La Coordinación de Atención a Víctimas de la FGE ofreció solo 19 mil pesos para el tratamiento de terapia física de Yanira, pagando el 60 por ciento de dos meses de terapia, cuando los tratamientos son de por vida.
Por Edith Domínguez y Alonso Merino Lubetzky
Ciudad de México, 16 de septiembre (POPLab).- Fue atropellada por un camión de Transportes ACNA que la dejó postrada en cama discapacitada de por vida. Después de cuatro años, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato ha obstaculizado el acceso a la justicia de Yanira*, dejándola en la indefensión, sin reparación integral del daño y evitando emprender acciones legales en su favor.
Para garantizar el respeto a sus derechos, Yanira* y su esposo llevarán su caso a instancias nacionales, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), e internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Su objetivo es que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, presidida por Carlos Zamarripa Aguirre, garantice la justicia a Yanira, confiando en que eso pueda obligar a las autoridades estatales a actuar conforme a la Ley General de Víctimas.
En el marco de un reclamo histórico a instancias de derechos humanos que ha llevado a tomas de instalaciones en diferentes entidades de la República durante los últimos días, el caso de Yanira retrata la incapacidad de las autoridades para impulsar procedimientos de justicia que pongan en el centro de las acciones judiciales la dignidad e integridad de las víctimas.
Apenas el pasado 10 de septiembre, el gobierno de Guanajuato conmemoró el Día Nacional de las Mujeres con Discapacidad, declarado en marzo pasado por el Congreso de la Unión. El titular del Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad (INGUDIS), José Grimaldo Colmenero, destacó la sensibilidad del gobernador Diego Sinhue Rodríguez para con las mujeres discapacitadas.
ACNA ATROPELLA Y DESAPARECE
El 01 de agosto de 2016 Yanira regresaba del trabajo alrededor de las 7:00 pm cuando después de bajarse del transporte público fue atropellada por una unidad de Transportes ACNA, propiedad de José Antonio Mata Villanueva. Yanira se bajó del colectivo sobre la Avenida las Ánimas y caminaba sobre la calle 21 de marzo de Irapuato cuando fue embestida por el autobús.
«Ese día estaba cayendo una tormenta y venía caminando, evitando los charcos de agua, de lodo. Aparentemente el camión dio la vuelta de Avenida de las Ánimas hacia 21 de marzo y fue cuando la impactó por la espalda en la parte baja», cuenta Raúl*, su marido.
A los 20 o 30 metros de haberse bajado del camión urbano, el autobús de ACNA con número IR512P impactó a Yanira el cual solo detuvo la marcha porque se estrelló al mismo tiempo con un taxi que hizo que se frenara de golpe. Al detenerse la unidad, automovilistas reclamaron al chofer, pero nadie pudo auxiliarla porque las calles estaban vacías a causa del clima.
Aturdida subió al camión de ACNA porque el chofer se ofreció a llevarla a casa. Gracias a que no perdió el conocimiento, puede recordar lo que sucedió. Para cuando se bajó del transporte de ACNA y caminó a su casa, Raúl ya la estaba esperando atento debido a su demora.
«Yo nada más vi a la distancia. Le abro yo la puerta. La veo que está toda llena de lodo y ya le había prendido el boiler para que se metiera a bañar. Después de que se baña, hasta después y con un café en la mesa me empieza a platicar qué es lo que había pasado. Ya para entonces el camión ya se había ido. En ese momento le hablé al entonces director de policía Javier Castañeda y le expuse lo que había pasado y me dijo: «No puedo hacer nada, el camión ya se fue»», dice Raúl.
Ese día en la noche a Yanira le empezaron los dolores. Al día siguiente pidió permiso para ausentarse del trabajo y su jefa directa le prohibió faltar, argumentando que iban a ser auditadas por personal de Monterrey y porque una compañera suya tenía un esguince de tobillo. No le dieron permiso de ir al doctor; «la amenazaron que no tenía que ir al doctor». Al día siguiente, ya dos días después del accidente, cuando le dieron permiso, fueron al Ministerio Público a interponer la denuncia.
Finalmente el 10 de agosto fueron al Seguro Social para que Yanira recibiera la atención que necesitaba. Durante ese lapso no le permitían ir al doctor por parte de la empresa y —según explica Raúl— se estuvo aguantando, pues todos los días llegaba con dolor. A partir de la visita al Seguro Social comenzaron los tratamientos con medicinas y las incapacidades, juntando 190 días en total. Por temor a represalias de la empresa, Yanira estuvo 10 días con fuertes molestias que finalmente se convirtieron en una discapacidad para el resto de su vida.
