En el transcurso de la gestión del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, se han abierto 237 carpetas de investigación por feminicidio, alrededor del 36 por ciento del total de los asesinatos de mujeres registrados en la capital del país.
Organizaciones civiles que acompañan a las víctimas señalan que la procuración de justicia ha quedado a deber en las investigaciones de las mujeres asesinadas.
“Hoy lo que hay más bien es al revés: una resistencia para no clasificar como feminicidio. Y sólo cuando hay una organización, la familia, algún medio que toma el caso y ejerce presión, e insistencia, entonces es cuando a veces se logra esa reorientación. Y creo que ese es un elemento que explica este bajo índice”, criticó Edgar Cortez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
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Ciudad de México, 16 de septiembre (SinEmbargo).- Al menos 237 carpetas de investigación por feminicidio se abrieron en la Ciudad de México desde enero de 2013 a julio de 2017, según datos de la Procuraduría General de Justicia capitalina.
De acuerdo con una solicitud de información realizada por SinEmbargo, la Delegación que acumuló más feminicidios en ese lapso fue Iztapalapa (51 carpetas de investigación), le sigue la Gustavo A. Madero (24 carpetas de investigación), Cuauhtémoc (23 carpetas de investigación); Coyoacán (19 carpetas de investigación), y Tlalpan (17 carpetas de investigación).
En el caso hipotético de que cada carpeta de investigación incluyera a una sola mujer como víctima, esto representaría que sólo el 36 por ciento de las 576 mujeres asesinadas en la Ciudad de México entre 2013 y 2016 contó con una investigación clasificada como feminicidio en vez de homicidio.
Organizaciones civiles que acompañan a las víctimas señalaron a Marco Enrique Reyes Peña, actual subprocurador de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX), de obstaculizar la resolución de los feminicidios.
“Hoy lo que hay más bien es al revés, la resistencia a no clasificar como feminicidio. Y sólo cuando hay una organización, la familia, algún medio que toma el caso y ejerce presión, e insistencia, entonces es cuando a veces se logra esa reorientación. Y creo que ese es un elemento que explica este bajo índice”, criticó Edgar Cortez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C.
“A partir de lo que hemos podido documentar, hay serias deficiencias en la forma en que se investigan los casos en la Ciudad de México. […] Me parece que a lo largo de los últimos cinco años se ha visto un retroceso”, dijo Rodolfo Domínguez Márquez, abogado del Observatorio Nacional del Feminicidio.
La investigación con enfoque de género es algo que no se respeta, pese a que existen precedente jurídicos, coinciden los activistas.
“Por mandato de la sentencia de Mariana Lima Buendía, toda muerte violenta de una mujer tiene que investigarse de inicio como un feminicidio. Es decir, entre muertes violentas estamos entendiendo algunos accidentes, suicidios, y muertes con características de violencia”, explicó Domínguez, por lo que exige a las autoridades que puedan reconocer estas características desde un inicio.
Uno de los casos más mediáticos es el de Lesvy Berlín Osorio Rivera, cuyo cuerpo apareció el 3 de mayo en el campus central de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Pese a la insistencia de los familiares, la PGJCDMX no ha querido clasificar este caso como un feminicidio, y sostiene la versión de que la joven de 22 años se suicidó.
Después de que la PGJCDMX decidiera detener y vincular a su entonces novio Jorge Luis González Hernández por el delito “homicidio simple doloso por omisión”, la defensa de la víctima apeló ante un Tribunal para que se reclasifique el supuesto delito a “feminicidio agravado”, con el que alcanzaría una pena de entre 30 a 60 años si es sentenciado.
Esta resolución esperan que se resuelva este mes.
“Ellos dicen que están aplicando el protocolo de la investigación del caso de feminicidio. Pero, nada de las diligencias que han mandado hacer y de la perspectiva de género nos lo indica”, dijo Sayuri Herrera, abogada de la familia de Lesvy.
“Si lo hubieran seguido tuvieron que haber detenido desde el día uno al probable feminicida, quien era su pareja”, agregó la abogada, que explicó que ello hubiera conllevado pruebas médicas y psicológicas.
Esta resistencia de la PGJCDMX a aplicar el protocolo de feminicidios, señaló, permitió que un mes después de su asesinato, las pertenencias de Lesvy continuaran en la casa de su presunto agresor.
CRITiCAN NOMBRAMIENTO EN LA PGJCDMX
La gestión de la PGJCDMX durante la administración de Miguel Ángel Mancera ha sido criticada por sus resultados para resolver los asesinatos de mujeres. Y más recientemente, tanto el Observatorio, como el Centro de Derechos Humanos Fray Vitoria que lleva la defensa de Lesvy, condenaron el reciente ascenso de Marco Enrique Reyes Peña a Subprocurador.
El 10 de julio, los abogados de los familiares de Lesvy exigieron la renuncia de Reyes, quien entonces era el Fiscal Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio, lo acusaron de revictimizar a sus representados y hacer una interpretación sesgada de la muerte de la joven.
Sin embargo, el 15 de agosto el nuevo Procurador Edmundo Garrido, quien sustituyo a Rodolfo Ríos Garza, concretó el ascenso de Reyes Peña a subprocurador.
“Nos parece una acción muy debatible el que se haya ascendido al Fiscal de homicidios. Porque él, siendo el responsable del buen desempeño, finalmente no rindió buenas cuentas. Nos parece un mensaje bastante malo y un mal presagio”, dijo Domínguez.
El multihomicidio en la colonia Narvarte, recordaron los entrevistados, fue otro caso de alto impacto en el que el enfoque de género no fue tomado en cuenta.
Las autoridades de la PGJCDMX, con Ríos a la cabeza, criminalizaron a la joven colombiana Mile Virgina Martín.
“En el caso de la Narvarte ha habido incluso recomendaciones específicas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre las malas investigaciones y tratamiento a víctimas”, apuntó Domínguez.
Araceli Osorio, madre de la joven Lesvy, formó parte del grupo de organizaciones civiles que pidieron la implementación de la Alerta de Violencia de Género (AVG) para la Ciudad de México. En días pasados, iniciaron el trámite presentando su propuesta al Instituto Nacional de la Mujer, que deberá dar su visto bueno para el expediente que derivará a la Secretaría de Gobernación (Segob).
La madre dijo en conferencia de prensa que el Gobierno de la Ciudad de México ha proyectado un mensaje de impunidad para que estos crímenes, lo que fomenta que sigan sucediendo.
“El mensaje que está dando a los feminicidas es de permisividad. Un mensaje que dice a través de las acciones de la Procuraduría que pueden seguir en la impunidad, porque no se va a investigar , ni sancionar con perspectiva de género, siendo que está usted [Mancera] obligado”, agregó la madre, por lo que pidió que la Alerta de Género se implemente de forma inmediata.
Una vez recibida la notificación en la dependencia de Miguel Ángel Osorio Chong, si procede la solicitud, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) conformará un grupo de expertos, que realizará recomendaciones para el Gobierno de la Ciudad de México.