«Creemos que puede ser una forma de mantenerlo a un lado de la defensa de los bosques y frenar su activismo ambiental. Tenerlo en la cárcel es una forma de apartarlo, de bloquear su labor en defensa del medio ambiente», dijo el vocero de Greenpeace.
Ciudad de México, 5 de febrero (SinEmbargo).- El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) y la asociación internacional Greenpeace lanzaron una petición para que el Gobierno del Estado de México actúe en favor de Ildefonso Zamora, líder indígena tlahuica, protector de los bosques mexicanos, quien fue detenido en noviembre pasado por policías ministeriales de la entidad a cargo de Eruviel Ávila Villegas.
El activista fue acusado de un delito que no cometió, como venganza por su combate a la tala clandestina en la entidad. Fue detenido el 20 de noviembre de 2015 por policías ministeriales, quienes lo trasladaron al Centro de Reclusión de Tenancingo, en un vehículo particular, informaron las organizaciones.
Al firmar la solicitud Pide libertad para Ildefonso, defensor de los bosques, los ciudadanos estarán enviando automáticamente un correo electrónico al Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, para explicarle mediante una carta por qué los cargo de Ildefonso deben desecharse, además de «reconocer su labor en defensa de los bosques, restituir su libertad y garantizar su seguridad y la de su familia».
La organización ambientalista y el Centro Prodh buscan que los cargos sean desechados «porque se le ha fabricado una acusación de robo que no se acredita, queremos que las autoridades del Estado de México competentes desechen los cargos y aseguren que tanto Ildefonso como su familia dejen de ser perseguidos y acosados», dijo en entrevista para SinEmbargo, Miguel Ángel Soto, vocero de Greenpeace México. Y agregó:
«Creemos que puede ser una forma de mantenerlo a un lado de la defensa de los bosques y frenar su activismo ambiental. Tenerlo en la cárcel es una forma de apartarlo, de bloquear su labor en defensa del medio ambiente».
De acuerdo con las ONGs, la acusación contra Ildefonso se apoya en testimonios fabricados, un proceso irregular y absurdos como decir que cometió un robo a una casa cuando hay pruebas de que el líder comunitario se encontraba en otro lugar el día de los hechos.
Además, por su labor en defensa de la naturaleza, taladores ilegales que operan en el Parque Nacional de las Lagunas de Zempoala, atacaron a sus hijos Aldo y Misael Zamora, el 15 de mayo de 2007, Aldo murió y Misael resultó herido. La agresión fue una represalia por las actividades que la familia emprendía para defender los bosques de San Juan Atzingo, ubicados en el municipio Ocuilan en el Edomex.
A pesar de que Misael identificó a los atacantes, sólo han sido detenidos dos de ellos, sin que hasta la fecha se les haya dictado sentencia. Sin embargo, los autores materiales de este asesinato, los hermanos Luis y Alejo Encarnación Neri, continúan en libertad pese a que están plenamente identificados y existen órdenes de aprehensión en su contra desde el 24 de mayo de 2007, de acuerdo con las asociaciones.
Soto informó que desde el año 1998, grupos de taladores ilegales acosaban a Ildefonso y a su familia, quienes constantemente recibían llamadas amenazantes por defender la zona afectada por la tala clandestina
Por el momento, las ONGs pretenden ejercer presión pública mediante el uso de redes sociales. En ese sentido, Soto destacó que «es importante que la gente sepa que puede sumar su voz a la de Greenpeace y a la del Centro Prodh para ayudar a sacar a una persona inocente de la cárcel, quien defendía el medio ambiente».
Cabe mencionar que sólo entre 1991 y 2010, más de treinta inspectores forestales murieron por cuestiones relacionadas con su trabajo y un número mucho mayor ha sufrido golpes y amenazas, reveló la organización ambientalista.
