De acuerdo con la nueva ley, la pena para quien incurra en el delito de desaparición forzada es de 40 a 60 años de prisión, y de 10 mil a 20 mil días de multa.
Ciudad de México, 16 de noviembre (SinEmbargo).- El Presidente Enrique Peña Nieto promulgó este jueves la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, mientras los familiares y activistas exigieron, una vez más, «vivos se los llevaron, vivos los queremos».
El acto se realizó en la Residencia Oficial de Los Pinos de forma privada ante organizaciones y funcionarios federales.
De acuerdo con la nueva ley, la pena para quien incurra en el delito de desaparición forzada es de 40 a 60 años de prisión, y de 10 mil a 20 mil días de multa.
La sanción aumenta hasta en una mitad cuando la víctima pierda la vida, sea migrante, menor de edad, mujer, persona con discapacidad o adulto mayor, periodista o defensor de derechos humanos.
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En su discurso, Peña nieto refirió que «durante décadas, decenas de miles de personas han desaparecido o no han podido ser localizadas, sin embargo, nunca se había establecido un marco legal ni un conjunto de instituciones dedicadas específicamente a dar una respuesta integral con los instrumentos del Estado mexicano».
«Me solidarizo con todos aquellos que han padecido este dolor», agregó.
Asimismo, reconoció la labor de los representantes de la sociedad civil, quienes, dijo, han sido los principales promotores de esta legislación.
Por su parte, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, señaló que esta ley «es una herramienta que puede hacerle frente a la impunidad en casos de graves violaciones a los derechos humanos que tiene su origen en las desapariciones y crímenes de derechos humanos del pasado».
Coreando «Vivos se los llevaron, vivos los queremos», los activistas y familiares de desaparecidos celebraron la promulgación y exigieron a las autoridades que cumplan con todo lo reglamentado para que las víctimas no queden en la impunidad.
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“Estaremos observando, proponiendo y trabajando colaborativamente en la implementación de la Ley, comunicaron las familias al respecto.
Además, realizaron un llamado al Estado mexicano, en todos sus niveles, para que se construya una “agenda de trabajo que permita la pronta implementación de la Ley’’
De acuerdo a informes, la cifra de desaparecidos en México supera los 30 mil. El estado en el que existen más reportes es Tamaulipas, con más de 5 mil.
El objetivo que une a los que hoy levantan la voz es “la localización y presentación de las personas desaparecidas, la sanción a los responsables, reparación y no repetición’’.
El llamado se hizo también a instancias internacionales para que estén al pendiente y den seguimiento.
Las familias, integradas en el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, marcaron 7 puntos que deben ser prioridad:
1) Crear y consolidar la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y Comisiones Locales, las cuales manejen procesos abiertos y participativos.
2) La constitución de órganos de participación.
3) La creación de nuevas fiscalías especializadas y el fortalecimientos de servicios forenses.
4) La implementación de plataformas tecnológicas y protocolos que sean soporte de el registro, sistematización y cruce de toda la información necesaria para la búsqueda y localización de personas’’.
5) Garantizar los derechos de las víctimas.
6) Reconocer competencias de instancias internacionales, como la ONU.
7) El compromiso de los estados a implementar la Ley de manera eficaz.