MINISTERIO PÚBLICO ENCUBRE A ACNA
«A Transportes ACNA ni en el municipio, ni en el estado, se le toca ni con el pétalo de un requerimiento», dice Raúl. Luego de que interpusieran una denuncia ante el Ministerio Público que quedó registrada en la carpeta número 18781/2016, comenzó el inaccesible camino a la justicia en el Estado de Guanajuato para Yanira.
Pese a que el camión y el chofer del mismo estaban identificados, distintos agentes del MP encubrieron a los responsables alegando falta de flagrancia, por lo que nunca lo detuvieron o actuaron penalmente contra algún responsable de la empresa. El entonces director de averiguaciones previas, Erik Neftalí Sánchez, les dijo incluso que les «iban a cobrar la defensa del camión que había atropellado a Yanira».
El agente Rafael Ledesma Rodríguez agregó a la carpeta de investigación un croquis hecho a mano donde, según su reporte, hay baldíos por todos lados y no existen cámaras de videovigilancia de las cuales apoyarse para apoyar la investigación. En 2016 sobre Avenida las Ánimas había establecimientos comerciales como Presta Fácil, Bodega Aurrera y el pozo número 69 de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato (JAPAMI) a unos 20 metros de donde fue el accidente.
En el pozo hay una torre de telecomunicaciones con una cámara a 10 metros de altura funcionando desde hace más de 10 años; esa cámara y la de Presta Fácil ya han sido utilizadas para investigar hechos delictivos en la zona en años anteriores.
«Están invisibilizando las cámaras para proteger a transportes ACNA, la justicia está al mejor postor, la Fiscalía está al mejor postor y transportes ACNA es una empresa muy poderosa».
En otros reportes de la agencia de investigación criminal, sin embargo, sí se reconocen las cámaras de videovigilancia, tornando inconsistente la información integrada en la carpeta de investigación. Y reflejando, a final de cuentas, las contradicciones internas del expediente judicial.
PERITAJES MÉDICOS DESVRTÚAN LESIONES
Yanira y Raúl destacan que los peritajes médicos han sido revictimizantes. El último de ellos es contradictorio con los precedentes, diciendo que las lesiones de Yanira no son de origen traumático por el accidente, sino de tipo crónico-degenerativas. El último peritaje lo hicieron a la distancia, sin la presencia de Yanira, sin convocarla y solo en los papeles.
Según explica Raúl sentado en la sala de su casa, con Yanira recostada en su habitación, y con la carpeta de investigación en mano, los primeros estudios concuerdan con las lesiones del atropellamiento. El primer perito registró en el informe un esguince cervical de tercer grado deducido a partir de radiografías. Sin embargo, el último, elaborado por un médico legista, no reconoce las lesiones como consecuencia del impacto del camión de ACNA.
Sin embargo, en los peritajes médicos del Tribunal de Justicia Adminsitrativa del Estado de Guanajuato se confirma que todas las lesiones de Yanira son de origen traumático y que su «discapacidad es irreversible, progresiva y controlable con rehabilitación permanente y medicación». Además reconocen a Raúl, su esposo, como víctima indirecta, quien padece múltiples afecciones debido al sobreesfuerzo de los cuidados de Yanira sin equipamiento.
«NO VAN A OBTENER NI LOS 20 PESOS DEL PARACETAMOL»: MP
El 18 de agosto 2017 hubo una audiencia de imputación en contra del chofer de ACNA. A esta, sin embargo, no se presentó el chofer porque la agente del MP fue omisa y no pidió a la juez una orden de comparecencia. Según explica Raúl, la audiencia tuvo mal manejo dado que el MP no trabajó en favor de la víctima al no ofrecer la asesoría jurídica debida. La agente Erika Casillas y la asesora jurídica del Ministerio, Luz María Medina, aparecen en las recomendaciones posteriores de Derechos Humanos.
«Lo más grave no ocurrió ahí en la audiencia ante el juez. Lo más grave ocurrió afuera, a la salida de la audiencia, en los pasillos, donde la agente del Ministerio Público nos presiona para que nos desistamos, porque dice que no vamos a obtener ni siquiera 20 pesos para el paracetamol. Así directamente. Y que mejor nos convendría desistirnos. Y yo personalmente le grité. No dije groserías. No hay videos de esa partes. Pero Dios sabe que sí grité», explica con rabia y frustración Raúl.
Después de aquella audiencia, Yanira y Raúl acudieron a la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato para presentar una queja registrada con el número 251/17-B. La presentaron en octubre de 2017 y obtuvieron respuesta un año después, en el mismo mes. Derechos Humanos observó en dos recomendaciones que las funcionarias desempeñaron mal su trabajo, probándose, además, la violación al derecho de acceso a la justicia por parte de la asesora jurídica y de la agente del Ministerio Público.
