La lucha de los defensores de los derechos humanos ha sido cada vez más perseguida durante los últimos años y 2017 no fue la excepción. Incluso, en noviembre pasado, John Knox, Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Medio Ambiente y Derechos Humanos, manifestó –durante una visita no oficial al país– que existe un problema grave para los ambientalistas de todo el mundo, quienes están siendo asesinados principalmente en países latinoamericanos, incluido México.
Ciudad de México, 16 diciembre (SinEmbargo).– El derecho a un medio ambiente sano está erigido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y –en teoría– el Estado debería garantizarlo, sin embargo, en reiteradas ocasiones se convierte en el actor que lo violenta y cuando los activistas luchan por protegerlo son criminalizados, golpeados e incluso asesinados. Aunque algunas de las empresas a las que los defensores se oponen, ya sea por la contaminación, uso ilegal de los territorios o extracción de recursos naturales, se convierten también en enemigas de los activistas.
«Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley», se lee en el Artículo Cuarto de la Carta Magna.
Pero la realidad para los defensores del derecho a un medio ambiente sano no ha sido muy favorable durante los últimos años y 2017 no fue la excepción. Incluso, en noviembre John Knox, Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Medio Ambiente y Derechos Humanos, durante una visita no oficial en el país manifestó que existe un problema grave para los ambientalistas, quienes están siendo asesinados principalmente en países latinoamericanos, incluido México .
Aquella ocasión, desde el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Relator aseguró que durante los últimos años han sucedido dos asesinatos de activistas cada día alrededor del mundo en promedio y los defensores indígenas que defienden sus territorios han sido el blanco principal.
El recuento de lo que fue 2017 para los defensores del medio ambiente en el país gobernado por Enrique Peña Nieto no resulta alentador:
Apenas a mitad del primer mes del año, el 15 de enero, Isidro Baldenegro, condecorado con el Premio Ambiental Goldman, fue asesinado. El defensor tarahumara encabezó una campaña contra la tala ilegal en las montañas de la Sierra Madre, en Chihuahua.
En marzo, John Joseph Moreno Rutowski, abogado y activista, fue encarcelado. Vivió 95 días tras las rejas sin pruebas de que haya cometido ilícito alguno y en entrevista para este medio, tras su salida, aseguro que detrás del intento de criminalizarlo está la inmobiliaria Mira Companies, vinculada a Jerónimo Gerard Rivero, cuñado del ex Presidente de México Carlos Salinas de Gortari.
En junio, el hostigamiento contra el líder yaqui Mario Luna Romero, opositor a la operación del Acueducto Independencia y quien permaneció encarcelado por más de un año por la lucha contra el proyecto, surgió de nuevo, pues el activista fue blanco de un atentado en su hogar. En aquel momento, dijo que el ataque pudo venir del propio Estado y/o empresas.
Al mes siguiente, en el Paseo Tollocan de Toluca, Estado de México, activistas que se encontraban defendiendo la vida de 175 árboles, fueron golpeados y amenazados de muerte y una de las mujeres sufrió abuso sexual por parte del comando agresor de aproximadamente 30 personas.
A lo largo del año, y, principalmente durante el mes de agosto, líderes de comunidades mayas en Campeche denunciaron hostigamiento durante el proceso de consulta para la siembra de soya transgénica e incluso señalaron a las propias autoridades de llevar a cabo “una estrategia de división” con el fin de desarticular la organización de los pueblos.
El mes pasado, Misael, hijo del activista indígena Ildefonso Zamora quien permaneció nueve meses encarcelado durante 2016, acusó que se han perpetrado nuevos hostigamientos contra la familia defensora de los bosques en San Juan Atzingo, Estado de México.
ACTIVISTAS ACUSAN AL ESTADO
Sobre el tema, el activista John Moreno aseguró en entrevista para SinEmbargo que durante el año que está por concluir se ha visto un incremento en las amenazas que existen en contra de los protectores del medio ambiente.
Asimismo, agregó que ha habido un aumento en la persecución hacia ellos por parte del propio Estado: «buscan callar las voces y tratar de autorizar y emprender los grandes proyectos de desarrollo sin importar las consecuencias humanas, legales, sociales y medioambientales».
En el país, dijo, «carecemos totalmente de medidas de protección y hay una flagrante embestida emprendida desde las autoridades y de la iniciativa privada».
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Por su parte, el defensor yaqui Mario Luna comentó: «creemos que a los [defensores del medio ambiente] este año nos fue muy mal. Hay una respuesta verdaderamente nula en cuanto al respeto a los derechos humanos».
También afirmó que los ataques y las amenazas continúan perpetrándose contra los activistas. «En el territorio yaqui estamos siendo acosados y estamos teniendo también el abandono y la presión del Gobierno contra nuestra organización y contra nuestra defensa».
El principal perpetrador de la violencia contra los ambientalistas, sostuvo, es el propio Gobierno mexicano: «Se escuda en sus brazos paramilitares que están disfrazados de crimen organizado. Se perdió la diferencia entre el Gobierno y el crimen organizado […] Las empresas sin el contubernio de los entes políticos no tendrían capacidad para operar impunemente».
«Somos el blanco principal para mandar un mensaje de impunidad y de escarmiento a la sociedad civil que se está organizando», aseveró.
Hace algunos días, Lucía Velázquez, del Instituto de Investigación en Ecología y Sustentabilidad (IIES), dijo al periodista Zoilo Carrillo de la agencia Efe que desde 1995 hasta 2016 suman 103 activistas ambientales asesinados en el país. Asimismo, señaló, aunado a los homicidios existen agresiones que merman el discurso que genera interferencias a «un sistema basado en la explotación del capital natural».
