Al cierre de 2020 se reportó que del total de personas privadas de la libertad, 6 mil 889 pertenecían a algún pueblo indígena y la gran mayoría estaba presa por delitos que no cometieron, por lo que organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas piden que el decreto presidencial para liberar a reos aplique de manera directa para los indígenas.
–Con información de Obed Rosas
Ciudad de México, 16 de septiembre (SinEmbargo).– Chiapas es el estado con el mayor número de personas (198) que salieron libres gracias a un decreto presidencial que prevé liberar a reos torturados, sin condena, adultos mayores de 70 años, adultos mayores de 65 con enfermedades crónicas, pero también a indígenas sin una defensa adecuada que cumplan con los supuestos establecidos, una petición que organizaciones como Asilegal y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas llevan haciendo desde hace años, y en la que ahora demandan que no se reduzca a las causales previstas por el Gobierno.
«Hace unos meses el estado de Chiapas dio a conocer que había liberado a algunos reos, pero de la gente que le hemos dado seguimiento no hemos tenido respuesta, ahora con este anuncio pedimos al Gobierno que como una medida de reparación frente a esas graves violaciones que el Estado mexicano ha cometido con los presos indígenas, los tome en cuenta para que sean de los primeros en ser beneficiados», dijo en entrevista Rubén Moreno del Centro Frayba.
Será un acto de justicia en favor de personas en prisión con enfermedad degenerativa, adultos mayores de 70 años, víctimas de tortura con Protocolo de Estambul, indígenas sin defensa adecuada y personas con dos años o más en prisión preventiva o sin sentencia. 2/2 pic.twitter.com/jHjErVOkg0
— Gobernación (@SEGOB_mx) September 14, 2021
El Gobierno mexicano ubicó 4 mil 233 expedientes de reos torturados, sin condena, adultos mayores o con enfermedades crónicas que pueden beneficiarse del decreto del 25 de agosto para su liberación, según informó el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien esta semana anunció la liberación de 681 personas.
“Confiamos en que serán resueltos gradualmente para que las personas puedan obtener su libertad, lo que vamos a anunciar el día de hoy es sólo el principio de un proceso cuyos avances estaremos viendo cada mes», dijo el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) el pasado martes en la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador donde también señaló que serán liberados los indígenas sin una defensa adecuada, pero siempre y cuando cumplan con los supuestos establecidos.
El decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) ordena un comité para excarcelar a adultos mayores de 75 años, adultos mayores de 65 años con enfermedades crónicas y presos con 10 años sin sentencia y torturados. Es decir, no incluye de manera directa a los indígenas presos.
Donde sí se incluyen es en la Ley de Amnistía, aprobada en 2020 y que aplica a los indígenas que hayan sido procesados sin un traductor.
«El decreto no contempla a las personas indígenas que se encuentran privadas de la libertad, el que sí lo contempla es la Ley de Amnistía. Hoy por hoy este decreto se centra en personas torturadas, en prisión preventiva, que tengan más de 70 años y estén por delitos menores y personas que tengan una enfermedad crónico degenerativa», mencionó José Luis Gutiérrez, director de Asilegal.
Al cierre de 2020 se reportó que del total de personas privadas de la libertad, 6 mil 889 (3.3 por ciento) pertenecían a algún pueblo indígena, de los cuales el pueblo Náhuatl concentró el 16.8 por ciento, de acuerdo con el Censo Nacional de Sistema Penitenciario en los ámbitos estatal y federal publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En el estado de Chiapas, donde hay 19 centros penitenciarios, se encuentran privadas de libertad 4 mil 192 personas, de las cuales 284 son indígenas (6.77 por ciento). La mayoría son tseltales (128), seguidos por choles (97), tsotsiles (45), zoques (6), tojolabales (6), zapotecos (1) y mayas (1), de acuerdo con el informe «El acceso a la justicia de personas indígenas privadas de la libertad en los estados de Chiapas y Oaxaca» publicado en 2017 por la organización Asilegal.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, por su parte, tiene documentados al menos 20 casos de personas presas en donde se ha denunciado tortura, todas pertenecientes a un pueblo indígena.
«Los patrones de impunidad que hemos podido identificar en el marco del sistema penal acusatorio se deriva a partir de detenciones arbitrarias por faltas administrativas o bien, simulación de iniciar una investigación penal, lo que permite mantener a la persona detenida por 48 horas bajo custodia del Ministerio Público, dentro de las cuales se tortura como castigo, intimidación, para para obtener una declaración autoinculpatoria y/o otras pruebas ilícitas con las que posteriormente el Ministerio Público solicita orden de aprehensión al Juez de Control y por medio de esta orden, en la audiencia inicial, saltarse el debate sobre la legalidad o no de la detención», explicó Rubén Moreno del Centro Frayba.