En dicha recomendación la Procuraduría exhorta a Carlos Zamarripa Aguirre a que instruya el inicio de un procedimiento disciplinario contra ambas funcionarias adscritas «a la Subprocuraduría de Justicia Región B, respecto a la violación del derecho al acceso a la justicia». Al día de hoy, tampoco han habido sanciones a las funcionarias. De las recomendaciones emitidas se enteraron la víctima y su pareja hasta junio de 2019.
Por su parte, en mayo de 2018 la Coordinación de Atención a Víctimas de la FGE también incumplió con lo prometido a Yanira. La coordinadora Lucía Berenice Acosta fue a su casa, donde les prometió equipamiento auxiliar de cuidados para Yanira, así como una despensa, como parte de un paquete de reparación integral. «Lo que obtuvimos de parte de ella: una burla completa. Nunca nos dieron nada».
La Coordinación de Atención a Víctimas de la FGE ofreció solo 19 mil pesos para el tratamiento de terapia física de Yanira, pagando el 60 por ciento de dos meses de terapia, cuando los tratamientos son de por vida. «Ese es el porcentaje que pagaron —dice Raúl—, yo tuve que pagar lo demás de nuestro bolsillo y ellos me reembolsaron 19 mil pesos nada más». Hoy se han desprendido de una gran cantidad de sus pertenencias para poder atender los gastos derivados del accidente.
SINHUE LES PROMETE JUSTICIA DURANTE CAMPAÑA
Relata Raúl que en 2017 buscaron a Miguel Márquez Márquez, entonces gobernador de Guanajuato. Ernesto Gallegos, asistente del secretario personal de MMM, Ricardo Narvaez, les dijo que el caso de Yanira «para Miguel Márquez era como un perro callejero atropellado».
Al poco tiempo, cuando Diego Sinhue competía por la gobernatura, Raúl se acercó a él en una reunión pública en Villas de Irapuato en donde les asignó a Eduardo López Mares para darle seguimiento al caso de Yanira, hoy diputado suplente en el Congreso del Estado de Guanajuato.
«Ahí lo busqué. Lo tomé del brazo y le pedí que me regalara unos minutos. Accedió. Le expuse el caso, le dije: «Diego, esto es una marranada que están haciendo». Y su respuesta fue: «Esto no puede pasar en el Estado, Raúl. En mi gobierno se va a privilegiar el derecho de las mujeres. Por lo pronto, voy a asignar a alguien que te ayude y saque adelante este tema»», le dijo el gobernador.
López Mares les llamó en la semana siguiente, un día alrededor de las 11 de la noche para ponerse a su servicio. Les pidió la carpeta de investigación y los demás elementos para solicitar al MP que hiciera su trabajo.
«Sin embargo, una vez que pasaron las elecciones, López Mares dice, por mensaje de texto, porque las llamadas no las contestó nunca más, que: «a Diego -literal dijo- no le importa este asunto». Después de eso, de Diego Sinhue, cero, una patada en el trasero, nada más».
Con enojo y frustración, Yanira y Raúl se preguntan de qué sirve una investigación de 700 hojas y después de cuatro años, si lo único que se hace es cerrarla sin ejercicio de acción penal alguno contra los responsables del daño.
AGOTAN LAS ÚLTIMAS VÍAS ESTATALES NACIONALES E INTERNACIONALES
Al día de hoy, Yanira y Raúl han decidido acudir al Tribunal de Justicia Administrativa para reclamar sus derechos dada las negativas de un dictamen de «improcedencia para afectar recursos del fondo para cubrir la reparación integral del daño» que emitió el Consejo de Atención a Víctimas y Ofendidos por el Delito. Ante dicha instancia el Consejo se encuentra litigando contra Yanira en el número de expediente 1793/SalaEspecializada/19.
Además de un recurso de inconformidad ya aperturado en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, están aportando documentación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Alto Comisionado de las Naciones Unidades, al cual ya se presentaron en Ciudad de México.
«Después de ahí nos pasaremos ante la Corte Interamericana. De hecho parte de la documentación la tiene Derechos Humanos de la ONU, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ONU Mujeres. Están recibiendo la información, la están analizando. Estamos pidiendo que intervengan para que se haga justicia», explican.
Raúl y Yanira hacen saber a POPLab que la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato también ha incumplido con priorizar a Yanira como víctima. El actual Ombusdsperson guanajuatense, José Raúl Montero de Alba, les dijo que está cuidando un nuevo expediente, el 160, porque – rescatando una conversación que tuvieron con él- les dijo: «No quiero que me pongan una queja en la CNDH por mi trabajo. Ya vi que ya lo hicieron con el anterior, yo no quiero estar en ese lugar».
«Cuando te enfrentas a alguien tan poderoso como Transportes ACNA —dice Raúl—, no hay justicia. La justicia en el estado es totalmente clasista. Este personaje es cercanísimo al gobernador. El dueño de transportes ACNA».
