La Ciudad de México se transforma. Como cortesía de inmobiliarias y autoridades gubernamentales, se posiciona como la ciudad de los negocios, de los turistas, del coworking, con departamentos cada vez más pequeños con precios de alquiler desproporcionales a los salarios.
Y en esta vorágine, a un lado de la Alameda, en pleno Centro Histórico, 13 inquilinos y locatarios del conocido edificio Trevi luchan por permanecer en su hogar contra la empresa Público Coworking y nueve denuncias del Grupo Mifel.
Ciudad de México, 16 de julio (SinEmbargo).– En plena campaña electoral, la ahora Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo firmó con el Movimiento Urbano Popular un convenio donde se comprometió a evitar el desarrollo inmobiliario descontrolado y la gentrificación en la Ciudad de México, justo en la esquina del Edificio Trevi, que desde 2018 está bajo amenaza de desalojo por parte de Grupo Financiero Mifel y la empresa Público Coworking.
«El desarrollo inmobiliario que se está dando sin que el Gobierno [capitalino] le ponga un freno está violando claramente el derecho a la ciudad, reconocido por la Constitución local», afirmó Silvia Emanuelli, coordinadora de la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat, en conferencia de prensa celebrada en el Trevi, inmueble de 65 años con 30 departamentos, dos bodegas y seis locales comerciales a un costado de la Alameda Central, remodelada en 2012.
La Plataforma Vecinal 06600 y Observatorio del Centro Histórico documentó una lista de los juicios por controversia de arrendamiento que la Banca Mifel ha interpuesto de 2000 a la fecha. Contra los habitantes del Trevi interpuso nueve denuncias en juzgados.
«Se han incrementado de una forma exorbitante. Es una estrategia que encontraron y que han empezado a promover para desalojar vecinos. El último que supimos fue el de Puebla 261 en la Roma contra cuatro vecinos», dijo Carlos Acuña, periodista y habitante del edificio Trevi con una orden de desalojo en su contra que se ejecutaría el viernes pasado con permiso de romper cerraduras. Pero al menos 20 vecinos se atrincheraron desde la madrugada alrededor del inmueble para evitarlo.
Al igual que a los inquilinos del inmueble de la calle Puebla, echados a la calle el 11 de julio en la mañana, a los del Trevi, un edificio construido en la década de los 50 para vivienda social, el grupo Mifel los denunció por supuestamente no pagar la renta, pese a estar comprobado con recibos. También los denunció porque supuestamente las firmas de su demanda 318/2018 contra el lanzamiento son falsas.
Público Coworking ha dialogado con los vecinos afectados, pero no se ha pronunciado públicamente. Su cuenta de Twitter ha bloqueado a usuarios que lo han criticado por el caso del Trevi, por ejemplo, a los habitantes del pueblo Xoco, víctimas de la construcción con irregularidades de la torre Mítikah, responsable del derribo de decenas de árboles en Real de Mayorazgo, al sur de la ciudad.
Entre HIC-AL y la plataforma vecinal documentaron 16 mil 646 desalojos en la capital del país con uso de fuerza pública desde 2014 hasta febrero de este año, de acuerdo con una solicitud de información a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
«Desde marzo de 2018 a la fecha, hemos atestiguado decenas de desalojos que tienen un patrón común: son realizados por personas —policías o cargadores— que parecen tener las intenciones expresas de generar terror. Marcar el territorio con golpes para que nadie se atreva a regresar. Romper ventanas y lavabos, agredir sexualmente a mujeres, robar lo que sea posible», expuso Carlos, también integrante de la 06600 plataforma vecinal.
Entre los casos solo del último año están Isabela Católica 99, Manzanares 30, Zapata 68, Regina 54, Madero 45, Mesones 67, el edificio Gaona sobre Bucareli, sin mencionar las colonias Roma, San Rafael, Santa María la Ribera, Juárez, Escandón, Obrera o Tránsito.
«En algunos casos los vecinos ni siquiera saben que existe un juicio en su contra; en otros, los procesos parecen plenos de irregularidades y fraudes. La gente no sabe por qué se le arrebata su hogar. Y si intenta defenderse encontrará tantos huecos en el sistema jurídico que cualquier entidad con poder económico podrá atropellar sus derechos con una lluvia de demandas o mediante la omisión deliberada de los jueces para no hacer valer algún proceso», acusó.
DE HOGAR Y ESPACIO ARTÍSTICO A OFICINAS
En 1955, el inmigrante italiano Franco Pagano arribó a México luego de la Segunda Guerra Mundial y abrió la cafetería El Trevi, un espacio frecuentado por escritores, artistas y turistas, un sitio para discutir política o filmar películas o series como Narcos México.
El dueño decidió traspasarlo a José Luis Dávila, un empleado que empezó a trabajar desde los 15 años como garrotero hasta convertirse en el gerente, ya que el terremoto de 1985 desfiguró al Centro Histórico.
