decir sin temor a equivocarme que los usuarios en México somos los que menos derechos tenemos, los que más tenemos que padecer a empresas coludidas con gobiernos, con organismos regulatorios que no cumplen con su función como lo hacen en otros países similares al nuestro”, dice a SinEmbargo Daniel Gershenson, director de la asociación civil Al Consumidor.
“Más que una fecha relevante, debería de ser una especie de recordatorio de todo lo que no hemos hecho nosotros, porque estamos muy mal informados, seguimos dispuestos a pagar las tarifas más altas, el peor servicio a empresas depredadoras que tienen filiales en otros países y ahí no podrían abusar de la forma como lo hacen en nuestro país, porque ya hay una complicidad abierta y hay un desconocimiento hasta jubiloso de parte de los usuarios, hay una suerte de complicidad y por eso estamos en el nivel en el que nos encontramos.
Veo esta fecha como una especie de efeméride para que el Gobierno federal se luzca, me parece ridículo que sea la Profeco (Procuraduría Federal del Consumidor) la que convoca a las asociaciones independientes y ciudadanas sin fines de lucro que somos todavía muy pocas, cuando no hay nada que celebrar, es patética la situación de los usuarios en México”, continúa.
Estos vacíos se pueden ver en la falta de claridad en la información de los contratos de empresas telefónicas, etiquetado de alimentos poco claro, publicidad engañosa, en servicios financieros en los que es difícil diferenciar entre un banco y otro, la opacidad en la eficiencia y seguridad de los vehículos que se comercian, y los productos electrónicos con obsolescencia programada, por mencionar algunos.
La ley Federal de Protección al Consumidor, que recibió su más reciente reforma en octubre del 2015, se compromete justamente a proteger la salud y la seguridad de los usuarios ante riesgos que algún producto, servicio o su publicidad pudiera traer; además de brindar la información adecuada y clara sobre sus características, composición, calidad y precio, así como la reparación de daños y el acceso a órganos administrativos que lo garanticen.
Sin embargo, para Alejandro Calvillo Unna, director general de El Poder del Consumidor, el problema empieza en estos organismos. “Todavía estamos muy lejos de tener una protección al consumidor, especialmente en México que tenemos mercados muy dominados por empresas, es decir, muchos monopolios, muchos oligopolios, que acuerdan precios. Aquí en México muy pocas ocasiones se multa a las empresas por hacer convenios entre ellas mismas para establecer un precio para ciertos productos o servicios, situación que corresponde en cierta parte a la Cofeco [Comisión Federal de Competencia], pero también a la Profeco”.
LA FIGURA LEGAL COMO UTOPÍA EN MÉXICO
Ambos especialistas coinciden que la ausencia de recursos legales, existentes en otros países, limita la capacidad de los consumidores para exigir al Gobierno y empresas que respeten sus derechos, específicamente, las restricciones a las acciones públicas.
“En ausencia de mecanismo judiciales e instrumentos como las acciones colectivas que siguen sin existir en México y que permiten a los consumidores precisamente en casos de abusos descomunales, como los que tenemos aquí, defenderse en el poder judicial, obligar a estas empresas públicas y privadas a ofrecer un buen servicio o atenerse a las consecuencias, que en otros países se traduce en multas ejemplares, en sanciones, incluso en la cancelación de las concesiones, aquí en México eso es una utopía”, dice Gershenson.
Compara la situación con países como Colombia, Argentina o Brasil, en los que las empresas que aquí hacen fortunas, allá no les sería posible pues “sí hay acciones colectivas amplias, incluyentes, sí hay autoridades regulatorias que les ponen un alto y aquí son simples gestores de estas empresas […] el Gobierno presume que existen esas acciones, pero son inaplicables, los jueces no tienen ni idea de cómo hacerlo, se aplican en temas muy circunscritos, normalmente una acción colectiva puede beneficiar a millones de personas pero no en México por el diseño que se inventó”.