La organización destaca varias características que las autoridades cometen en contra de los indígenas, entre ellas están la falta de traductor desde la detención, la tortura para obligarlos a culparse por un delito que no han cometido, la falta de una defensa y la discriminación que se vive al interior de las cárceles.
«Por ejemplo, hay un grupo de presos que estamos acompañando en Comitán y San Cristobal de las Casas que tuvieron que presentar un amparo para que pudieran ser atendidos dentro de la cárcel porque tenían síntomas de COVID», denunció Rubén Moreno.
Por estas razones, el Centro de Derechos Humanos Fray plantea que el beneficio de excarcelación no sólo aplique en la Ley de Amnistía, también en el decreto presidencial.
Pero la organización Asilegal va más allá y plantea una aplicación adecuada de la Ley General de Ejecución Penal para despresurizar las cárceles del país y beneficiar no sólo a indígenas, también a todos los presos que se encuentran purgando una condena de manera injusta.
«Lo que se tiene que hacer es un uso adecuado de la implementación de la Ley General de Ejecución Penal, tener más jueces de ejecución penal que estén capacitados y que éstos sepan que son garantes de los derechos de las personas privadas de su libertad», señaló. «Estas acciones las tendría que estar haciendo el Poder Judicial, pero está muy pasivo y por eso el decreto del Presidente».
INDÍGENAS PRESOS EN CHIAPAS
Uno de los casos que ejemplifica los abusos a derechos humanos en el sistema de procuración de justicia en Chiapas, es el de Carlos Antonio López Robles, detenido en octubre de 2019 y preso desde entonces en Centro Estatal de Reinserción Social (CERSS) número 14 “El Amate” luego de haber sido torturado y confesar un delito que, señala, no cometió.
En una carta dirigida al Presidente López Obrador, y difundida por el Centro Fray Bartolomé de las Casas, López Robles denunció el pasado 11 de febrero su situación. Expuso que fue detenido por agentes judiciales de la Fiscalía, quienes irrumpieron en su domicilio ubicado en la Colonia las granjas, en Tuxtla Gutiérrez, para sacarlo a golpes junto con su esposa, Julia.
“El día 29 de octubre del 2019 fuimos envueltos con vendas en la cara, en el cuerpo y envueltos en los codos para inmovilizarnos y torturarnos, con golpes, con agua y con toques eléctricos, con bolsas en la cara hasta dejarnos inconscientes y después colgarnos de pies y manos hasta dejarnos inconscientes hasta levantarme con el chorro de agua, con bomba de agua y franelas en el rostro”, acusó en el documento.
Carlos Antonio López Robles, es sobreviviente de tortura. Ha acudido a la CIDH solicitando medidas cautelares debido a las secuelas y la falta de atención adecuada a su salud que pone en riesgo su vida al interior de la cárcel. pic.twitter.com/ME4DhlKGfN
— Frayba Derechos Humanos (@CdhFrayba) June 24, 2021
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas documentó que ese día aproximadamente las 18:00 horas, 40 policías vestidos de civil, armados y encapuchados, allanaron la casa del familiar en la que se encontraba Julia y Carlos Antonio quien desde el primer momento fue torturado.
Carlos Antonio López Robles explicó en la misiva que los elementos del estado lo interrogaron bajo tortura a él y a su esposa respecto a drogas y unos robos. “Sr. Presidente de la República a raíz de la tortura mi estómago estuvo apunto de estallar y estuve a punto de morirme. Fui trasladado al Hospital Regional de Tuxtla Gutiérrez Chiapas donde fui operado inmediatamente postoperado de laparotomía exploradora por traumatismo cerrado de abdomen”, expuso.
En cuanto a su esposa, relató que la dejaron en libertad, pero con amenazas de que si demandaba o lo apoyaba la iban a “levantarla de nuevo”. López Robles denunció que por meses la persiguieron y amenazaron hasta que interpuso un amparo “por miedo a la fiscalía y sus amenazas”.
“Lo que le pido me ayuda para poder obtener mi libertad inmediatamente toda vez que soy inocente el delito que se me acusa no me parece que se me violan mis derechos constitucionales y humanos te suplico la investigación por parte de la Fiscalía General de la República y que se me haga justicia por el delito de tortura de mi persona y de mi esposa la atención médica e inmediata y medicamentos que necesite protección a mi persona la de mi esposa y salud e integridad física y psicológica”, pidió en la carta al Presidente.
