Por Sandra Laso*

Mientras escribo esto, mi celular me notifica que la calidad del aire en la Ciudad de México es mala. La recomendación es reducir las actividades físicas vigorosas al aire libre e incluso evitarlas en el caso de pertenecer a los grupos de personas sensibles a este tipo de condiciones. Con esto, se entiende que la ciudad no es para todas las personas, sino sólo de aquellas que puedan darse el lujo de someter su salud a más contaminantes.

El viernes 13 de agosto se conmemoró el  Día Interamericano de Calidad del Aire. Es cierto que siempre hemos estado expuestas a contaminantes que provienen de procesos naturales, sin embargo, actualmente el mayor porcentaje proviene de fuentes antropocéntricas.

Algunos datos: la contaminación del aire es el principal riesgo ambiental para la salud pública en las Américas según la Organización Panamericana de la Salud. En todo el mundo, cerca de 7 millones de muertes prematuras fueron atribuibles a la contaminación del aire en 2016 y más de 150 millones de personas en América Latina viven en ciudades que exceden las Guías de Calidad del Aire de la OMS. Guías que además deben de actualizarse próximamente.

Estos datos son impactantes, pero no lo suficiente para que nuestras autoridades aceleren su actuación. En México no es diferente, desde las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Greenpeace México, se ha impulsado la actualización de las normas de salud ambiental sobre calidad del aire, algunas de ellas llevaban más de 20 años sin actualizarse, a pesar de que la ley dicta que se actualicen cada 5 años. Gracias a este trabajo en septiembre del año pasado se firmaron los 4 proyectos actualizados de los contaminantes criterio ozono, material particulado, dióxido de nitrógeno y monóxido de carbono, pero a casi un año de este proceso, siguen sin ser actualizadas las normas oficiales.

Es conocido que estos procesos son lentos, especialmente en medio de una pandemia. Sin embargo, cada día que pasa, o cada año en este caso, es mantener un status quo que beneficia a la industria (automotriz, o de combustibles fósiles, por ejemplo), es seguir exponiendo a la población y poner en riesgo su salud, aumentando nuestra vulnerabilidad ante enfermedades y virus. En México, los costos de la mala calidad del aire son muy altos, nos cuesta al año más 17 mil muertes, y alrededor mil 680 muertes de menores de 5 años por asma o infección respiratoria aguda (IRA), padecimientos vinculados a la contaminación del aire.

También está asociada a morbilidad por padecimientos cardiorespiratorios, disminución de la capacidad pulmonar, aumento en la irritabilidad de las vías respiratorias, inflamación pulmonar y de otros órganos del sistema respiratorio, además de disminución en la variabilidad del ritmo cardiaco, aumento en la viscosidad del plasma, reducción de la respuesta inmunológica y aumento en la necesidad de atención médica.

De acuerdo al Informe Nacional de Calidad del Aire 2019 del INECC, en ese año el número de días en que se incumplió al menos una norma de salud ambiental en toda la zona metropolitana de la Ciudad de México fue de 266, lo que equivale al 73 por ciento de los días del año. El contaminante que con mayor frecuencia superó alguno de sus límites normados fue el ozono (65 por ciento de los días del año), seguido de las PM10 (37 por ciento) y las PM2.5 (8 por ciento).

Para cambiar esta realidad, el mayor reto es contar con la voluntad de la clase política para generar modelos de ciudad sustentables y la coordinación entre entidades, porque no solo se trata de la actualización de las normas, sino de reducir la emisión de contaminantes de los sectores que más los aportan, como el sector transporte. Esto se ha logrado anteriormente, cuando se logró bajar los niveles de contaminación en la CdMx a finales de los años 80 y principios de los 90, cuando era la ciudad más contaminada del mundo.

Es urgente una coordinación evidente entre los gobiernos federal y locales de la Megalópolis en aspectos clave como sus programas de contingencias, o la disparidad en los sistemas de transporte público en las entidades. También sobre las diferencias entre los inventarios de emisiones nacionales y locales, y la responsabilidad de la operación del sistema de monitoreo por solo una de las entidades. Así como fortalecer los programas de movilidad para aumentar y mejorar el transporte público, como ha sucedido en cierta medida en la CdMx y poder ofrecer alternativas seguras para la gente y el medio ambiente.

*Sandra Laso es líder de proyecto de Ciudades por el Clima de Greenpeace México.

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