Calvillo explica que las acciones colectivas darían la posibilidad de que un abogado o asociación represente a una persona o grupo y, en caso de que la empresa no concilie a través de la Profeco, se inicie una demanda, que generalmente resulta muy costosa para el usuario promedio. Pero en México, estas acciones son “muy complejas”, pues, según la ley, ni el jurista ni la organización pueden recibir beneficio económico, además de que el denunciante no puede involucrarse en el proceso hasta que se cierre el expediente.
“Todavía estamos en una situación en donde las empresas tienen un peso enorme, ahorita las empresas se están organizando para impedir una reforma a la Ley federal de Protección al Consumidor, que establece entre otras cosas que todos los productos electrónicos te den la garantía de un año, que si hay reincidencia, la multa sea alta para la empresa; establece criterios más fuertes para exigir información sobre productos”, comenta Alejandro Calvillo.
HACIA UNA SOLUCIÓN
Para el co-fundador de Al Consumidor, lo que se necesita en México para hablar verdaderamente de consumidores con derechos es “nivelar la cancha de juego, cosa que el Gobierno no está dispuesto a hacer y menos las empresas. Necesitamos contrapesos institucionales reales que sepan defender el interés público, que es algo que no existe en México, es una especie de ciencia ficción, necesitamos empresas que sean socialmente responsables, en toda la extensión de la palabra. Un poder judicial autónomo, acciones colectivas amplias e incluyentes, necesitamos que nuestro poder legislativo apruebe una iniciativa que consagre esta figura, que en inglés se llama class action […] que no solamente sirve para meter en cintura a empresas sin escrúpulos sino también en otros casos para defender el medio ambiente, derechos humanos, grupos vulnerables, en fin, es un mecanismo que ha probado su efectividad en otros países, que no en México, porque lo que el poder legislativo aprobó en 2011 es una especie de caricatura que nunca se ha utilizado, el poder judicial no sabe cuál es la aplicación de esta figura, la acción colectiva en los hechos fue redactada por un abogado que contrataron los bancos», dijo.
«Lo que hace falta que ahora sí los legisladores, las empresas y sobre todo la sociedad civil se tome en serio el reto y que mediante leyes, contrapesos institucionales podamos llegar a esa tierra prometida, que de por sí ya llevamos como 50, 60 años de atraso”, expresó.
Por su parte, Calvillo Unna, impulsor de una reforma a la Ley de Protección al Consumidor, menciona que es importante que los consumidores puedan ser parte de los procesos de denuncia y que los puedan seguir, así como la defensa a grupos vulnerables como niños, adolescentes, enfermos y personas de la tercera edad y dar una mayor garantía a los productos, sobre todo a aquellos que están elaborados para que al poco tiempo dejen de ser útiles y se vuelvan a comprar, lo cual repercute la economía pero también sobre el medio ambiente.
“Seguimos arrastrando las mismas taras porque el Gobierno no se decide a actuar en consecuencia porque estas empresas lo apoyan activamente, porque tienen a legisladores en sus bolsillos, porque muchas de las personas que están en estos organismos para regular fueron empleados de estas empresas o tienen algún tipo de vínculo inconfesable o no con ellas. El Gobierno no nos va a ayudar jamás, lo estamos viendo con el gobierno priista, ya lo vimos con dos gobiernos panistas, que se pusieron también de tapete de estas empresas […] Muy flaco favor le hace el Gobierno federal recordando a los consumidores que tenemos un día una vez al año, me parece ridículo, absurdo y kafkiano el que sigan echando las campanas al vuelo”, concluye Gershenson.
2016: CONTRA LOS ANTIBIÓTICOS EN LA AGRICULTURA
La organización global Consumers International adoptó este año como causa la eliminación de antibióticos en la carne de consumo humanos, pues dicen, el 50 por ciento de la producción mundial de estas medicinas, se utilizan en la agricultura.
Por ello, llaman a las tres grandes cadenas de comida rápida, McDonald’s, Subway y KFC a usar su influencia para terminar con esta tendencia que está creando superbacterias altamente resistentes que limitan la efectividad de los fármacos.
