De 1998 a 2013, la Auditoría Superior de la Federación ha presentado ante la autoridad 664 denuncias y sólo se han ejercido 12 acciones penales. Miles de millones de pesos ha significado el esfuerzo fiscalizador de este órgano en más de una década de ejercicios y sólo el 0.18 por ciento de los actos corruptos denunciados ha recibido castigo. En el Informe correspondiente a 2014, presentado ayer ante la Cámara de Diputados, el Proagro y el Seguro Popular son los programas que aparecen más señalados con observaciones por supuestas irregularidades.
Ciudad de México, 17 de enero (SinEmbargo).- Han transcurrido más de 15 años de fiscalización y papeleo. Pero de un total de 664 denuncias de hechos presentadas entre 1998 y 2013 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sólo 21 fueron consignadas ante un juez y se ejerció acción penal en 12. Es decir, sólo ha sido castigado el 0.18 de los actos corruptos de la administración pública del país a nivel federal y local que este órgano ha denunciado ante la autoridad, según su propio Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2014.
En el mismo informe, entregado ayer a la Cámara de Diputados, se indica que el mayor número de acciones penales se emitió en 1999 –el último año del Gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León -, en tanto que en 2006, 2007 y 2008 –años que gobernó Felipe Calderón Hinojosa- no fue impuesta ninguna.
El periodo de denuncias registrado en el informe de la ASF abarca hasta 2013. Pero a este cúmulo se agregarán aproximadamente unas cien de 2014, los casos en que se registren irregularidades sin solventar por entes señalados con irregularidades, informó ayer el Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, en conferencia de prensa, minutos después de entregar el documento al Congreso de la Unión.
El Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2014 incluye mil 659 informes, 897 auditorías del desempeño, ocho evaluaciones de políticas públicas y cinco estudios. Después de su fiscalización a una muestra de entidades, la ASF emitió ocho mil 247 acciones, de las cuales tres mil 365 son recomendaciones, mil 207 son solicitudes de aclaración, 75 son promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y mil 871 promociones ante las contralorías internas.
El de la ASF es una práctica a través del cual se detectan inconsistencias en el ejercicio público. Las entidades que resultan con observaciones en la revisión tienen 30 días para solventarlas. Una vez que la Auditoría recibe la información procede a analizarla y se pronuncia al respecto.
LAS IRREGULARIDADES DE 2014
Por ahora, según el informe, la mayor irregularidad del Gobierno es la falta de documentación comprobatoria de sus gastos por 9 mil 306 millones de pesos (mdp), lo que representa el 12 por ciento del monto total observado. El segundo rubro más señalado con anomalías es el de recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos específicos de los fondos o programas con ocho mil 389 mdp, el 10.8 por ciento de lo fiscalizado. Por pagos improcedentes o en exceso, esa cifra alcanzó los 4 mil 568 mdp, un 5.9 por ciento de lo que se observó.
Respecto a los estados y municipios, la ASF señala en su informe que una irregularidad recurrente es “la indebida transferencia de recursos de las cuentas de los fondos y programas a cuentas bancarias distintas a éstos para financiar requerimientos propios de los gobiernos locales”.
También, en algunas entidades federativas se utiliza de manera irregular una cuenta concentradora de los recursos federales transferidos en diferentes fondos y programas.
“Estas prácticas anulan todos los controles e incumplen las disposiciones normativas establecidas que favorecen la transparencia”, se lee en el informe de la ASF.
PROAGRO Y SEGURO POPULAR, OTRA VEZ
El órgano fiscalizador observa áreas en el presupuesto federal con vulnerabilidad; es decir, en su desempeño hay irregularidades. Así, en el informe aparece una lista de “once áreas clave de riesgo” (ver lista) en las que encajan programas y fondos en los que hay padrones de beneficiarios.
Es justo la información sobre beneficiarios de programas sociales el área más grave. Ahí, el Programa de Fomento a la Agricultura (Proagro) resultó con extrañamientos sobre su padrón. Hay observaciones sobre si las personas que lo integran están vivas. La Auditoría indica: “… Se confía en gran medida en el testimonio de los familiares de los beneficiarios para reportar a la autoridad la actualización de los datos, lo que ha generado que, en algunos casos, se entreguen apoyos a personas que ya han fallecido”.
Proagro protagoniza esta lista de áreas vulnerables pese a que en 2004 –año en que se realizó la auditoría- la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) anunció que utilizaría imágenes satelitales para identificar y verificar siembras en los predios de los beneficiarios del Proagro.
El Seguro Popular volvió a brillar en el apartado de áreas con riesgo. El año pasado, la ASF detectó un probable daño a la Hacienda Pública por 38.6 mdp en la aplicación de los fondos del convenio entre las secretarías de Salud estatal de Puebla y federal en 2013. Además, en aquel ejercicio, detectó la entrega de dinero insuficiente para la compra de medicamentos, material de curación y otros insumos, así como falta de personal.
Ahora, la ASF vio registros duplicados en el padrón con los del Sistema de Protección Social en Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) e Instituto de Seguridad social para las Fuerzas Armas (ISSSFAM), lo que representó una duplicidad del 12.1 por ciento.
Otro padrón que muestra incoherencias es el del Sector Rural de la Sagarpa. La ASF indica: “Debido a la carencia de un padrón único de organizaciones y sujetos beneficiarios del sector rural, el ejecutor no contó con información consolidada para evitar la duplicidad o sesgos en el otorgamiento de apoyos”.
Once áreas clave de riesgo determinadas en la Cuenta Pública 2014
1.- Información sobre beneficiarios de programas sociales
2.- Revelación de pasivos y gastos
3.- Integración efectiva de la participación ciudadana en la gestión de los programas públicos
4.- Adquisiciones, contrataciones o inversiones que cumplen la norma pero que no representan las mejores condiciones para el Estado
5.- Obra pública
6.- Participación de intermediarios en la dispersión del gasto público
7.- Subejercicios
8.- Débil incorporación de tecnologías de información en el ejercicio gubernamental
9.- Programas públicos duplicados y sin coordinación
10.- Servicios suministrados por particulares
11.- Diseño e implementación de la política para atender el problema público
