México necesita establecer un sistema adecuado de control sobre el ingreso de armas al país para establecer de dónde vienen, cómo ingresan a territorio nacional y quién fabrica las pistolas que matan a miles de jóvenes cada año.
Ciudad de México, 2 de marzo (SinEmbargo).– Jóvenes que están en búsqueda de sus primer empleo o aquellos que están tratando de empezar a establecer una vida de familia son el grupo poblacional que tiene más posibilidades de morir víctima de la violencia generada por el crimen organizado, según establece una investigación que analiza los casos de Argentina, Brasil, Colombia y México.
La investigación hace una relación del aumento de homicidios entre niños y jóvenes de 10 a 29 años entre 1990 y 2010. Aunque los accidentes de tránsito y el suicidio figuran también entre las principales causas de muerte en este núcleo de población, la violencia es el elemento que consumió la vida de más jóvenes durante el periodo de estudio.
En el caso de México, el aumento en la mortalidad de sus jóvenes se presenta en un momento de enfrentamientos armados entre grupos del crimen organizado y fuerzas del Estado, pero también en un contexto de violación a los derechos humanos y el deterioro de las instituciones que ha permitido que territorios enteros estén bajo el dominio de “bandas armadas ilegales, ya sean bandas del crimen organizado, paramilitares y fuerzas civiles irregulares”, cita la investigación llamada “Vidas truncadas: El exceso de homicidios en la juventud de América Latina, 1990-2010”.
Aunque las estadísticas oficiales aún dejan muchos huecos, en el caso de México se puede saber que en los últimos años hay un incremento notorio en el uso de armas de fuego de alto poder relacionadas con los homicidios de jóvenes. El patrón de los asesinatos en este grupo de la población pasó del uso de armas punzocortantes al de armas de fuego de alto poder.
Por ejemplo, hace 25 años, cerca del 60 por ciento de los homicidios se cometían con armas punzocortantes, ahora, ese mismo porcentaje está relacionado con el uso de armas de fuego de alto poder. En países como Colombia y Guatemala la cifra se dispara a 80 por ciento.
“La enorme disponibilidad de armas en América Latina es un tema que hay que decirlo con claridad: todos los muchachos de los barrios populares nos mencionaron que conocían a alguien que vendía armas y que era fácil conseguirlas, incluso rentarlas. Estamos en un mundo urbano en el que el arma está disponible para que cualquiera”, comentó a SinEmbargo Arturo Alvarado Mendoza, director del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México (Colmex).
Alvarado Mendoza realizó el análisis correspondiente a México, refrendó que el aumento tanto de las muertes como de hechos violentos que involucran a jóvenes en el país coinciden con el arranque de la guerra de las drogas promovida por el ex Presidente, Felipe Calderón Hinojosa en diciembre de 2006.
Agregó que entre 1995 y 2004 el país venía registrando una tasa decreciente de homicidios que registraban un promedio de 14.6 por cada 100 mil habitantes, a partir de 2006 la tasa empezó a mostrar un crecimiento hasta llegar a 22 homicidios por igual número de habitantes en 2012, año en el que concluyó el sexenio de Calderón Hinojosa. En 2014 la cifra se ubicó en 16, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
MUJERES, LAS OTRAS VÍCTIMAS
Aunque los hombres son las principales víctimas de este delito, con 90 por ciento de los casos, “en el tema de asesinato de mujeres que hay un incremento en 7 años y no se ha detenido; el clamor por los feminicidios tiene un sentido muy claro, el patrón está aumentando a pesar de que la política pública tarta de negarlo”, expresó el académico.
En el grupo de edad de 10 a 14 años, de acuerdo con Alvarado, también se muestra un incremento.
El entrevistado advirtió que el sentimiento de inseguridad y “desprotección” que estos hechos dejan entre los habitantes del país abona también al aumento de reacciones entre la población como los linchamientos contra presuntos delincuentes, “el vigilantismo” o el surgimiento de grupos armados “irregulares” en distintas zonas como Michoacán y Guerrero.
“Este conflicto pone en riesgo la construcción de un Estado de Derecho democrático, ruta que México inició hace apenas una década, donde las oportunidades de la población juvenil están comprometidas”, señala el estudio.
LA PÉRDIDA DEL BONO DEMOGRÁFICO
Alvarado comentó que durante el periodo de la investigación [de 12 años] murieron un millón 200 mil personas, el 50 por ciento jóvenes, pero la cifra también muestra que “una ciudad mexicana desaparecería por esta causa”.
“Partamos de los procesos sociales en los que hay ciertos grupos con características de precariedad. Así como el desarollo contemporáneo de la estructuras de educación, ha habido muchos cambios en los últimos 25 años. Hay una generación de mexicanos, hay un conjunto de generación de población joven de América Latina que en el año 2000 eran el bono demográfico y que por lo tanto podría aportar en el futuro casi inmediato en el que ya estamos, las condiciones para un mejor desarollo de las sociedades, pero desde entonces se mostraban ya mayores condiciones de precariedad en materia de cobertura de educación, salud, en materia de otras oportunidades para el desarrollo de una vida libre de violencia. Lo que estamos viendo es que en América Latina esta generación enfrenta más riesgos de los que se esperaba. Lo que tenemos es que el bono creció sin estás oportunidades en ciudades y en el campo, con oportunidades limitadas en todos los ámbitos y la capacidad de desarrollo ha sido limitada, tenemos una población joven que no ha sido bien aprovechada, y los mismos estados nacionales no tienen claramente bien desarrollada una estrategia de cómo resolverlo. En consecuencia tenemos el desempleo”, expresó Alvarado.
El investigador insistió en la dificultad de establecer un panorama completo en México, ya la que la “información de calidad” sobre este tema es escasa y “las deficiencias informativas están creciendo”, un ejemplo son “las masacres”, en las que la estadística no permiten saber qué armas son las que usaron, su origen y la ruta desde que ingresaron al país hasta que terminaron en manos de alguna persona.
Agregó que hasta ahora se desconoce a ciencia cierta cuántas fosas clandestinas existen en el país, a pesar de que este fenómeno se ha registrado en al menos 17 estados.
“No tenemos una variable construida que se llame crimen organizado (…) La única variable que se podía poner como violencia organizada con la base de datos es la presencia de armas de fuego de alto poder porque no son pistolas no son armas para cometer delitos sino que son parte de un mercado ilícito de armas. El crimen organizado es un tema muy difuso”.