El Trevi sobrevivió y fue levantado de entre las ruinas que lo rodeaban, compartió en la rueda de prensa Julio César Castillo, sobrino de los dueños del Trevi, José Luis Dávila y María de los Ángeles Solís.
Daniel Gutiérrez, inquilino del edificio desde hace más de 20 años, evocó que era una «esquina indeseable» hasta que la zona fue rehabilitada por inversiones como las de Fundación Slim, y el precio del suelo y rentas se elevó.
«No ha sido gratis tener una mejor ciudad. La rehabilitación no fue tan benévola como se intenta presentar. Estos down town abandonados ahora son elemento de lucro y empezaron a sacar a las personas. No se trata de integrar y de vincular, sino de sacar», aseguró Daniel.
«El barrio es para quien lo vive y lo convive. Esta atmósfera de barrio ya se vende, lo barrial ya vende. A lado tenemos el ‘Barrio Alameda’ que vende imaginarios comerciales», agregó. «No estamos en contra de que haya un desarrollo inmobiliario. El tema aquí es que el desarrollo no es incluyente ni inclusivo. No se le pregunta a los habitantes cómo generar un proyecto en el que todos puedan ser beneficiados».
Para 2018, la zona resultó atractiva para Público Coworking, una empresa mexicana que renta espacios para oficinas, coworking o terrazas. Compró el edificio a principios del año pasado para integrarlo en un desarrollo comercial que incluirá un hotel boutique y oficinas en coworking.
«Queremos continuar en este lugar, viviendo y laborando. Queremos que apoyen el comercio local, no sólo los de franquicia. Hay cabida para todos», pidió Julio, del café Trevi.
LA OLA DE 9 DENUNCIAS DE MIFEL
La parte interesada en comprar el edificio Trevi es Banca Mifel, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel, en su división Fiduciaria, como Fiduciario de dos fideicomisos: el Fideicomiso de Administración No. Empresarial identificado con el número 2476/2017 y con el número 2475/2017, han documentado los vecinos.
Mifel aparece como Fiduciario porque actúa en representación de la empresa inmobiliaria Iteractiva S.A.P.I., cuyo nombre comercial es Público Coworking México, indagaron.
Este fideicomiso se generó en 2017 para realizar la negociación del costo del inmueble del Trevi, para obtener el crédito que se le otorgó por vía bancaria y para realizar toda la operación de compraventa y las distintas negociaciones con locatarios o inquilinos que han decidido irse con indemnización.
De los vecinos que habitaban los más de 30 departamentos, dos bodegas y seis locales comerciales (dos bares, el café de Enmedio, el restaurante Trevi, la tortería Robles y otra cafetería), al inicio 13 decidieron entablar algún recurso legal para acceder al derecho al tanto, el cual permite comprar el espacio que durante años, algunos durante más de dos o tres décadas, han rentado y habitado.
Dos vecinos ingresaron demandas individuales. El resto, 11 inquilinos y locatarios, interpusieron una demanda colectiva ante el juzgado 20 civil de la Ciudad de México, con número de expediente 318/2018 en marzo del año pasado, en contra de Ángel Lascurain Cabrera-Villoro, Cristina Cabrera Villoro, María Isabel Cabrera Villoro y Jaime Lascurain Cabrera, los dueños del edificio Trevi quienes vendieron sin reconocer plenamente su derecho de preferencia.
De los 11 espacios que integraban la demanda colectiva, algunos llegaron a negociaciones entre el miedo o el cansancio, y tres vecinos desistieron. A la fecha, hay cinco inquilinos en demanda, una bodega y dos locales comerciales.
Luego de la demanda, Banca Mifel los denunció. A la fecha hay nueve juicios abiertos en contra de seis inquilinos o locatarios en los juzgado 20, 26, 42, 52, 65 y 69.
«Se nos acusa principalmente de no pagar nuestro alquiler, aunque todos nuestros pagos están debidamente consignados. Las demandas han sido absurdas. Dos han sido ya atraídas por conexidad a nuestro juicio principal y en otra más el juez dictó ya a nuestro favor. Las demás demandas aún se encuentran en proceso», explicó Carlos.
Él está en mayor riesgo estos días porque el juzgado 42 emitió una sentencia donde determinó que las rentas no se consideraban pagadas, y ordenó la rescisión de su contrato aún vigente y la entrega del departamento.
Los tribunales locales están de vacaciones. Y está fuera de peligro hasta que regresen en agosto.
«Estamos abiertos a una negociación, siempre y cuando nos incluya. El derecho al tanto tiene dos alternativas: una indemnización por no vendernos nuestro departamento o vendernos nuestro departamento. Nosotros no estamos metiendo esta demanda por lucro y dinero. Lo que buscamos es que se nos venda el espacio que habitamos», especificó Carlos.
«Sentimos que no hay voluntad clara de las autoridades para atender un tema tan urgente y tan particular como este edificio. La excusa es que es un tema entre particulares», agregó.