“Julia y Carlos Antonio, representan el patrón sistemático de violaciones a derechos humanos cometidas en el estado de Chiapas frente a la ineficacia de la Fiscalía para investigar de manera sería y diligente las denuncias de hechos de Tortura”, acusó el Frayba que debido a las omisiones en el caso solicitó en marzo pasado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Fiscalía General de la República valorar la atracción del caso para la investigación de la Tortura.
Otro caso que demuestra “ el patrón sistemático de violaciones a derechos humanos cometidas en el estado de Chiapas” es el de Adrián Gómez Jiménez, quien el pasado 7 de septiembre obtuvo su libertad absoluta luego de haber pasado 17 años, 8 meses y 4 días privado de su libertad, pagando por un delito que no cometió en el Centro de Readaptación Social No. 5 en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
#DDHH #Chiapas #FábricaDeCulpables #StopTortura
Adrián es ejemplo de persistencia por la vida; sobreviviente de la tortura, de la fábrica de culpables y de la gran impunidad con la que las fiscalías mexicanas han llenado los centros de reclusión de personas inocentes. pic.twitter.com/WeNHvnkAyN— Frayba Derechos Humanos (@CdhFrayba) September 8, 2021
Gómez Jiménez llevó un proceso de 14 años, denunciando graves violaciones a sus derechos humanos así como las irregularidades en su caso, el cual fue apoyado el Frayba, el Colectivo de Familiares de Presos en Lucha y el Grupo de Trabajo No Estamos Todxs que expusieron que en esta misma situación se encuentran Marcelino Ruiz Gómez, sobreviviente de tortura, que lleva 19 años pagando injustamente por un delito que no cometió.
Marcelino Ruíz Gómez es otro de los casos documentados por el Centro Frayba en Chiapas. Él pertenece al pueblo indígena Maya Tsotsil. Lo detuvieron el 5 de febrero del 2002 y lo sentenciaron a 25 años y 8 años de prisión por diversos delitos. Lleva compurgando 19 años y le falta 14 años con 11 meses por cumplir la sentencia.
Fue privado de su libertad en la colonia la Hormiga en San Cristóbal de Las Casas Chiapas. Durante su detención fue esposado y vendado de sus ojos con el objetivo que no viera a donde lo trasladaban. En el lugar donde permaneció detenido fue torturado física y psicológicamente durante tres días. Por ejemplo, le rociaron la nariz con tehuacán con chile y fue obligado a firmar para autoinculparse. En el expediente penal 41/2002, por el delito de homicidio calificado ya se encuentra sentenciado.
Carta de Marcelino Ruiz Gómez preso en lucha en solidaridad con Fidencio Aldama.https://t.co/l97G0ibgCo pic.twitter.com/dkWJ9VizAl
— CNI México (@CNI_Mexico) June 23, 2021
Yonny Ronay Chacón González, de 21 años de edad, es otro de los indígenas que se encuentran presos de manera injusta, según el Centro Frayba. Originario del municipio de Cintalapa, Chiapas, fue privado arbitrariamente de la libertad el día 13 de marzo de 2019 en un retén policíaco ubicado a la altura de La Pochota en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Durante su traslado y puesta a disposición en la Fiscalía, fue sometido a actos de tortura por elementos de la policía especializada adscritos a la Fiscalía de Alto Impacto bajo la conducción del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, con el propósito de autoinculparlo por delitos que no cometió.
El día 14 de marzo del 2019, Yonny Ronay junto con otras personas fueron exhibidas públicamente en las redes sociales con armas de grueso calibre y en periódicos de circulación del estado de Chiapas. La Fiscalía las dio a conocer como integrantes de una banda delincuencial, pero él lo niega.
#LibertadParaYonny ?⚖️
La Fiscalía de Alto Impacto fabrica delitos a sobrevivientes de Tortura.
Familia de Yonny Ronay Chacon González solicita a la @FGEChiapas documentos que se han utilizado ilegalmente.
Aquí puedes leer más información ?https://t.co/cIaQjKBGF4 pic.twitter.com/GDZFHT2kjz
— Frayba Derechos Humanos (@CdhFrayba) September 21, 2020
Chacón González es un estudiante de ingeniería automotriz en el Centro Tecnológico de Especialidades Automotrices, ubicado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Actualmente se encuentra privado arbitrariamente de su libertad en el Centro penitenciario de Villaflores, con la Causa penal: 49/2019 (homicidio calificado) y 78/2019 (violencia con robo agravado).
